Jaime Caycedo Turriago

A un siglo de la Reforma universitaria de Córdoba y en el contexto de un gobierno de la extrema derecha que descree del Acuerdo final de Paz y renuncia a hacer de esta conquista una razón para fundar una administración seria y coherente, surge con fuerza un nuevo capítulo de la lucha universitaria. El contrahecho y diverso sistema donde conviven la universidad pública y privada, con instituciones que se autocalifican de universitarias en distintos niveles de la organización geopolítica y administrativa del país, en función de un ilusorio paradigma de ascenso en la escala de la desigualdad social, empieza a descoserse por sus costuras más débiles: aquellas que tienen que ver con la supervivencia económica de las principales instituciones, con el estado de deterioro de sus instalaciones e infraestructura, con la sobrecarga hacia su personal docente de planta y el crecimiento exponencial de la nueva categoría de profesores "ocasionales", sobre cuyos hombros descansa un gran porcentaje de la formación del pregrado.

No es el único punto frágil. La crisis universitaria no es sólo de financiamiento. También intervienen factores políticos de otro orden que interfieren aspiraciones de crecimiento, autonomía, inclusión, libertad de autogobierno, anticorrupción y excelencia. Los desajustes entre la Universidad tradicional y los requerimientos del desarrollo social y económico, tanto como los retos que el ambiente creado por el Acuerdo final de Paz proyectan en reformas para el mundo rural, en el político y electoral, señalan nuevos límites y mayores distanciamientos entre la academia y el país real, pese a la voluntad y el esfuerzo de connotados núcleos universitarios.

Como en tantos otros campos, la modernidad universitaria en Colombia se ha incorporado con cuentagotas, con apreciables separaciones temporales entre unos y otros episodios. La ley 68 de 1935 reconstruyó y concibió la integridad de la Universidad Nacional como pieza clave de un proyecto nacional de desarrollo capitalista, una ciudad universitaria en Bogotá como campus nuclear y una estructura de gobierno (con el doble de la representación profesoral y estudiantil de la que existe actualmente). La Constitución de 1991 introdujo, por fin, cincuenta y seis años después, la autonomía universitaria, como una figura formal, flanqueada de limitaciones técnicas y burocráticas.

Hoy, a dos años de suscrito el Acuerdo final de Paz, las clases dominantes no contemplan un proyecto incluyente que permita mejorar las condiciones de vida de una inmensa mayoría de la población joven, que aspira a condiciones socioeconómicas y laborales dignas, por la vía de la formación profesional universitaria. Si el efecto de las luchas de estudiantes y profesores del último medio siglo logró contrarrestar la influencia de la Iglesia católica, sobre todo tras la finalización del Concordato con la Santa Sede, en 1973, no logró autonomizar económicamente a la Universidad pública de la puja politiquera por el presupuesto ni detener el deterioro progresivo del financiamiento presupuestario pero, sobre todo, no pudo concretar un proyecto autónomo de gobierno universitario como un espacio democrático, respetado o por lo menos tolerado. Si bien ahora la fuerza pública ya no ingresa –como antes– a los recintos académico como Pedro por su casa, los factores dominantes del poder político y económico nacional y regional, sin embargo, han ido ganando un mayor margen de control sobre el conjunto de las 32 Universidades públicas. La reconciliación bipartidista del Frente Nacional permitió un reparto en las alturas de los aparatos ideológicos de Estado entre los grupos dominantes. En varias Universidades públicas de la periferia regional, el paramilitarismo ha logrado, desde las estructuras locales del poder, incidir en los gobiernos universitarios con la complicidad de las autoridades nacionales.

El modelo pensado desde Estados Unidos para la universidad colombiana siguió siempre el perfil esbozado por Rudolf Atcon en el conocido informe publicado en 1963[1]. Las vías escogidas para hacer de este modelo de privatización un sistema coherente, articulado a los intereses del gran capital y del mundo terrateniente dominantes en el bloque de poder, marcaron la historia de la luchas estudiantiles y universitarias en el último medio siglo[2]. En el marco de un orden contrainsurgente y de una política de guerra interior correspondiente, el movimiento estudiantil y la universidad pública devinieron en sospechosos de subversión para el establecimiento y fueron estigmatizados en la misma proporción en que los distintos proyectos de ajuste al modelo privatizador fueron impuestos por los gobiernos de turno.

El gobierno de Juan Manuel Santos, al comprometerse en un proceso de solución política trazó sus "líneas rojas", esto es, los límites a toda idea de Reforma asociada a la búsqueda de la paz y a la superación de la guerra interior. Se trataba de establecer camisas de fuerza autoritarias para imponer la política de clase, sin que ello pudiera ser tema en la negociación de La Habana. Para el caso universitario, todo el misterio radicaba en la manera más adecuada de transferir los recursos del erario para fortalecer el financiamiento de las universidades privadas e ir marchitando el sector público. El llamado modelo Ser Pilo Paga, surgido en respuesta al alto impacto del gran movimiento educativo chileno, al papel muy importante cumplido en él por los estudiantes secundarios, entre otras fuerzas sociales puestas en acción, tanto como por la amplitud del movimiento de la MANE en Colombia, conjugó de una manera escandalosa la demagogia con la oferta de un ilusorio ascenso social cubierto por el Estado, con la perversa eficacia del correspondiente desfinanciamiento crítico de las Universidades públicas.

Dos años después de suscrito el Acuerdo final de paz y tras sus efectos en la reconfiguración de fuerzas en la lucha política que tuvieron clara expresión en los procesos electorales de la primera mitad de 2018, nos preguntamos: ¿Qué impacto tiene este acontecimiento histórico sobre la profundidad, las características propias y las dimensiones de las demandas sociales y pedagógicas que expresa la dinámica de la lucha estudiantil y profesoral para trascender los delicados déficits y cuestionar de fondo las políticas del gobierno de Duque, en concreto Generación E y la ley 1911 de financiamiento contingente al ingreso?

Al intentar una respuesta provisional, vemos aparecer en el ambiente la necesidad de modelar un pacto social por la educación y la cultura en la paz. Un nuevo pacto educativo y un nuevo pacto universitario cuyo eje articulador es la exigencia de la gratuidad de la educación pública, aunque no sería este el único elemento en el compromiso del Estado, la Sociedad y la Universidad con un proyecto de paz justa, democrática, estable y duradera. Se puede pensar que un sistema educativo público, gratuito, laico, autónomo, democrático en su gobierno, de alta calidad científica y cultural llegue a cumplir un papel central para un proyecto de sociedad en coexistencia pacífica, abierta a las transformaciones sociales necesarias para superar las atroces desigualdades actuales.

Episteme y doxa

El filósofo Santiago Castro Gómez ha formulado algunas reflexiones sobre la crisis de la Universidad moderna, que parece pertinente tomar en consideración al examinar lo que podríamos denominar la amenaza de muerte de la Universidad pública colombiana. Afirma que el saber que es hegemónico ya no es el que produce la universidad bajo el apoyo del Estado sino el que produce la empresa transnacional. En adición, la Universidad ya no puede fiscalizar el conocimiento, es decir, ya no puede servir, como pensaba Kant, como un tribunal de la razón encargado de separar el conocimiento verdadero de la doxa[3]. En otras palabras, bajo las condiciones sentadas por el capitalismo global, la universidad deja de ser el ámbito en el cual el conocimiento reflexiona sobre sí mismo[4].

La universidad que está fundada en la mirada colonial sobre el mundo, hija de la modernidad occidental, debe ser des/decolonizada. En su criterio, la universidad se inscribe en lo que denomina la "estructura triangular de la colonialidad: la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber"[5].

La división internacional del trabajo del final del siglo XX colocaba a las universidades de la semiperiferia, en términos del conocimiento, como entes destinados a procesar primordialmente solo el llamado progreso técnico-científico, alejadas de los núcleos vanguardistas de la revolución científico técnica de otras latitudes. El predominio de la globalización neoliberal, conceptualizada en el ámbito del Consenso de Washington, ha hecho de la ideología del libre mercado, en apariencia fuera de toda influencia extraeconómica, "la forma espontánea y natural de la vida social (…)" [6].

Sin embargo, la situación no ha permanecido estática. El debate suscitado en las ciencias sociales latinoamericanas en torno a la colonialidad del poder y del saber (Aníbal Quijano)[7] y a los correspondientes procesos hacia la des/decolonización de los mismos, abrieron, en la opinión de Castro Gómez, una oportunidad a un cambio de paradigma. La Des/decolonización implicaría "desmontar todo el sistema de conocimiento que sostiene y justifica el Estado moderno y moderno/colonial asociado con la colonialidad económica y con el control de las subjetividades"[8].

No es el propósito de estas breves líneas penetrar en las discusiones en torno al capitalismo colonial/moderno y sus alternativas en el contexto des/decolonial. De momento afirmamos que la ideología neoliberal dominante acusa tendencias autoritaristas de fuerte arraigo en la colonialidad del poder y el predominio del pensar occidental, en su visión estadounidense. Las variantes neoconservadoras comunitaristas se afianzan en las esferas superiores del poder del capital. La connivencia con el fascismo/paramilitarismo ha ido decantando un peligroso subproducto, vinculado con la extrema derecha, que se ha ido "naturalizando" merced al terror en vastos espacios territoriales y regionales.

También podríamos afirmar que el predominio hegemónico del pensamiento único en Colombia no ha sido problematizado de fondo por la academia. Refleja una clara subordinación de las élites a la insensibilidad social neoliberal. Hay una temerosa condescendencia que se ratifica con una constante aclaración del no compromiso y un rechazo vulgar a la militancia política de principios, mientras se miran con respeto y casi reverencia las peores expresiones de la politiquería, incluida la injerencia abierta del gobierno en la designación de rectores en la Universidad Nacional de Colombia, que supuestamente goza de autonomía. Están recuperando presencia los confesionalismos que se creían sepultados, aupados por entidades de fe y empresas religiosas, que reclaman una nueva asociación con el conservadurismo político. El maltrato y la persecución al sociólogo Miguel Ángel Beltrán, con la aquiescencia de la rectoría de turno de la principal Universidad Pública del país, gravita aún como una clara advertencia de que el espíritu inquisitorial medra en los claustros.

El predominio de los criterios de mercado no son menos incidentes que aquellos que apuntan a la seguridad para el capital, como elementos centrales de la organización sociopolítica, soportados por las reclamadas alianzas público-privadas. El Consejo Gremial Nacional le impuso, al anterior y a este gobierno, su ministro de Defensa. El sector financiero se está apoderando del sistema universitario en su conjunto, mientras condena a miles de egresados y a sus familias a permanecer amarrados a un crédito, en una especie de nuevo peonazgo por endeude, según las duras condiciones de la ley 1911, de 2018, llamada de financiamiento contingente al ingreso.

Funcionarios y medios de comunicación atizan desde matrices de opinión mediáticas el miedo al comunismo, ahora camuflado en el temor al castro-chavismo, previsto como amenaza inminente de una improbable invasión de Venezuela. Pocos estudios ahondan en la relación, promovida intencionalmente, entre el odio a la izquierda y al pensamiento crítico y la formación de una doxa dominada por el pensamiento paramilitar como distorsión contrainsurgente del sentido común. Obran como extraordinaria excepción los trabajos de Vilma Franco, especialmente el lúcido Orden Contrainsurgente y Dominación, que constituye sin duda una guía profunda para entender el país de entre siglos[9]. El comprender la realidad y el peso del irracionalismo paramilitar, naturalizado y regionalizado con la complicidad oficial, la impunidad que le provee la Fiscalía, el apoyo de estructuras fundamentales de la fuerza pública y la conocida postura del Consejo Gremial Nacional reticente al desmonte de sus aparatos, es condición necesaria pero no suficiente para trascender una de las fuentes reproductoras del genocidio.

La vía de la episteme que subraya el papel de la verdad histórica como pilar principal en la reivindicación de la memoria, del buen nombre de los perseguidos y victimizados, para que cesen la estigmatización y la exclusión política y social de facto, se ve fortalecida con la creación y puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, resultado del acuerdo de paz. La batalla de ideas en torno a la verdad histórica no es asunto reservado para la academia, pero si establece un reto muy fuerte para la educación superior pública, una responsabilidad en la formación y en la construcción de nuevos referentes de identidades colectivas e interpersonales y de relacionamiento con una democracia real, aún por inventar. Convoca a un diálogo de saberes y a la incorporación compleja de pensamientos diversos que puedan contribuir a una nueva identidad de libertades.

Sólo una Universidad verdaderamente libre, autónoma, laica, con real pedagogía democrática de autogobierno puede asumir las tareas multidisciplinarias del desarrollo científico y tecnológico, el aporte cultural necesario para contribuir a superar las desigualdades, introducir las reformas indispensables para la libertad política desde la presión popular y ayudar a la preparación de un constituyente primario que está en proceso de formarse, con la crecida participación de jóvenes y estudiantes en la lucha socio-política y político-electoral. La razón es una que señalaba Lenin al decir que miles de hilos unen a los movimientos estudiantiles en acción con las clases sociales en disposición de lucha. Es lo decisivo, debemos subrayarlo, porque la universidad que queremos sólo es posible con un cambio político en el poder del Estado y con el concurso de la unidad de muchas fuerzas, en batalla por la democracia real.

Queremos decir, finalmente, que la Universidad debe intervenir activamente en la consolidación de un acuerdo de paz y de una política integral de Paz del Estado, que asuma con responsabilidad el diálogo con el ELN y el EPL. Que debe ser un motor del Pacto político Nacional para sacar las armas de la política (Punto 3.4 del Acuerdo Final), siendo un escenario del debate franco para la construcción de la verdad y de la vida, con los aportes de todos los actores que no han podido hacer oír su voz, para edificar memoria y hacer pedagogía en los territorios rurales y urbanos. Que debe actuar decididamente para hacer del Pacto por la Gratuidad una garantía generacional de la universalización del conocimiento para los jóvenes de ahora y de mañana, en una Colombia abierta a la paz con su pueblo y con los pueblos de América Latina y el Caribe.

[1] Atcon, Rudolf, La Universidad latinoamericana. Clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado social, económico y educativo en América Latina. Universidad Nacional de Colombia, 2005.

[2] Hoyos, Vásquez, Guillermo, Democratizar la democracia, Dialnet-DemocratizarLaDemocracia-4016123.pdf

[3] Doxa: Palabra griega que significa "opinión", "creencia", "conjetura", "estimación". Enciclopedia Oxford de Filosofía, Tecnos, Madrid, 2001.

[4] Santiago Castro-Gómez (2017). Decolonizar la Universidad. La Hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En Zulma Palermo, Des/decolonizar la Universidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 46-47

[5] Castro-Gómez, ibíd., p. 70.

[6] Lander, Edgardo. ¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la Universidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos. En Zulma Palermo [et. al. op.cit.], p. 76.

[7] "Colonialidad es un concepto diferente, aunque vinculado con el concepto de colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos quinientos años, más profunda y duradera que el colonialismo". Aníbal Quijano (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En Cuestiones y Horizontes, Antología Esencial. De la dependencia histórico-estructural, a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO, 285.

[8] Walter Mignolo. En Des/decolonizar la Universidad, op.cit., p. 10.

[9] Vilma Franco (20019). Orden Contrainsurgente y dominación. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. Narra la autora en el Preámbulo: "La escuela nunca contribuyó a discernir la estructura de esa guerra civil ni sus causas y efectos. Lo que en el espacio familiar era la memoria de una sobreviviente y un retorno al pasado, en la escuela era, como dice Paul Ricoeur, desgracia del olvido y ausencia. La historia enseñada era la historia oficial y autorizada que guardaba silencio sobre lo que permanecía como una herida en el espíritu de las familias y los pueblos, sobre lo que era memoria compartida aunque no colectiva", p. 24.

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Todos los sectores de la opinión, especialmente la izquierda y corrientes avanzadas, han reconocido el hecho innegable de encontrarnos en un momento distinto de la vida nacional. Ello implica una valoración afirmativa del tránsito propuesto por las FARC-EP a una solución política, el logro de un acuerdo que ha empezado a romper el circuito de las impotencias para generar el cambio, la difícil implementación y los enormes escollos que a cada paso se han ido tejiendo en el pugilato entre los factores de avance y las poderosas fuerzas de la inercia.

Un efecto de esta relación contradictoria ha sido el regreso al gobierno de una vertiente de la burguesía altamente comprometida con la estrategia contrainsurgente. Este retorno, como todas las segundas partes, no puede hacer caso omiso de lo vivido, de lo concretado, de lo pendiente, de las nuevas premisas que han resultado de una prolongada confrontación sociopolítica y armada. Lo nuevo ⸺en medio de las inmensas limitaciones que impone un sistema como el colombiano, fuertemente condicionado por la geopolítica, en la que juega un papel central el imperialismo estadounidense⸺ muestra no sólo el sorprendente fenómeno de ascenso de una oposición político-electoral, con fuertes raíces sociales en capas populares, y la conciencia incipiente de los componentes diversos de este conglomerado, que ha apoyado los procesos de convergencia, sino también la nueva dimensión que adquiere la inconformidad social en una sociedad fracturada por insondables desigualdades y la creciente incredulidad de inmensos sectores sociales en las virtudes de una dominación que no logra escamotear ni esconder las facetas de su corrupción y descomposición.

Creemos muy necesaria una reflexión sobre la perspectiva estratégica. Víctor Manuel Moncayo ha señalado que: "El acuerdo de paz reconoció que en efecto existía esa forma de expresión y que era preciso ponerle fin, para lo cual eran necesarios ciertos y determinados cambios o reformas que fueron debidamente concertados. Pero, de ninguna manera llegó a considerar que el conflicto propio de una sociedad capitalista como la nuestra terminara en virtud del Acuerdo, sino que únicamente terminaba esa modalidad armada, admitiendo, por consiguiente, que, si el conflicto económico-social subsistía, podrían darse otras expresiones igualmente subversivas del orden que no fueran armadas"[1]. Una interpretación del conocido concepto de Fals Borda sobre subversión, la expuso Jairo Estrada en su contribución a los 12 Ensayos sobre el conflicto y sus víctimas: "Éste puede ser definido en el sentido más general y abstracto en términos de las acciones y respuestas espontáneas u organizadas de las clases subalternas de la sociedad contra un orden que se sustenta en la apropiación privada del trabajo social, en la concentración de la riqueza y la desigualdad socioeconómica, se organiza políticamente con fundamento en la exclusión y la ausencia (o precaria) participación política y social, y se reproduce activando múltiples dispositivos de preservación (incluidos los violentos) del conjunto de relaciones así constituidas; tal y como ha sido en el caso colombiano. El proceso subversivo compromete movilizaciones y luchas reivindicativas, orientadas a la redistribución de la riqueza y el ingreso en diferente escala, así como esfuerzos de reorganización del poder político, encaminados hacia su democratización. Asimismo, involucra acciones y propósitos de transformación revolucionaria"[2].

Si la legitimidad de lo subversivo consagra una forma de existencia de la rebelión y si, además, este constituye el contenido de un proceso de lucha social cuyos modos y métodos pueden variar históricamente, ¿de qué manera se puede visibilizar un propósito estratégico en el contexto de la nueva situación que se ha creado con el retorno al gobierno de la derecha uribista?

Ha venido manifestándose en el transcurso de este decenio la masificación de protestas diversas que han ido consolidando exigencias, reclamadas a lo largo de múltiples movimientos y paros cívicos, jornada reivindicativas o movimientos con una creciente participación de las jóvenes generaciones, tanto estudiantiles como incorporadas al campo laboral a través, entre otras, de la desesperanza del empleo, el desempleo y la carencia de horizontes, cerrados por el sistema político y económico.

La profundidad de la crisis del capitalismo en la inmediación latinoamericana y caribeña condiciona y determina la complejidad de los procesos de cambio. A falta de un contexto con mayor profundidad, la estrepitosa elección de Bolsonaro en Brasil es un signo de alarma que conjuga no sólo los nuevos instrumentos puestos en juego por los representantes políticos del imperialismo, sino también el despliegue de una batalla de ideas inspirada en los extremos del autoritarismo y del pensamiento paramilitar. Más que sólo un recurrir al fascismo por parte de las clases dominantes, estamos presenciando un derrumbe de la democracia limitada, articulada y amañada a la medida del capital financiero, de su mezquina visión y de su política miserable, investida de expresiones mágico-religiosas, de una moral confesional y ultramontana. También es claro el desencanto en capas populares ante gobiernos que se dicen representar a un capitalismo "social", en el tiempo convivientes y cómplices con la orgánica del sistema, sometidos al escrutinio estrepitoso y las más de las veces hipócrita de los media del gran capital, a propósito de la "corrupción en la izquierda". La "guerra jurídica" cumple su cometido al judicializar a dirigentes reconocidos de la lucha popular como vulgares delincuentes, sin que sea posible establecer si existe o no un debido proceso, o pasando por encima de éste. En definitiva, no se trata de hacer justicia sino de destruir paradigmas, desvalorizar posibles alternativas de izquierda y darles soporte a los odios racistas, sexistas, nacionalistas, clasistas y anticomunistas que soportan el novísimo irracionalismo, inspirador de la ultraderecha.

No es el tema de esta nota detenerse en las implicaciones de este nuevo momento brasileño para América Latina. Solo podemos afirmar que esta fase de la contraofensiva, que se inviste de legitimidad eleccionaria no puede más que exacerbar las contradicciones sistémicas, el antiimperialismo, la confrontación social con las transnacionales y las batallas por el poder político. El capitalismo, en su crisis, empuja a desigualdades aún más profundas. Independientemente del endiosamiento mediático y del alineamiento absoluto de las élites gobernantes colombianas con el capitalismo y la subordinación neocolonialista, el impacto creciente en profundidad y amplitud de la turbulencia, provoca cambios en las maneras de percibir el mundo y en las sensibilidades que se mantenían aparentemente inalteradas. En pocas palabras, amplía el ámbito de la subversión.

Por eso volvemos sobre nuestros pasos: ¿Por cuál rumbo potenciar lo ganado? ¿De qué manera elegir el camino para encarar las dificultades conocidas y poner en el cuadrante los nuevos retos y peligros, para superarlos y avanzar?

Sobre la unidad de acción política

Unidad de acción política es una ruta y un método para unir fuerzas que pone en relación las reivindicaciones sociales del orden corporativo, local o de rama con un programa coherente, una clara visibilización de la confrontación a la estructura de dominación y a la política de clase que agencia el capital a través del Estado a su servicio. La unidad de acción política puede hacer parte de una estrategia enmarcada en la lucha de clase y puede abarcar los aspectos profundos de un movimiento cívico, la lucha por el diálogo y la solución política, la exigencia de una política pública o de una gran reforma democrática.

En varios campos de la intervención ciudadana subversiva existen coincidencias entre vertientes diversas de la lucha popular que permiten reforzar los pasos alcanzados. En primer lugar, en el reclamo por la consolidación cabal de la implementación del Acuerdo de paz, así como del espíritu de diálogo, con la exigencia en alto de que se establezca una política integral de paz del Estado. Con el agregado de defender la vigencia de la Justicia Especial de Paz (JEP) y exigir la libertad de los presos políticos que aún no reciben la amnistía. En segundo lugar, la coincidencia de esta política de paz interna con una definición de respeto a la autodeterminación y a la no intervención, particularmente en las relaciones con la hermana República bolivariana de Venezuela, esto es, una política de paz, cooperación y amistad para la región y el continente. En tercer lugar, en la experiencia de la convergencia política, nacida de significativos progresos electorales al abrir un espacio parlamentario que durante muchos años no existió en Colombia y con una perspectiva de trabajo común alentadora, pese a las diferencias. En cuarto lugar, en la necesidad de cohesionar los objetivos, aproximar la dinámica de las luchas sindicales, sociales, rurales y urbanas, educativas, regionales y etno-sociales, valorar la eficacia de las movilizaciones cívicas sin perder la conexidad con el debate parlamentario y la discusión pública de propuestas de reformas democráticas.

Si de algo sirven los avances relativos ha de ser para establecer prioridades con relación a lo que es estratégico en cuanto a reformas necesarias, pero también posibles. El gobierno de Duque consiguió canalizar la consulta anticorrupción para dosificar algunas que podrían titularse como amenazas a notables privilegios del poder. Se trataría de modificar una normatividad ventajista, que favorece la práctica de los factores políticos y económicos dominantes, como parásitos en el Estado, objetivo no fácilmente alcanzable dado el volumen de intereses en juego. Pero el sentido de lucha social y política que se manifiesta en el tránsito de toda una fase histórica de lucha armada a la búsqueda de una real apertura democrática no encuentra su solución en remedios laterales, que tocan los efectos, pero no las causas de fondo, responsables del desajuste del sistema político. El reparo crítico del movimientos estudiantil y profesoral al acuerdo del Gobierno y los rectores sobre la aguda crisis del financiamiento para las Universidades Públicas ilustra esa diferencia entre una falsa solución demagógica, mientras se consolida el verdadero marchitamiento de los entes públicos, en contraste con la exigencia de fondo de una nueva política de educación universal, gratuita y de alta calidad[3]. Quiere decir que el elemento estratégico está en una verdadera reforma política que entregue instrumentos a las corrientes populares para construir, ampliar y profundizar todos los espacios de la pregunta por la democracia.

Sabemos de la dificultad que implica una correlación de fuerzas desfavorable. Sin embargo, de lo que se trata es de aprovechar el nuevo ambiente político para generar una traza de intención, en dirección de un proyecto democrático de sociedad y de país, en un proceso de cambios que no pueden reducirse a lo político, que tendrán que tocar puntos clave económicos y sociales, pero que van a requerir de instrumentos, opciones, espacios, derechos y garantías para que la ciudadanía, en su conjunto, pueda intervenir con sus mayorías en favor de los intereses de esas mayorías. Si el punto dos de la agenda no fue el mejor favorecido en el acuerdo de La Habana, sigue siendo un factor significativo para que avance una reforma política y electoral. Un dato muy importante fue el amplio respaldo del año anterior a la concreción del Estatuto de la oposición, esfuerzo común desde la izquierda, el Acuerdo de La Habana y los aliados de la paz. El logro del derecho a las coaliciones en listas a corporaciones ⸺aún en proceso⸺ se impuso en los hechos con la lista Decentes y envuelve un potencial de gran valor para la convergencia y la política de Frente amplio. Prevalecen, sin embargo, tanto en lo acordado como en las propuestas de la Comisión Especial de Expertos, medidas discutibles como la permanencia del umbral, la adquisición progresiva derechos, tal como una carrera de obstáculos; la obtención de la personería jurídica mediante la acreditación de un número determinado de inscritos en planillas; las listas cerradas; el financiamiento ambiguo de las campañas y otros distractores que no permiten avanzar ni una pulgada en la democratización institucional.

Como lo reconocen los analistas Carolina Jimenez y Francisco Toloza: "La proliferación de iniciativas legislativas de reforma política electoral solo ratifica el anacronismo del actual sistema electoral colombiano y la deuda no saldada con su transformación, la cual está contemplada en el Acuerdo Final de Paz. No obstante, también es evidente que los intereses políticos de quienes precisamente son los responsables de tramitar y aprobar estas normas se resisten a cambiar las reglas del juego electoral con las que ellos mismos fueron elegidos".[4]

La peor corrupción a derrotar es la que rodea el sistema de elecciones, de partidos, el Consejo nacional electoral ⸺hoy en manos de los partidos de la derecha⸺ la inexistencia de una Corte electoral y de un equipamiento confiable para el voto digitalizado. Allí donde se construyen los equipos del poder político y se tejen las distintas tipologías de fraude, escandalosas y persistentes que reproducen la dominación hay que dar una batalla, se dirá que utópica, pero aleccionadora en varios ángulos, porque es del lado de la gente llana, que descree de la politiquería tradicional y corrupta. El esfuerzo consiste en generar una convergencia sobre temas principales de la reforma política y electoral, útil para que puedan avanzar las fuerzas del pueblo y para que pueda favorecerse su unidad.

Establecer los puntos básicos de una reforma política y electoral para La Paz y la transparencia

Hay una dialéctica que relaciona el objetivo del poder con el proyecto de transformaciones a realizar. El tema del poder toma sentido en las condiciones del postacuerdo y la distancia entre el mito democrático y la voluntad reformadora, limitada y mezquina de los representantes del sistema. El estado actual de la contradicción en la sociedad entre las fuerzas de la inercia y las del cambio se ha ido dinamizando, porque progresa el nivel de la conciencia política transformadora en sentido subversivo.

En los imaginarios de las mayorías empiezan a ocupar un lugar el vínculo entre los círculos gobernantes, la corrupción en el sistema y la usurpación de los derechos colectivos que abarcan necesidades vitales. Es necesario priorizar los objetivos de programa que pueden movilizar la voluntad ciudadana en íntima conexión con la importancia fundamental del tránsito hacia un nuevo poder democrático y popular. La defensa del agua, del ambiente, de la biota que sobrevive, ha tomado la forma del rechazo a los proyectos extractivistas, hasta el momento neutralizados con las consultas populares. El reciente fallo de la Corte Constitucional, restaurando el concepto del Estado como propietario del subsuelo no parece tener la capacidad de contener la idea de que la República genera derechos colectivos, que los habitantes de los territorios son dueños colectivos del espacio y del país. Un paso más allá sería la comprensión de que es necesario cambiar el modo de producción y las relaciones correspondientes si se quiere de verdad salvaguardar la riqueza medioambiental en provecho común y en defensa del planeta. Al fin y al cabo, la terminación de la lucha armada en muchos de estos espacios territoriales no significa una patente de corso para que el gran capital transnacional y las cohortes paramilitares en proceso de expansión y consolidación hagan cuanto les apetezca.

Si lo dicho en los párrafos anteriores tiene algún sentido tiene que ser el de trabajar desde ahora para darle curso al acuerdo en la izquierda sobre los puntos esenciales de una reforma política y electoral vinculada al proyecto de paz democrática con justicia social. Se trata de entablar el debate público que concrete la necesaria apertura de los espacios a la intervención creciente de nuevos sectores ciudadanos, hasta ahora marginalizados. Un pequeño paso en esta dirección sería la aprobación de las 16 circunscripciones territoriales especiales, pero muy poco se podrá avanzar si no se constituye un Consejo o Corte y un sistema electoral transparente, digitalizado y confiable.

[1] Moncayo, Víctor Manuel, La paradoja de la continuidad subversiva no armada, Izquierda, número 73, agosto de 2018, pg. 54.

[2] Jairo Estrada Álvarez (2015). "Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada", en https://www.ambitojuridico.com

[3] La política Ser Pilo Paga, Generación E y la ley 1911 de 2018 hacen parte, entre otros elementos, del plan destinado a financiarizar la educación superior, como nuevo modo de la privatización de la Universidad Pública y el fortalecimiento selectivo de las Universidades privadas.

[4] "La reforma política propuesta por el gobierno de Duque - Encuentros y desencuentros con el acuerdo final". Equipo Apertura democrática y Participación política, Carolina Jiménez/ Francisco Toloza Bogotá, septiembre 11 de 2018, CEPDIPO, Cuaderno 1.

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