90 años después de la huelga de los obreros bananeros

Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ser sindicalista. Si no el más peligroso de todos. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre 1973 y julio de 2018 se registraron en el país 3.129 asesinatos de dirigentes y activistas de las organizaciones sindicales del campo y la ciudad. En promedio, 6 crímenes mensuales. Y cobijados, naturalmente, por la más absoluta impunidad.

Tal como sucedió con la masacre de Santa Bárbara, donde fueron sacrificados 12 habitantes de esa población, heridos más de cien y encarceladas alrededor de 80 personas, a quienes condujeron a las instalaciones del Batallón Girardot. En esta ocasión –como en el caso de las bananeras en diciembre de 1928– también fue el ejército colombiano el que disparó contra el pueblo trabajador y también para defender los intereses de los patronos: de la United Fruit Company, en un caso, y de Cementos El Cairo (luego cementos Argos), en el otro. Ministro de Trabajo en febrero de 1963 era Belisario Betancur Cuartas, a quien hoy la oligarquía colombiana despide en "olor de santidad", sin que hubiera sido investigado por su responsabilidad en este y en otros trágicos episodios de nuestra historia reciente: ¿Cuál fue su verdadero papel en esa ocasión y en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando era presidente de la República? …

Menciono los tres casos en un solo golpe de voz porque no se crea que alguno fue episódico u obra de la voluntad malévola de alguien en particular: el régimen colombiano ha llegado a aceptar solamente la existencia de "manzanas podridas" en su seno, pero no –como es en realidad– que existe –y ha existido siempre– una política de represión contra cualquier manifestación de descontento y/o luchas populares; una decisión política de criminalizar la protesta social y castigar –por la vía legal, pero también por otras vías– a quienes osan levantar su voz y sus banderas. Y lo vemos cotidianamente. De ello dan fe los estudiantes, los profesores, los pobladores y trabajadores del campo, los obreros de las industrias y los servicios, los que luchan por recuperar la tierra de que fueron despojados violentamente, los indígenas, las comunidades negras cansadas del ostracismo y la discriminación… Y se crean para cumplir semejantes misiones odiosos máquinas de agresión oficial, como el ESMAD. Y han pululado los grupos paramilitares, ejecutores directos de una guerra sucia que no cesa de diezmar las huestes populares, sus organizaciones y sus más esclarecidos dirigentes, ante la impasible mirada de quienes detentan el poder y no encuentran por ninguna parte ni siquiera un indicio (¡!¿?) que permita establecer un patrón que explique la sistematicidad criminal de lo que sigue ocurriendo: Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP, esto es, desde diciembre de 2016 hasta mediados de noviembre de 2018, han sido asesinados 482 líderes y lideresas sociales. Solo en los primeros 100 días del gobierno de Duque hubo 120 víctimas. Pero, además, durante el año aún en curso ha sido segada la vida de 92 antiguos integrantes de las FARC, la guerrilla que firmó el acuerdo y lo ha cumplido a cabalidad[1].

90 años después de la masacre de los trabajadores bananeros, el sindicalismo colombiano sigue siendo perseguido y debe enfrentar la estrategia de tercerización e informalización laboral promovida por el empresariado desde hace ya décadas. Varios intentos de tramitar una reforma laboral democrática han sido abortados en el Congreso por las bancadas de las élites políticas tradicionales, sin que los trabajadores puedan ejercer su legítimo derecho a la organización sindical y a la negociación colectiva por rama industrial, un elemento necesario de democratización que aportaría al logro de superar la dispersión del movimiento sindical y la baja cobertura organizativa.

90 años después de la masacre de las bananeras, en esencia, no ha cambiado la cara del régimen. La sangre de los obreros del banano, derramada para satisfacer el hambre insaciable de ganancias de una empresa imperialista que había convertido el territorio de la ciénaga del Magdalena en un enclave bajo su gobierno y mando, sigue regando el territorio de nuestro país en cada campesino asesinado, en cada líder social sacrificado, en cada estudiante golpeado y vejado, en cada profesor acallado por la metralla infame del paramilitarismo, en cada huelga ilegalizada, en cada obrero despedido por asumir la defensa de sus derechos y la lucha por su ampliación y desarrollo. 90 años después, la soberbia y la arrogancia imperialistas prevalecen, como prevalece la genuflexa oligarquía colombiana que no retrocede ante la violencia y la negación de los más elementales derechos de los trabajadores para defender sus intereses y los del capital transnacional. ¡Sin importar a qué costo!

[1] Véase: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408

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