La educación pública en cuidados intensivos

Frente a la crisis de la educación superior en el país lo que se requiere es sanear el déficit presupuestal de las universidades públicas y destinar los recursos para financiar el derecho de todos los jóvenes colombianos a una educación de calidad.



Nadie en Colombia se atreve a cuestionar el papel central de la educación en el desarrollo de la nación y en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los colombianos. Sin embargo, no todas las medidas encaminadas a conseguir este resultado lo consiguen en efecto y, de hecho, son varias las decisiones del Gobierno que producen consecuencias negativas a largo plazo.

Existen dos formas de abordar la prestación de la educación superior como un servicio público. La primera de estas es considerar la educación superior como un derecho, para cuyo cumplimiento el Estado debe garantizar, por medio de políticas públicas inclusivas, financiación de la oferta educativa y aumento progresivo de la cobertura, unas condiciones mínimas que le permitan a todas las personas acceder a la educación. Este modelo se conoce como financiación a la oferta. La segunda opción consiste en ver a la educación como una mercancía a la cual se puede acceder después de pagar una suma de dinero, mientras que el papel del Estado consiste en garantizar unos mínimos de calidad y la posibilidad de que los interesados puedan disponer de servicios financieros para lograr el acceso a la misma. Este segundo modelo se ha denominado financiación a la demanda.

El Gobierno Nacional ha buscado, mediante su propuesta de reforma de la ley 30 de 1992, implementar un modelo de financiación a la demanda a costa de los intereses de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Desde 1992 el presupuesto de las universidades públicas en Colombia se encuentra congelado, pese a que el número de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades ha crecido para hacer frente a la ascendente demanda. Esto ha llevado a que las universidades públicas registren un déficit financiero acumulado que asciende a los 16,4 billones de pesos, hecho que repercute de forma negativa en los fines misionales de la educación superior en Colombia: docencia, investigación y extensión.

Por eso no sorprenden noticias como que el icónico edificio de Arquitectura de la Universidad Nacional haya tenido que ser demolido porque la universidad no contaba con los recursos para realizar una intervención en su estructura, pero que así mismo tampoco planee construir uno nuevo; o que se haya caído dos veces el techo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, o que una parte de la torre de Enfermería haya sido demolida y la otra se encuentre en riesgo grave de producirse un sismo.

El déficit, en el caso de la Universidad Nacional, ha llevado a que solo el 17% de sus edificios sea seguro en caso de un terremoto, a que otro 68% no lo sea ya que se trata de construcciones previas a la entrada en vigencia de las normas de sismoresistencia, a que el 12% esté en observación por presentar fallas visibles y el 3% en situación de emergencia. Por lo demás, este estudio no se ha hecho en las demás sedes de la universidad.

Lo que está pasando con la educación superior pasó ya con el sistema de salud. La ley 100 de 1993 introdujo el mismo principio de financiación a la demanda, distribuyendo los recursos por paciente atendido, y no a las entidades encargadas de atenderlos. Las Empresas Promotoras de Salud asumieron la administración de los recursos del sistema y las Instituciones Prestadoras de Salud se encargaron de proporcionar el servicio a los usuarios. Esta división ha llevado a que la prioridad de las IPS no sean los pacientes, sino los convenios que tienen con las EPS para atenderlos. La consecuencia es que muchos hospitales públicos deban cerrar unidades especializadas o que no se cuente con los recursos suficientes para contratar el personal de salud necesario, sin olvidar a todas las personas que mueren fuera de las IPS porque estas se niegan a atender a usuarios de EPS con las que no tienen convenios. En el sistema de salud, los únicos ganadores son las EPS.

El Gobierno ha manifestado su interés en apostar por un sistema de financiación a la demanda. Por un lado, su prioridad ha sido la financiación e impulso del ICETEX, con el cual decenas de miles de familias colombianas han terminado endeudadas, obligadas a pagar intereses y con la presión de casas de cobro, como si se tratara de cualquier otra entidad financiera. Por otro lado, ha impulsado y pretende convertir en política de Estado el Programa Ser Pilo Paga, por medio del cual estudiantes con los mejores resultados en las pruebas Saber11 y con un nivel bajo de ingresos tienen la opción de acceder a un crédito condonable: solo van a ser exonerados del pago del crédito en caso de que se gradúen.

Este programa no sería problemático, si no fuera por los altos niveles de deserción estudiantil. Según cifras del Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior del Ministerio de Educación, el 50% de los estudiantes de Instituciones de Educación Superior Privadas han abandonado sus estudios cuando llegan al undécimo semestre, cifra que se eleva a un 57% cuando se trata de estudiantes con un nivel bajo de ingresos.

Así, de mantenerse la situación actual de deserción, más del 50% de los estudiantes beneficiarios de este programa deberán devolverle al ICETEX, junto con intereses, el dinero que inicialmente le fue girado a las universidades. Eso, abiertamente, subvierte la idea de la educación pública, gratuita y de calidad como un derecho, el cual es defendido únicamente en época de elecciones.

Frente a este panorama, los estudiantes le proponemos al Gobierno algo sencillo, de sentido común: que se comprometa con el saneamiento de la deuda que atormenta a la educación pública superior, fruto de la lenta desfinanciación de la misma; que aumente su base presupuestal, de manera que le permita elevar la calidad de sus programas y aumentar su cobertura a nivel nacional, y que no juegue con los derechos de decenas de miles de personas a lo largo y ancho del país.

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Carlos Ariel Bautista González

Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Representante estudiantil. Miembro del Colectivo de Estudios Poscoloniales/Decoloniales en América Latina (COPAL), de la Escuela de Investigación en Criminología Mediática, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez, fue coordinador del Colectivo de Estudiantes de Derecho Eduardo Umaña Mendoza, fue director de la Revista CiudadBlanca, y es miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios.