Francisco Toloza

1. Antecedentes

Desde la firma misma de la Agenda de Conversaciones dentro del Acuerdo General de La Habana en 2012, las partes incluyeron el punto de Participación Política como problemática a resolver para la finalización de la guerra y la construcción de una paz estable y duradera. Discutir y aprobar un Acuerdo de Apertura Democrática implicaba que no se pactó un proceso de desarme incondicional, sino que se reconocían dificultades estructurales relacionadas con el sistema político colombiano, que habían sido parte de los causales y acicates del extenso conflicto social armado interno.

En el debate del punto 2 la Agenda, las entonces FARC-EP presentaron las 100 Propuestas Mínimas para la Participación Política, en las que se incluían múltiples proyectos relacionados con la transformación de las estructuras de "democracia representativa" existentes. Con la propuesta 45 se ponía el dedo en la llaga de la crisis de representatividad regional y el anacronismo del ordenamiento territorial vigente, planteando el reemplazo de la actual Cámara de Representantes por una "Cámara Territorial"[1]. La correlación de fuerzas del momento específico de la firma del Acuerdo de Apertura Democrática posibilitó que, si bien no se asumiera el planteamiento de la insurgencia, si se avanzara en otorgar 16 nuevas curules temporales para zonas fuertemente afectadas por el conflicto y la miseria. La representación política del nuevo partido que surgiera del tránsito a la legalidad de la guerrilla sería pactada con posterioridad en el apartado 3.2. de Reincorporación Política y no tiene por tanto ninguna relación con estás circunscripciones especiales de paz.

Así pues, en desarrollo de lo contemplado en el punto 2.3.6. del Acuerdo Final "Promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono"[2], la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Verificación y a la Implementación (CSIVI) consensuó el texto de Acto Legislativo que creaba las 16 Circunscripciones transitorias especiales de paz (CTEP), el cual fue radicado en el Senado de la República el 2 de mayo de 2017, habiendo surtido previamente –no exento de polémica– el trámite de consulta previa[3].

Luego de ser aprobado sin modificaciones sustanciales en plenaria de Senado el 25 de julio de 2017, el Proyecto de Acto Legislativo número 05 de 2017 Senado/ 017 Cámara vivió en la Cámara de Representantes alteraciones fundamentales, siendo finalmente aprobado una versión bastante adulterada de éste el 9 de noviembre de 2017. Al diferir los textos aprobados entre las dos cámaras, se pasó a la conciliación del texto, proceso tortuoso durante el cual, tras una aprobación inicial en plenaria de Senado, justamente por presiones de los representantes de los departamentos beneficiados por las curules adicionales se pasó a modificar el texto que finalmente fue aprobado en Cámara y votado en Senado el 30 de noviembre de 2017, obteniendo 50 votos a favor de un total de 99 senadores.

En una interpretación desacertada de la Ley 5 de 1992 y del artículo 134 de la Constitución Nacional, la Presidencia del Senado declaró no aprobado el proyecto de Acto Legislativo, partiendo de considerar que para la mayoría absoluta requerida no se tenían en cuenta las 3 sillas vacías de congresistas detenidos. Pese a las múltiples acciones judiciales que se pronunciaban a favor de la aprobación del proyecto votado, las directivas del Senado, en plena campaña de elecciones parlamentarias y presidenciales, mantuvieron su postura hasta hoy, validadas por revisiones de forma de las segundas instancias que permitieron esta violación flagrante del Acuerdo de Paz y de los derechos de las víctimas.

Sin embargo, con posterioridad, la Corte Constitucional en Comunicado N.° 32 de agosto 15 de 2018 sobre la Sentencia C-080 de 2018 que declara exequible la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, también aprobada por el procedimiento legislativo especial, definió con claridad al revisar los aspectos formales de la misma: "En cuanto a las mayorías requeridas, la Corte definió que para el cálculo de la mayoría absoluta hay que descontar del número de integrantes del Congreso las sillas vacías y los impedimentos aceptados, de conformidad con la regla fijada en el artículo 134 de la Constitución Política".

Una vez culminado el procedimiento legislativo especial, ya en abril de 2018, y como una forma misma de reconocimiento del incumplimiento con el Acuerdo Final, las víctimas y los territorios golpeados por la guerra, se presentaron 4 proyectos de Acto Legislativo que buscaron crear las Circunscripciones Especiales de Paz, aunque algunos de ellos con deformaciones insostenibles frente a lo acordado en La Habana[4]. Pese a que incluso 2 proyectos se acumularon en medio de un supuesto acuerdo político entre bancadas, todos fueron igualmente archivados sin tener siquiera su primer debate, en un rápido segundo hundimiento legislativo de las CTEP.

2. Circunscripciones Especiales de Paz en la actual legislatura

Se radicaron al iniciar la presente legislatura los proyectos de acto legislativo 01 y 04 de Senado, ambos acumulados para su trámite conjunto. El primero fue radicado por el anterior Ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, y el segundo, por la bancada alternativa, así que vale la pena resaltar que ni el actual Gobierno Nacional ni la bancada de gobierno asumieron la iniciativa para dar cumplimiento a este mandato del Acuerdo Final.

El pasado 12 de septiembre, el Proyecto de Acto Legislativo acumulado fue votado en la Comisión Primera del Senado, aprobándose la ponencia mayoritaria del coordinador ponente Roy Barreras y negándose la presentada por el senador del partido de gobierno José Obdulio Gaviria, que no correspondía al espíritu de lo pactado en La Habana y volvía a las aberraciones ya propuestas por sus copartidarios. Solo 2 meses después se agendó el segundo debate en la plenaria del Senado, lo que facilitó que por tiempos se haya hundido el proyecto, sin siquiera haber votado el informe de ponencia. En la plenaria del Senado del 20 de noviembre continuó el debate hasta que se levantó la sesión con la claridad hecha por parte de la presidencia de Senado de que, en la siguiente sesión, aunque continuaría el uso de la palabra solicitado al respecto, sólo se aceptarían como constancias, ya que el proyecto de CTEP había sido retirado del orden del día y archivado por solicitud de la Secretaría General de Senado.

La responsabilidad de esta reiteración del incumplimiento del Acuerdo de Participación Política no es solo yerro del Congreso, sino que corresponde esencialmente también al Gobierno Nacional, tanto a sus bancadas como a los funcionarios del ejecutivo a cargo de la agenda legislativa[5]. Si bien el presente (des)Gobierno de Duque se ha caracterizado por el poco timón que ha podido darle al Congreso, razón que tiene ad portas de la deriva a la mayor parte de su copiosa agenda legislativa del primer año, para el caso de las CTEP, no es solo la ya constante incapacidad del ejecutivo la que jugó en contra del proceso de paz, sino consensos decantados dentro de la clase política –incluyendo al Mininterior y al Centro Democrático–, que impiden dar curso por la vía ordinaria a los exigidos cambios al modelo de representación política en el país.

De igual forma, valga ir desencantando desde ya la nueva "leyenda rosa" uribista, según la cual la debilidad del Gobierno en el Congreso se explica por una draconiana renuncia a la llamada "mermelada" en una supuesta depuración de las costumbres políticas. El "orangután" colgado por el Centro Democrático a la reforma política que le entregaría el 20% del presupuesto nacional a los congresistas fortaleciendo el clientelismo, entre múltiples ejemplos, solo denota que las catedralicias dificultades de Duque con el Congreso tienen causalidades más profundas radicadas en su falta de liderazgo y las tensiones al interior del partido, pero, ante todo, en el irresuelto conflicto en el bloque de poder que la pusilanimidad presidencial solo profundiza.

Aunque en el debate en la plenaria del Senado del 13 de noviembre sobre CTEP la Ministra del Interior da su apoyo formal a la ponencia minoritaria de los partidos de gobierno que iba en franca contravía a lo dispuesto en el punto 2.3.6. del Acuerdo Final, al desterritorializar las circunscripciones especiales de paz y reducirlas a 8 arguyendo problemas presupuestales, su intervención, de forma contradictoria, estuvo más enfocada a desvirtuar el proyecto e incluso a propiciar un acuerdo para un nuevo articulado[6].

La postura fijada por la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, se complementa con la expuesta en la entrevista con la Revista Semana "La agenda legislativa tiene tiempo", en la que parece negar la continuidad de la implementación normativa del Acuerdo Final, y con ello condena al incumplimiento craso todos los aspectos propios del punto de Participación Política, incluyendo las CTEP, que requieren modificación del actual ordenamiento legal: "El Presidente ha sido claro en que el Gobierno va a cumplir con todos los temas del Acuerdo que ya están contemplados en la ley" [7].

Se le abona la franqueza o la desvergüenza a la ministra Gutiérrez, ya que es la única alta funcionaria que reconoce públicamente la falta de voluntad política para cumplir con lo acordado en términos normativos por parte del Estado colombiano, desde la etapa final del Gobierno de Juan Manuel Santos. Evidentemente –y como producto del incumplimiento de la agenda legislativa del fast track– son múltiples los temas del Acuerdo Final que no están hoy en dentro de la legalidad vigente y cuya implementación requiere justamente no acotarse a la ley, sino precisamente desarrollos normativos para que puedan ser incorporadas al ordenamiento jurídico. No obstante, con esta definición del Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional solo expresa compromiso –por lo menos verbal– con los aspectos del Acuerdo que ya fueron objeto de desarrollos normativos y no con los múltiples aspectos restantes que son parte integrante de éste y requieren modificaciones al orden legal[8].

3. Algunas reflexiones

Tras su hundimiento sucesivo en 3 periodos legislativos consecutivos, la no implementación de las 16 CTEP clara y expresamente mandatadas en el Acuerdo Final, implica no solo una violación de lo firmado sino del mismo ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta los compromisos propios de la Declaración Unilateral de Estado[9], y lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2017, en el que se define que los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores –como sería el caso de los aspectos relacionados con la participación política consagrados en el punto 2– serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación del Acuerdo. El Acto Legislativo 02/17 no circunscribe el compromiso de cumplimiento del acuerdo al ejecutivo, sino que lo extiende al conjunto del Estado colombiano sin eximir al legislativo, al decir: "Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final".

Lamentablemente, desde las diferentes ramas del poder público se pretende ignorar las obligaciones legales asumidas por el Estado colombiano tanto a nivel nacional como internacional para darle cumplimiento al Acuerdo de Paz[10]. Como sucede con el conjunto de lo pactado en La Habana, las CTEP solo podrán plasmarse en medio de un avance de la potencia transformadora que aspiraba desatar el mismo Acuerdo de Paz. Invariablemente existirán o se podrán crear alternativas jurídicas para cumplir lo pactado, siempre y cuando se construyan primero las condiciones políticas favorables. Por ahora, se consuma la perfidia contra las víctimas y los territorios olvidados y subrepresentados, y se consuma la castración de la apertura democrática y de los anhelos de paz. La vía para revertir esta violación de lo acordado consumada en el Congreso, pasa inexorablemente por la lucha extraparlamentaria, la movilización a partir de los territorios y el reimpulso de un proceso constituyente desde abajo.

[1] "Se proveerán los correspondientes diseños institucionales para la creación de la Cámara Territorial, que sustituirá a la actual Cámara de Representantes. La Cámara Territorial se concibe como parte fundamental de la organización institucional del poder legislativo, orientada a garantizar la mayor participación de las entidades territoriales en las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado. La Cámara Territorial se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales. Las circunscripciones territoriales corresponden a los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá. Cada circunscripción territorial tendrá cuatro (4) representantes. Veinte (20) curules adicionales se distribuirán y elegirán atendiendo criterios poblacionales. Las circunscripciones especiales corresponden a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Cada una de estas comunidades tendrá derecho a cinco (5) representantes. Los colombianos residentes en el exterior elegirán dos (2) representantes". FARC-EP (2013). Propuesta 45. 100 propuestas mínimas para la Participación Política.

[2] Frente a los contenidos del punto 2.3.6. valga la pena subrayar –a propósito de algunos equívocos– que se habla de 16 circunscripciones para zonas afectadas por el conflicto, dejando expreso el criterio territorial, y que en ningún momento se restringe exclusivamente a víctimas consideradas individualmente dentro de los actuales marcos de registro, ni tampoco se acotaba únicamente a población rural.

[3] Para un análisis sobre las problemáticas que buscaba afrontar la creación de las CTEP ver Jiménez y Espinosa (2017). Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz. En Revista Izquierda (72).

[4] El Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2018 Senado, presentado por Sofía Gaviria Correa, buscaba crear una Circunscripción Nacional Especial de Víctimas, restringiendo 10 curules a víctimas de las FARC-EP de los 167 municipios de PDET, y asignado 6 curules para víctimas a nivel nacional; y el Proyecto de Acto Legislativo 015 presentado por Alfredo Rangel y la bancada del Centro Democrático no solo ignoraba la representación territorial, sino que reducía a 8 las curules a ocupar.

[5] Al respecto, solo baste mencionar la denuncia pública del Senador ponente de CTEP, Roy Barreras, quien acusó a la Alta Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, de hacer lobby en la misma sesión del 13 de noviembre contra la aprobación del proyecto de acto legislativo. Ver https://www.rcnradio.com/politica/supuesto-lobby-de-consejera-de-regiones-desato-pelea-por-las-curules-de-paz

[6] Las frases de la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez son elocuentes: "No hay con qué cumplir tantas expectativas"; "Acaso 16 curules más van a resolver los problemas en los territorios?"; "La representatividad no está en ampliar el Congreso de la República"; "Es un proyecto que termina siendo inconveniente, que no soluciona la problemática de la gente del territorio, que no llena las expectativas de la representatividad". Ver la intervención del Ministerio del Interior. Plenaria de Senado. 13 de noviembre. 5 horas 47 minutos y subsiguientes. https://www.youtube.com/watch?v=PhIp877dqJk

[7] https://www.semana.com/nacion/articulo/nancy-patricia-gutierrez-la-agenda-legislativa-de-ivan-duque-tiene-tiempo/591173

[8] Dentro de las "deudas legislativas" con el Acuerdo de Paz están entre otras: Ley de Tierras, Catastro Rural, Ley de Zonificación Ambiental, Ley de Participación Ciudadana, Reforma Política y Electoral, CTEP, Reforma a la Ley Orgánica de Planeación, Reforma a la Ley 1448 de Víctimas, o Tipo Penal del Paramilitarismo.

[9] Sobre el soporte jurídico del Acuerdo Final en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario ver el artículo de Enrique Santiago Romero publicado en la edición 76 de la Revista Izquierda: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0076/izq0076_a02.pdf

[10] Dentro de los posibles alegatos jurídicos es importante señalar que existe una Acción de cumplimiento admitida por el tribunal administrativo de Cundinamarca el 25 de octubre de 2018, que busca declarar aprobado el proyecto de CTEP, teniendo en cuenta la jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional en el Comunicado N.° 32 de la Sentencia C-080 de 2018.

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1. Crisis sistémica y "pantano" parlamentario

A menos de un año del hundimiento de la transfigurada Reforma Política del fast track, una vez más hacen trámite en el Congreso de la República múltiples proyectos que pretenden reformar directa e indirectamente el sistema electoral1. Como si se tratara de un perenne déjà vu, el alto grado de descomposición del régimen político colombiano exige nuevamente a gritos buscar salidas de su crisis, pero justamente sus lógicas e institucionalidad obstruyen otra vez el avance de cualquier tipo de cambios, inclusive algunos leves aggiornamentos sistémicos.

Los diversos proyectos de reforma política, así como los de reforma a la justicia, aunados a la deuda normativa con el Acuerdo de Paz y los proyectos de contrarreforma uribista para hacer trizas lo pactado, expresan cómo diversas fuerzas vivas hegemónicas y contrahegemónicas diagnostican un desbarajuste institucional, aunque sus propuestas para transformar esta realidad sean diametralmente opuestas. Continuamos en una gran crisis de legitimidad del régimen político, víctima de fracturas irresueltas en el bloque de poder e irrupción de nuevos actores políticos y sociales, que devela como anacrónica buena parte del actual ordenamiento jurídico.

Es una realidad palmaria que incluso el mismo bloque de poder acepta que se requieren ajustes normativos y reales a un régimen sumergido en carteles de la toga y tensiones entre autoridades judiciales, financiación prepagada de campañas, corrupción galopante, crisis fiscal inminente, ausencia de garantías democráticas, resurgimiento y repotenciación de la violencia política, desinstitucionalización de los partidos y una abstención sistemática que aún bordea el 50%. Pero el conservadurismo del bloque de poder insiste ⸺por ahora⸺ en la ruta ordinaria legislativa para generar cambios estructurales.

La actual agenda legislativa parece una "Constituyente al detal", pero tiene como real explicación la negación misma de la Asamblea Constituyente por parte del bloque de poder y el truncamiento del proceso constituyente que se expresaba en la Mesa de La Habana. No obstante, intentar encuadrar las reformas estructurales que requiere el régimen político colombiano en el estrecho lecho de Procusto de la dinámica parlamentaria nacional puede generar un remedio peor que la enfermedad.

El primer riesgo es evidente. Dentro de la plétora de proyectos de reforma y las volubles componendas legislativas, el trámite ordinario de transformaciones institucionales tan sensibles como las contempladas en las reformas política, de la justicia y de normas relacionadas con el Acuerdo de Paz puede dar a luz un Frankenstein jurídico y político sin posibilidad alguna de armonización institucional ni de funcionamiento efectivo, que termine profundizando las problemáticas a resolver. No se trata de "articulitos" solitarios, como irresponsablemente lo dijeran los uribistas, sino de alteraciones dentro de un sistema en el que inevitablemente cada modificación puntual tendrá efectos sobre el conjunto del Estado.

Derivado de este peligro innegable y de otras posibles trapisondas muy propias del legislativo colombiano, las reformas estructurales pueden caer en un "pantano" parlamentario, presas de cálculos políticos menudos, en cuyo contexto se tornaría improbable su avance cierto y quedarían al orden del día hundimientos, mutilaciones y "micos". Metamorfosear reformas estructurales en normas inanes es una especialidad del Congreso de la República, pero ello, lejos de resolver la crisis del régimen, la aguzaría.

Aunque la tortuosa vía legislativa no está de entrada cerrada para el actual Gobierno Nacional, si la necesidad de avanzar en reformas políticas estructurales es realmente inherente al bloque de poder, podríamos presenciar en los próximos años la recurrencia a un proceso constituyente "desde arriba", realidad para la que debemos prepararnos los sectores alternativos "desde abajo". Viene ya siendo hora de desechar la manida excusa de que una Constituyente facilitaría la victoria de la ultraderecha, como si esta no se hubiera impuesto a través de los mecanismos ordinarios de participación.

En contravía de lo expuesto, otras miradas sugerirían en cambio que no hay interés real ni necesidad esencial del bloque de poder en reformas de gran calado y que la copiosa iniciativa legislativa gubernamental del presente año solo es parte de un sainete de policías buenos y malos, y de juegos retóricos, que entretienen a parlamentarios y opinión pública, mientras se garantiza la aprobación del paquetazo económico neoliberal confeccionado por el ministro Carrasquilla. Aun desde esta última perspectiva habría que anotar, que el débil (des) Gobierno de Duque no tendría hoy tampoco garantizado el fácil trámite de estas normas, no solo por las mayorías parlamentarias, sino esencialmente por la presión extraparlamentaria que puedan generar los sectores alternativos.

2. ¿En qué va la Reforma Política?

    El proyecto de Reforma Política continúa su largo viacrucis legislativo, mutando a su paso en cada debate y sin una definición férrea de parte del (des)Gobierno de Duque sobre sus apuestas innegociables. Valga recordar que el proyecto gubernamental original solo tocaba puntualmente 3 artículos incluyendo elecciones primarias simultáneas como mecanismo de escogencia de candidatos, lista cerrada, fusión de coaliciones y autonomía administrativa para el CNE. La versión aprobada del proyecto de acto legislativo en plenaria de Senado poco tiene que ver con la radicada por Mininterior y contiene en cambio los siguientes elementos a saber:

  • Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos (GSC) escogerán sus candidatos mediante mecanismos de democracia interna definidos por sus estatutos. Estos mecanismos se realizarán en una fecha única y simultánea, y podrán ser abiertos o entre afiliados. No realizarlos puede conllevar a la pérdida de la personería jurídica.

  • Las listas de candidatos tendrán revisión de legalidad automática por la autoridad electoral en un término máximo de un mes. Una vez realizada la revisión de legalidad, ninguna candidatura podrá ser revocada por hechos que ya fueron objeto de control de legalidad por la autoridad electoral.

  • Parágrafo que exceptúa al partido FARC de sanciones por hechos que son de conocimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

  • Los GSC deberán tener afiliados a nivel territorial para el aval de candidaturas en la respectiva circunscripción. El porcentaje de afiliados será definido en legislación posterior.

  • Desaparece la obligatoriedad de la póliza de riesgos para la inscripción de candidaturas.

  • Financiación preponderantemente estatal de las campañas electorales sin definir porcentajes.

  • Límite de 3 periodos para cada corporación pública.

  • Listas cerradas y bloqueadas a corporaciones públicas.

  • Coaliciones para partidos y movimientos que sumados no superen el 15% de los votos en la respectiva circunscripción.

  • Paridad y alternancia progresiva con "lista cremallera" a partir de 2023.

  • Iniciativa presupuestal para el Congreso, de hasta una quinta parte del Presupuesto de Inversión.

No obstante, son muchos más los elementos que se han propuesto y retirado en medio de los debates de este proyecto, los cuales han sido abordados desde la óptica de intereses particulares de los congresistas, pero que bien requerirían un análisis más de fondo2, máxime cuando por sortilegio legislativo pueden resucitar en cualquier momento del largo trecho de trámite que aún le falta a este proyecto, en cuyo desarrollo de seguro aparecerán más y más proposiciones. De igual forma, hay que reseñar que otros proyectos en trámite ⸺como el de la unificación de periodos⸺ contienen tópicos álgidos a tener en cuenta para una reforma política integral y democrática, los cuales no deberían ser abordados desarticuladamente.

La reforma política, más allá de la benignidad de sus propuestas o la incertidumbre sobre su rumbo, pone sobre la mesa una vez más verdaderos debates de fondo sobre el régimen político y el Estado colombiano, que lamentablemente terminan mediados por afugias electorales e intereses mezquinos de los parlamentarios y sus bancadas. Los mecanismos de ingreso al sistema de partidos, los requisitos para su reconocimiento y existencia, la regulación de la democracia interna y la autonomía de cada partido al respecto; el espinoso tema de la financiación de las campañas y de los partidos; el sistema de elección, de representación y la composición misma del legislativo, así como la organización electoral y su arquitectura institucional, son temas que exigen desarrollos conceptuales y técnicos, interrelacionados entre sí y con otras grandes problemáticas del sistema político, como el ordenamiento territorial y el mismo equilibrio de poderes, para poder avanzar en la prometida apertura democrática. Esta realidad exige de los sectores alternativos una elaboración más sesuda y holística, desligándose también del juego político menudo de cada uno de las expresiones que hoy impulsan cambios estructurales del régimen político.

Sin desdeñar varios aspectos progresistas del actual proyecto de reforma (lista cerrada con democracia interna de partidos, reconocimiento de la autonomía partidaria sobre mecanismos de democracia interna, o lista "cremallera"), esta difícilmente podrá cumplir con los requerimientos propios del proceso de apertura democrática pactado en La Habana. A este respecto, y a manera de ejemplo, enunciaremos solo dos mandatos expresos del Acuerdo de Paz que están por ahora excluidos del texto del Acto Legislativo: desligar la personería jurídica del umbral electoral y conceder autonomía e independencia a la organización electoral. Pero, además, habría que agregar que sería muy improbable que contaran con las mayorías requeridas para su aprobación sin perversiones.

Con trámite y contenidos inciertos, en medio de los apretados tiempos de esta legislatura y la proliferación de proyectos de ley, la reforma política está sometida a una auténtica ruleta parlamentaria que permite apenas avances muy fragmentarios que, con toda seguridad, dejaran inconclusos los necesarios cambios al régimen político. No menos preocupante es la relativa indiferencia de expresiones sociales no parlamentarias, lo cual permite que una vez más la reforma política termine hundida en medio de conciliábulos de partidos y sin un movimiento ciudadano que ejerza presión en su trámite.

En estas circunstancias, resuenan las preguntas: ¿Será que quienes han ganado con las actuales reglas del juego electoral van a decidir esta vez cambiarlas? ¿Y por qué razón? ¿O estamos presenciando el cíclico déjà vu, en cuyo marco el agotamiento del régimen político obliga a debatir una reforma política que termina hundida en medio de la mezquindad de gamonales y clientelistas? Pero también se ve ⸺cada vez con mayor claridad⸺ que la superación de este círculo vicioso de régimen político en crisis y reformas frustradas y castradas por el legislativo pasa justamente por salidas extraparlamentarias, a través la gestación de un proceso constituyente desde abajo.

[1] Según la MOE: "Tres meses después de la instalación del actual Congreso, se han radicado más de 20 iniciativas modificatorias sobre dichos temas y, tras haberse acumulado algunas de las iniciativas, hoy están en trámite 10 proyectos de reforma constitucional y 4 de reforma legal; cuatro hacen tránsito en la Cámara y diez en el Senado." En https://moe.org.co/los-peligros-de-la-ampliacion-de-periodos-y-la-reforma-politica/

[2] Solo para enunciar algunos valga la pena mencionar el Voto Único Partidista, el Senado Mixto Nacional/Territorial, o la creación de un Tribunal Electoral y la eliminación del CNE.

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La exclusión política y la ausencia de garantías democráticas han sido rasgos históricos del sistema político colombiano, siento parte integrante de las causalidades y acicates estructurales del conflicto social armado en nuestro país.