Gatopardismo para la paz ¿Presupuestos para la guerra?

Mientras avanzan erráticamente tanto el tiempo, el postacuerdo como la fase del postconflicto armado en Colombia, períodos vigentes que están lejos de clausurarse, se ratifica que los escenarios de la construcción de la Paz estable y duradera se proyectan hacia el porvenir con altos grados de incertidumbre.

Las disposiciones políticas estatales y las iniciativas en política adelantadas por los gobiernos del postacuerdo ⸺Santos Calderón, y ahora, el actual y sucesor, Duque Márquez⸺ vienen siendo los actores (y los factores) cruciales. Sobre ellos recaen centralmente no sólo las trayectorias de los resultados exiguos hasta ahora alcanzados, por ejemplo, en las intermitentes negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ⸺hoy entrampadas en el limbo⸺, sino también los avances y, especialmente, las dilaciones, los retrasos, las distorsiones y los incumplimientos verificados durante la fase de implementación temprana surgida del Acuerdo final.

En este balance resulta fundamental destacar el tono de las responsabilidades institucionales y administrativas por parte del Estado colombiano. Especialmente, las orientaciones políticas y las actuaciones gubernamentales que las traducen, hasta el momento registradas.

El examen de la coyuntura sugiere en todo caso que, antes de consolidar un panorama tendiente a desatar el trasfondo de la intensa conflictividad sociopolítica (aún vigente), desactivando paulatinamente sus expresiones históricas (como las armadas, aún latentes) y canalizándolas hacia una institucionalidad en vías de aperturas democráticas, la oficialidad dirigente insiste en mantener ⸺más grave aún: profundizar⸺ las situaciones y condiciones que en el pasado han obstaculizado las rupturas históricas que exigiría un cambio de época hacia el futuro.

La transición desde la Guerra hacia la Paz, motivado entre otras cosas por los pactos para la conflictividad pacífica, es decir que lo político logre ser canalizado por otros medios, reclama un proyecto político que permita proyectar no sólo una época de cambios desde la superficie de la sociedad colombiana (el "silenciamiento de los fusiles", incluyendo por supuesto los del aparato estatal); se precisan auténticos puntos de quiebre, cambios de época (para las transformaciones), progresivamente radicales, es decir, escarbando hacia las raíces y el trasfondo de las problemáticas sociales.

Economía estatal y finanzas gubernamentales: síntomas en el período 'post'

Los síntomas que descifran las posiciones y disposiciones en torno a la consecución de la Paz, entendida menos como formalidad institucional ⸺sea legal u organizacional⸺ que como realidad socialmente materializada, pueden ser analizados a partir de lo que expresan los actos gubernamentales, o si se quiere más ampliamente, el Estado en acción.

Los hechos concretos y no exclusivamente los actos retóricos que convoca este proceso, deben ser interpretados e interpelados a partir de las decisiones políticas sustanciales que hoy por hoy hacen parte de este contexto.

Sin ser la única, aunque sí bastante paradigmática por sus efectos e implicaciones, la dimensión "económica" de la Paz y, más puntualmente, los procesos de financiación específicos para la implementación del Acuerdo (condición suficiente) y las perspectivas presupuestales en el marco del postacuerdo/conflicto armado (condición necesaria y también complementaria) son claves cruciales para la comprensión, incluso, para la explicación, en retrospectiva y prospectiva del proceso. Lo anterior está lejos de sugerir una suerte de economicismo en las aproximaciones. Al contrario. Animaría a que estas categorías dejen de aislarse y se conciban en un más allá de la (falaz) dimensión puramente económica. En cambio ⸺parafraseando a Lukács⸺, las categorías económicas deben comprenderse como formas de ser y condiciones de existencia sociales (especialmente, a partir de sus contradicciones) dentro del debate sobre la construcción social de la Paz.

En primer lugar, la financiación insuficiente de la implementación del Acuerdo de Paz, un compromiso del Estado más allá de sus gobiernos, resulta palmaria. Fue denunciada por las "salvedades" del componente CSIVI-FARC, consignadas dentro del Plan Marco de Implementación (PMI). Más recientemente, la propia institucionalidad estatal mediante la Contraloría General de la República en el Segundo informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones (CGR 2018), ha ratificado la inconsistencia política y la incoherencia en las políticas (también en aspectos "técnicos") anticipados sobre este tema en el PMI:

El análisis de la planeación y ejecución de los recursos de inversión destinados a la implementación del AF permite concluir que el presupuesto, si bien está acorde con la regla fiscal, no asigna suficientes recursos para su cumplimiento. El equipo de la CGR identificó que aquellos recursos presupuestados para la implementación del AF no son suficientes para cubrir la totalidad de lo acordado, particularmente en el caso de la RRI, el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de la Ley 1448 de 2011 contempladas en el punto 5… [énfasis propio] (CGR 2018, 38).

Concluyendo:

(…) el AF debería tener, al menos, $76,02 billones adicionales, lo que representaría 0,4% del PIB anual que se sumarían al déficit fiscal que se ha proyectado para los próximos años [énfasis propio] (CGR 2018, 26).

Aquí, la regla fiscal de los tiempos de guerra se ha venido anteponiendo al mandato político para los tiempos de paz.

En segundo lugar, otra controversia estrechamente vinculada con la planeación presupuestal en Colombia ha sido advertida por David Cortright, actual director del programa Barómetro del Kroc Institute for International Peace Studies, institución que apoya "técnicamente" el seguimiento a la implementación por mandato del AF. Aunque los Informes sobre el estado de la implementación por parte del Instituto Kroc parecen omitir deliberadamente estas guías interpretativas, y sabiendo las restricciones de los enfoques sobre "Gobernanza para la Paz", los cuales teórica y políticamente resultan bastante convencionales, varias conclusiones de este análisis derivan en alertas y aprendizajes en torno a las denominadas "situaciones de posconflicto".

Llama la atención Cortright et al. (2013, 10):

El presupuesto militar elevado es parte del problema en las situaciones de post-conflicto, no parte de la solución. En lo substancial, lo hace más propenso al conflicto. Los Estados que priorizan los gastos militares en vísperas de un acuerdo de paz están apostando, incluso inadvertida o intencionalmente mostrando una voluntad de incumplir los acuerdos negociados. Priorizar los programas sociales tales como educación y salud, de otra parte, podría mostrar una intención de concentrarse en el desarrollo de la paz y el crecimiento económico en lugar de más conflictos armados. La importancia del gasto social aparece constantemente en las investigaciones sobre la relación entre gobernanza y paz [énfasis propio].

Al respecto, distintas situaciones sobre el caso colombiano deben ser subrayadas en relación con los síntomas de la estructura presupuestal en Colombia, hoy vigentes.

Como lo ilustra la tabla N.° 1, el gasto militar como proporción del Producto Interno Bruto en el país resulta desproporcionado. Tanto en tiempos de la guerra de largo plazo como también en el corto período de los tiempos de la construcción de paz y el postacuerdo, los recursos destinados al sector se estabilizan en rangos superiores al 3% PIB. Realizando un contraste válido ⸺a través de casos relativamente similares⸺ con los países de la región, el presupuesto militar está sobredimensionado.

Proporcionalmente, el gasto colombiano en el hemisferio sólo resultaría equiparable con los Estados Unidos, país que, huelga decirlo, se encuentra a la cabeza de los gastos militares en el planeta. Para ponerlo en perspectiva: en 2017 el gasto militar de los Estados Unidos estuvo en el orden de U$610 billones, casi 3 veces del gasto realizado por China (2.º en el ranking mundial), y es equivalente al gasto realizado por las siguientes 7 potencias militares a nivel global (China, Arabia Saudita, Rusia, India, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania y Corea del Sur), U$578 billones. El presupuesto estadunidense es superior al del resto de las naciones (excluyendo las 7 potencias militares), contabilizado en U$551 billones (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI. 2018. "Military Expenditure Database").



De hecho, la destinación presupuestal sectorial hacia el Ministerio de Defensa ha mostrado incrementos sostenidos durante este siglo XXI. Lo que puede aparecer como una paradoja, la administración Duque, cronológicamente el segundo gobierno de los tiempos de la Paz y el postacuerdo, superaría la tendencia histórica (promedio) registrada por los gobiernos de la guerra. El registro es mayor, incluso, al del mandato de Uribe Vélez, durante el cual se observaron los niveles más altos en cuanto al gasto militar (% PIB) durante el último cuarto de siglo.



Además del desmedido gasto militar en Colombia, la tendencia presupuestal de los primeros años del "post-acuerdo" (2017-2019) permite evidenciar las "preferencias" de la financiación vinculadas con la priorización a la que se refiere Cortright.

En este aspecto, resulta palmario el contraste existente entre las diferentes asignaciones sectoriales pertenecientes a los rubros policial-militar y aquellos relativos al "gasto social" (selectivos):



Desde el entusiasmo del 'nada cambie' hacia el optimismo del 'todo se transforme'

Para ilustrar las paradojas del momento, es preciso recordar la novela El Gatopardo, en la que su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, evoca la situación de la aristocracia terrateniente italiana que enfrentaba un episodio (potencialmente) revolucionario, la cual es personificada por el príncipe Fabrizio Corbera, quien en algún momento de la obra sentencia que "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie".

Por contraste, el gatopardismo criollo, y la continuidad jaspeada de las orientaciones de los gobiernos "post", parecerían justificar la máxima "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que nada cambie". En todo caso hay que subrayar cómo las viejas fuerzas de la continuidad se muestran cada vez más anacrónicas políticamente, y obsoletas socialmente.

Desde hace décadas, a través del Estado, la clase dirigente ha pretendido imponer (sin éxito, es decir, sin generar algún grado contundente de legitimidad social) el monopolio de las violencias física y simbólica, tentativa que, para nadie es un secreto, se ha visto coronada por el fracaso, y definitivamente frustrada. De ahí que sea insustituible e impensable dejar de recurrir al "consenso de la fuerza", descartando de plano "la fuerza del consenso", para poder conservar sus poderes, privilegios y estatus, conseguidos y acrecentados por la política, en sus términos, la guerra, como único medio.

Ante este oráculo entusiasta instalado por la institucionalidad desde arriba y los escenarios sombríos que ella convoca actualmente, la potencia plebeya, transformadora constituyente desde abajo, tiene la tarea de seguir insistiendo en el optimismo de la voluntad para materializar los anhelos de la Justicia Social y recrear así el futuro de la Colombia del Común: la Paz estable y duradera.

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