La democracia energética como herramienta de transformación en el marco del posacuerdo

Modelo económico, cambio climático y el papel de Colombia

El cambio climático aparece en nuestro tiempo como una amenaza indiscutible para la supervivencia y su evidencia cuenta con amplio consenso por parte de la comunidad científica. El aumento vertiginoso del uso de los combustibles fósiles para suplir las necesidades energéticas a escala global ha llevado a un incremento de 0.8 ºC de la temperatura promedio desde que la economía mundial depende de estos energéticos primarios.

A pesar del aparente interés de sectores gubernamentales, empresariales e inclusive sociales, no parece existir una voluntad real de revertir la tendencia y proponer soluciones estructurales para afrontar la consabida crisis ambiental. El esquema de mercado y la irracionalidad del capital, potenciados por lógicas de consumo artificialmente generadas y la obsolescencia programada como condición de su reproducción, han provocado un aumento sin precedentes en el uso de combustibles fósiles con su correspondiente aumento de emisiones. Actualmente, los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) representan el 85% del mix de energéticos primarios necesarios para poner en marcha todas las actividades que requieren transformación de energía a escala global (Klein, 2015). Es bastante diciente que de las 10 corporaciones más grandes del mundo (por ingresos), 5 están directamente ligadas a la explotación o comercialización de combustibles fósiles.Colombia no es ajena a la escena de esta compleja red global de negocios. Por el contrario, ha venido siendo foco de creciente atención a nivel internacional. Coadyuvado por una regulación flexible y la progresiva eliminación de barreras, el capital transnacional ha aumentado sus inversiones en diferentes sectores de la economía colombiana, con principal énfasis en minería e hidrocarburos. Algunos estímulos se enmarcan en la imposibilidad de discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros, la flexibilización en el proceso de autorización de inversiones, la flexibilización y extensión de tiempo para la explotación de múltiples minerales, los contratos de estabilidad jurídica, la prohibición de las medidas tendientes a la nacionalización y las licencias ambientales exprés (Ver: Decreto 2080 de 2000, Ley 685 de 2001, Ley 963 de 2005, Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones).

Además, esta fórmula de reprimarización de la economía tiene como efecto colateral inherente la proliferación de conflictos ambientales, que van desde conflictos por la tierra, pasando por la falta de gestión de residuos, hasta la amenaza de cuencas hidrográficas. Esto pone a Colombia –con 128– en el deshonroso segundo lugar a nivel mundial en número de conflictos ambientales reportados, solo superada por India con 282 y teniendo en cuenta que la India triplica en extensión nuestro territorio y tiene una población 26 veces más grande. De tal manera que, en términos globales, somos el país con mayor número de conflictos ambientales por habitante y también por kilómetro cuadrado. La mayoría de conflictos reportados están relacionados con minería, extracción de petróleo y uso de la tierra (ver el Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.org/). Cabe anotar que, con la salida de la guerrilla de algunas regiones, estas se han visto afectadas ambientalmente por tala indiscriminada, debido a la ausencia de los programas de control ambiental que otrora ejercía la insurgencia.

Democracia energética

En el contexto colombiano, entendiendo la característica multidimensional del conflicto, existe una oportunidad en torno al punto de inflexión que constituye el Acuerdo de Paz, con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente, con una nueva visión del agro y del uso del suelo, y estableciendo relaciones no depredadoras con la naturaleza. Lo anterior debe estar necesariamente asociado a las discusiones sobre el modelo minero-energético, la privatización de recursos naturales y energéticos, y la falta de energía en vastas zonas del país que condenan a un sinnúmero de comunidades al ostracismo y al atraso. En el caso concreto de lo energético, existen propuestas dignas de explorarse que pasan por la desprivatización de empresas de importancia estratégica, esquemas de control local de activos de generación de energía y la promoción y real implementación de fuentes renovables no convencionales de carácter distribuido con el fin de promover acceso democrático, generar empleo y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.

Además, esta nueva concepción debe propender por incorporar elementos de verdadera participación de las comunidades en la toma de decisiones acerca de su futuro ambiental y energético, en las que primen las necesidades reales de la población, desde las consultas previas y el control democrático de los recursos. Esta lógica se circunscribe en el concepto de democracia energética, cuya filosofía se enmarca en los siguientes principios:

Promoción de generación renovable de manera distribuida en lugar de grandes centrales. Es decir, priorizar aprovechamientos hídricos (de pequeña escala), solares fotovoltaicos, eólicos, etc., que suplan de manera local las necesidades energéticas de comunidades, barrios, caseríos, etc.

Las empresas proveedoras de energía eléctrica privatizadas deben pasar nuevamente a manos públicas. El esquema de negocio promovido por las empresas privadas ya ha probado ser insuficiente para evitar problemas ambientales, laborales y tarifarios. Un ejemplo de lo anterior, es lo ocurrido en la ciudad alemana de Hamburgo con el referendo del año 2013, con el que, después de años de intensa movilización, la ciudad aprobó dar marcha atrás a la privatización de sus redes eléctricas, de gas y calefacción. El resultado fue la remunicipalización de sus redes, esgrimiendo como principal argumento que solo la propiedad pública podría alcanzar un suministro energético socialmente igualitario, amigable con el ambiente y democráticamente controlado.

Estas redes eléctricas deben ser propiedad de las comunidades organizadas. De esta manera se asegura su control con el fin de satisfacer las necesidades que la propia comunidad defina como prioritarias.

Es necesario cambiar el actual marco regulatorio en el que prima el margen de ganancia por uno que priorice las necesidades más urgentes de la población, con el fin de que el uso de la energía redunde en mejores condiciones de vida para las comunidades, desde la perspectiva laboral, ambiental, económica y social. Además, las formas de control y propiedad local de la energía, junto con empresas públicas centralizadas de gran tamaño que puedan existir, deben establecer mecanismos de planeación, operación y coordinación para beneficio mutuo.

Existen ejemplos documentados de cooperativas energéticas en Canadá, Nepal, EE.UU., Alemania, Argentina, Italia, Croacia, Dinamarca, entre otros. En Alemania, por ejemplo, existen más de 800 cooperativas energéticas que agrupan más de 200.000 personas. En Dinamarca, ¼ de la energía eólica es propiedad cooperativa y agrupa alrededor de 150.000 personas.

La concepción de democracia energética, fuera de ser posible –como se ha demostrado en otros países–, se convierte en un elemento central en la discusión sobre el futuro ambiental y la reducción de brechas sociales en países especialmente pobres. En Colombia, aunque de manera todavía tímida, existen ejemplos que empiezan a romper con la lógica de esquemas centralizados de producción y que contribuyen al empoderamiento de las poblaciones, como el proyecto del resguardo indígena Calle Santa Rosa en Timbiquí o el proyecto desarrollado por excombatientes con recursos de cooperación internacional, para la instalación de un tornillo de Arquímedes en la ETCR de Miravalle, Caquetá.

El planteamiento de la generación de condiciones de igualdad y verdadera democracia a través de la relación amigable con el ambiente y el acceso democrático a la energía, no se escapa del proceso de Paz de La Habana.

Atisbos de democracia energética en el Acuerdo de Paz

Lo plasmado en al Acuerdo ha sufrido múltiples traiciones y modificaciones unilaterales, y su mera existencia no es garantía mecánica del efectivo cumplimiento por parte el Estado colombiano. No obstante, es menester de los sectores que le apuestan a la Paz con justicia social, desplegar toda su capacidad combativa, creativa y sin ambigüedades para lograr la concreción del Acuerdo. En este sentido, vale la pena destacar algunos apartes de su contenido que pueden constituirse en un insumo inicial para proponer un debate más amplio sobre los derechos energéticos y ambientales en el marco del escenario transicional.

Desde el inicio del proceso de Paz se planteó explícitamente que "el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso" y que "el desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo a las grandes mayorías, permite crecer como país", pilares fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera.

El Acuerdo de Paz incluye en la sección 1.3.1. planes para mejorar la infraestructura y adecuación de tierras. Dentro de estos, lo relacionado con el acceso al servicio de energía y conectividad es cardinal y abre una oportunidad para que todos los sectores interesados desarrollen propuestas que garanticen el aumento de la cobertura y sostenibilidad de las soluciones. Por su parte, el decreto 884 de 2017, Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, también enfatiza en la necesidad de establecer planes que se ajusten a las necesidades de las comunidades y los mecanismos que "permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las soluciones energéticas que se construyan para su uso".

En el punto de participación política se menciona la importancia de la planeación democrática y participativa en los asuntos que atañen a las comunidades, con el fin de elaborar políticas públicas y establecer mecanismos de discusión de los planes de desarrollo. Una de las herramientas son los Consejos Territoriales de Planeación, que deben contar con un amplio espectro de organizaciones y movimientos para la toma de decisiones y la planeación democrática y participativa. A la vez que se fortalecen las organizaciones y los movimientos para la construcción de paz, también se deben crear los mecanismos para la financiación de iniciativas y proyectos propios para la promoción y el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales. Si estos mecanismos se hacen efectivos, el acceso democrático a la energía y los planes sobre el uso de los territorios en formas no depredadoras, deben ser parte de la agenda para la construcción condiciones dignas de vida y la construcción de paz en los territorios más afectados.

El acuerdo de Reforma Rural Integral (RRI) también complementa lo mencionado, al resaltar la importancia de la promoción de planes nacionales destinados a la provisión de bienes y servicios públicos para garantizar el buen vivir de las poblaciones. Esto abre posibilidades en la vía de la democratización y el acceso a la energía para mejorar las condiciones económicas de la población a través del mejoramiento de la producción y acceso a los alimentos, la generación de empleo y la erradicación de la pobreza. Estos planes asociados a la RRI deben propender por la sostenibilidad medioambiental y tener en cuenta las necesidades y particularidades de los territorios, nuevamente en consonancia con los principios de la democracia energética.

También el plan de RRI contempla el derecho al agua y su uso racional, a través del manejo de zonas de reserva, ecosistemas frágiles y estratégicos y, en general, de fuentes importantes de recursos hídricos. Esto contradice las formas de generación de energía por medio de grandes aprovechamientos hidroeléctricos y abre el paso a otras formas de generación de menor impacto. Los Planes Nacionales para la RRI promueven la superación de la pobreza y la desigualdad. Para cumplir este objetivo se deben adelantar importantes obras de infraestructura vial, de riego, eléctricas y de conectividad, y será importante contar con la energía necesaria en zonas apartadas del país y así poder cumplir con dichos planes. Esto también permitirá que los mismos miembros de las comunidades reciban la capacitación y asistencia técnica necesaria para garantizar la adecuada operación de los sistemas aislados.

La efectiva puesta en marcha de estos planes bajo la concepción de democracia energética no es una tarea fácil, ya que necesariamente implica confrontación y una disrupción frente a los poderes energéticos dominantes que desarrollan proyectos bajo la expectativa de altas tasas de retorno. Poderes que, a su vez, responden a lógicas de acumulación a la escala transnacional y en connivencia con sectores dominantes de la política colombiana.

Conclusiones

En este escenario de disputa por la implementación real del Acuerdo de Paz existe una oportunidad que diferentes sectores académicos, sociales y políticos deben aprovechar para potenciar mecanismos de participación y decisión en el contexto del posacuerdo, a la vez que se transforman las formas de propiedad de los recursos energéticos. Esta respuesta es necesaria, ya que el capitalismo por su propia esencia está incapacitado para resolver el problema de la pobreza y el cambio climático y, por el contrario, sus dinámicas se vuelven cada vez más peligrosas para la supervivencia de la especie humana. La democracia energética, como cambio político y no como simple cambio tecnológico, implica romper con las actuales relaciones de poder, por lo que se ubica como una herramienta en la vía de lograr cambios estructurales. Esta es la oportunidad para que los movimientos progresistas, los trabajadores, los campesinos y los sectores populares en general, que son precisamente quienes no tienen intereses contrapuestos con la naturaleza y el buen vivir, incorporen de manera seria la democratización de la energía como alternativa de fortalecimiento de la organización y como elemento transversal de la agenda para la consecución de cambios democráticos y la erradicación de la pobreza.

Bibliografía

Naomi Klein (2015). Esto Lo Cambia Todo.

Agencia Internacional de Energía (2015). World Energy Outlook 2015.

The World's Largest Corporations (2015). Revista Forbes.

Jairo Estrada Álvarez (2010). Derechos del Capital.

Atlas Internacional de Justicia Climática, en https://ejatlas.org/

Power to the People: toward democratic control of electricity generation (2015). Cornell University.

James Angel (2016). Strategies of Energy Democracy. Bruselas, febrero 2016.

Matthew J. Burke, Jennie C. Stephens (2018). Political power and renewable energy futures: A critical review, Energy Research & Social Science, 35, 2018, pp. 78-93, ISSN 2214-6296.

Resist, Reclaim, Restructure: Unions and the struggle for energy democracy, Cornell University, 2012.

Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2012.

Alto Comisionado para La Paz, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, República de Colombia, Bogotá, Colombia.

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