De la subversión y la alternativa

Todos los sectores de la opinión, especialmente la izquierda y corrientes avanzadas, han reconocido el hecho innegable de encontrarnos en un momento distinto de la vida nacional. Ello implica una valoración afirmativa del tránsito propuesto por las FARC-EP a una solución política, el logro de un acuerdo que ha empezado a romper el circuito de las impotencias para generar el cambio, la difícil implementación y los enormes escollos que a cada paso se han ido tejiendo en el pugilato entre los factores de avance y las poderosas fuerzas de la inercia.

Un efecto de esta relación contradictoria ha sido el regreso al gobierno de una vertiente de la burguesía altamente comprometida con la estrategia contrainsurgente. Este retorno, como todas las segundas partes, no puede hacer caso omiso de lo vivido, de lo concretado, de lo pendiente, de las nuevas premisas que han resultado de una prolongada confrontación sociopolítica y armada. Lo nuevo ⸺en medio de las inmensas limitaciones que impone un sistema como el colombiano, fuertemente condicionado por la geopolítica, en la que juega un papel central el imperialismo estadounidense⸺ muestra no sólo el sorprendente fenómeno de ascenso de una oposición político-electoral, con fuertes raíces sociales en capas populares, y la conciencia incipiente de los componentes diversos de este conglomerado, que ha apoyado los procesos de convergencia, sino también la nueva dimensión que adquiere la inconformidad social en una sociedad fracturada por insondables desigualdades y la creciente incredulidad de inmensos sectores sociales en las virtudes de una dominación que no logra escamotear ni esconder las facetas de su corrupción y descomposición.

Creemos muy necesaria una reflexión sobre la perspectiva estratégica. Víctor Manuel Moncayo ha señalado que: "El acuerdo de paz reconoció que en efecto existía esa forma de expresión y que era preciso ponerle fin, para lo cual eran necesarios ciertos y determinados cambios o reformas que fueron debidamente concertados. Pero, de ninguna manera llegó a considerar que el conflicto propio de una sociedad capitalista como la nuestra terminara en virtud del Acuerdo, sino que únicamente terminaba esa modalidad armada, admitiendo, por consiguiente, que, si el conflicto económico-social subsistía, podrían darse otras expresiones igualmente subversivas del orden que no fueran armadas"[1]. Una interpretación del conocido concepto de Fals Borda sobre subversión, la expuso Jairo Estrada en su contribución a los 12 Ensayos sobre el conflicto y sus víctimas: "Éste puede ser definido en el sentido más general y abstracto en términos de las acciones y respuestas espontáneas u organizadas de las clases subalternas de la sociedad contra un orden que se sustenta en la apropiación privada del trabajo social, en la concentración de la riqueza y la desigualdad socioeconómica, se organiza políticamente con fundamento en la exclusión y la ausencia (o precaria) participación política y social, y se reproduce activando múltiples dispositivos de preservación (incluidos los violentos) del conjunto de relaciones así constituidas; tal y como ha sido en el caso colombiano. El proceso subversivo compromete movilizaciones y luchas reivindicativas, orientadas a la redistribución de la riqueza y el ingreso en diferente escala, así como esfuerzos de reorganización del poder político, encaminados hacia su democratización. Asimismo, involucra acciones y propósitos de transformación revolucionaria"[2].

Si la legitimidad de lo subversivo consagra una forma de existencia de la rebelión y si, además, este constituye el contenido de un proceso de lucha social cuyos modos y métodos pueden variar históricamente, ¿de qué manera se puede visibilizar un propósito estratégico en el contexto de la nueva situación que se ha creado con el retorno al gobierno de la derecha uribista?

Ha venido manifestándose en el transcurso de este decenio la masificación de protestas diversas que han ido consolidando exigencias, reclamadas a lo largo de múltiples movimientos y paros cívicos, jornada reivindicativas o movimientos con una creciente participación de las jóvenes generaciones, tanto estudiantiles como incorporadas al campo laboral a través, entre otras, de la desesperanza del empleo, el desempleo y la carencia de horizontes, cerrados por el sistema político y económico.

La profundidad de la crisis del capitalismo en la inmediación latinoamericana y caribeña condiciona y determina la complejidad de los procesos de cambio. A falta de un contexto con mayor profundidad, la estrepitosa elección de Bolsonaro en Brasil es un signo de alarma que conjuga no sólo los nuevos instrumentos puestos en juego por los representantes políticos del imperialismo, sino también el despliegue de una batalla de ideas inspirada en los extremos del autoritarismo y del pensamiento paramilitar. Más que sólo un recurrir al fascismo por parte de las clases dominantes, estamos presenciando un derrumbe de la democracia limitada, articulada y amañada a la medida del capital financiero, de su mezquina visión y de su política miserable, investida de expresiones mágico-religiosas, de una moral confesional y ultramontana. También es claro el desencanto en capas populares ante gobiernos que se dicen representar a un capitalismo "social", en el tiempo convivientes y cómplices con la orgánica del sistema, sometidos al escrutinio estrepitoso y las más de las veces hipócrita de los media del gran capital, a propósito de la "corrupción en la izquierda". La "guerra jurídica" cumple su cometido al judicializar a dirigentes reconocidos de la lucha popular como vulgares delincuentes, sin que sea posible establecer si existe o no un debido proceso, o pasando por encima de éste. En definitiva, no se trata de hacer justicia sino de destruir paradigmas, desvalorizar posibles alternativas de izquierda y darles soporte a los odios racistas, sexistas, nacionalistas, clasistas y anticomunistas que soportan el novísimo irracionalismo, inspirador de la ultraderecha.

No es el tema de esta nota detenerse en las implicaciones de este nuevo momento brasileño para América Latina. Solo podemos afirmar que esta fase de la contraofensiva, que se inviste de legitimidad eleccionaria no puede más que exacerbar las contradicciones sistémicas, el antiimperialismo, la confrontación social con las transnacionales y las batallas por el poder político. El capitalismo, en su crisis, empuja a desigualdades aún más profundas. Independientemente del endiosamiento mediático y del alineamiento absoluto de las élites gobernantes colombianas con el capitalismo y la subordinación neocolonialista, el impacto creciente en profundidad y amplitud de la turbulencia, provoca cambios en las maneras de percibir el mundo y en las sensibilidades que se mantenían aparentemente inalteradas. En pocas palabras, amplía el ámbito de la subversión.

Por eso volvemos sobre nuestros pasos: ¿Por cuál rumbo potenciar lo ganado? ¿De qué manera elegir el camino para encarar las dificultades conocidas y poner en el cuadrante los nuevos retos y peligros, para superarlos y avanzar?

Sobre la unidad de acción política

Unidad de acción política es una ruta y un método para unir fuerzas que pone en relación las reivindicaciones sociales del orden corporativo, local o de rama con un programa coherente, una clara visibilización de la confrontación a la estructura de dominación y a la política de clase que agencia el capital a través del Estado a su servicio. La unidad de acción política puede hacer parte de una estrategia enmarcada en la lucha de clase y puede abarcar los aspectos profundos de un movimiento cívico, la lucha por el diálogo y la solución política, la exigencia de una política pública o de una gran reforma democrática.

En varios campos de la intervención ciudadana subversiva existen coincidencias entre vertientes diversas de la lucha popular que permiten reforzar los pasos alcanzados. En primer lugar, en el reclamo por la consolidación cabal de la implementación del Acuerdo de paz, así como del espíritu de diálogo, con la exigencia en alto de que se establezca una política integral de paz del Estado. Con el agregado de defender la vigencia de la Justicia Especial de Paz (JEP) y exigir la libertad de los presos políticos que aún no reciben la amnistía. En segundo lugar, la coincidencia de esta política de paz interna con una definición de respeto a la autodeterminación y a la no intervención, particularmente en las relaciones con la hermana República bolivariana de Venezuela, esto es, una política de paz, cooperación y amistad para la región y el continente. En tercer lugar, en la experiencia de la convergencia política, nacida de significativos progresos electorales al abrir un espacio parlamentario que durante muchos años no existió en Colombia y con una perspectiva de trabajo común alentadora, pese a las diferencias. En cuarto lugar, en la necesidad de cohesionar los objetivos, aproximar la dinámica de las luchas sindicales, sociales, rurales y urbanas, educativas, regionales y etno-sociales, valorar la eficacia de las movilizaciones cívicas sin perder la conexidad con el debate parlamentario y la discusión pública de propuestas de reformas democráticas.

Si de algo sirven los avances relativos ha de ser para establecer prioridades con relación a lo que es estratégico en cuanto a reformas necesarias, pero también posibles. El gobierno de Duque consiguió canalizar la consulta anticorrupción para dosificar algunas que podrían titularse como amenazas a notables privilegios del poder. Se trataría de modificar una normatividad ventajista, que favorece la práctica de los factores políticos y económicos dominantes, como parásitos en el Estado, objetivo no fácilmente alcanzable dado el volumen de intereses en juego. Pero el sentido de lucha social y política que se manifiesta en el tránsito de toda una fase histórica de lucha armada a la búsqueda de una real apertura democrática no encuentra su solución en remedios laterales, que tocan los efectos, pero no las causas de fondo, responsables del desajuste del sistema político. El reparo crítico del movimientos estudiantil y profesoral al acuerdo del Gobierno y los rectores sobre la aguda crisis del financiamiento para las Universidades Públicas ilustra esa diferencia entre una falsa solución demagógica, mientras se consolida el verdadero marchitamiento de los entes públicos, en contraste con la exigencia de fondo de una nueva política de educación universal, gratuita y de alta calidad[3]. Quiere decir que el elemento estratégico está en una verdadera reforma política que entregue instrumentos a las corrientes populares para construir, ampliar y profundizar todos los espacios de la pregunta por la democracia.

Sabemos de la dificultad que implica una correlación de fuerzas desfavorable. Sin embargo, de lo que se trata es de aprovechar el nuevo ambiente político para generar una traza de intención, en dirección de un proyecto democrático de sociedad y de país, en un proceso de cambios que no pueden reducirse a lo político, que tendrán que tocar puntos clave económicos y sociales, pero que van a requerir de instrumentos, opciones, espacios, derechos y garantías para que la ciudadanía, en su conjunto, pueda intervenir con sus mayorías en favor de los intereses de esas mayorías. Si el punto dos de la agenda no fue el mejor favorecido en el acuerdo de La Habana, sigue siendo un factor significativo para que avance una reforma política y electoral. Un dato muy importante fue el amplio respaldo del año anterior a la concreción del Estatuto de la oposición, esfuerzo común desde la izquierda, el Acuerdo de La Habana y los aliados de la paz. El logro del derecho a las coaliciones en listas a corporaciones ⸺aún en proceso⸺ se impuso en los hechos con la lista Decentes y envuelve un potencial de gran valor para la convergencia y la política de Frente amplio. Prevalecen, sin embargo, tanto en lo acordado como en las propuestas de la Comisión Especial de Expertos, medidas discutibles como la permanencia del umbral, la adquisición progresiva derechos, tal como una carrera de obstáculos; la obtención de la personería jurídica mediante la acreditación de un número determinado de inscritos en planillas; las listas cerradas; el financiamiento ambiguo de las campañas y otros distractores que no permiten avanzar ni una pulgada en la democratización institucional.

Como lo reconocen los analistas Carolina Jimenez y Francisco Toloza: "La proliferación de iniciativas legislativas de reforma política electoral solo ratifica el anacronismo del actual sistema electoral colombiano y la deuda no saldada con su transformación, la cual está contemplada en el Acuerdo Final de Paz. No obstante, también es evidente que los intereses políticos de quienes precisamente son los responsables de tramitar y aprobar estas normas se resisten a cambiar las reglas del juego electoral con las que ellos mismos fueron elegidos".[4]

La peor corrupción a derrotar es la que rodea el sistema de elecciones, de partidos, el Consejo nacional electoral ⸺hoy en manos de los partidos de la derecha⸺ la inexistencia de una Corte electoral y de un equipamiento confiable para el voto digitalizado. Allí donde se construyen los equipos del poder político y se tejen las distintas tipologías de fraude, escandalosas y persistentes que reproducen la dominación hay que dar una batalla, se dirá que utópica, pero aleccionadora en varios ángulos, porque es del lado de la gente llana, que descree de la politiquería tradicional y corrupta. El esfuerzo consiste en generar una convergencia sobre temas principales de la reforma política y electoral, útil para que puedan avanzar las fuerzas del pueblo y para que pueda favorecerse su unidad.

Establecer los puntos básicos de una reforma política y electoral para La Paz y la transparencia

Hay una dialéctica que relaciona el objetivo del poder con el proyecto de transformaciones a realizar. El tema del poder toma sentido en las condiciones del postacuerdo y la distancia entre el mito democrático y la voluntad reformadora, limitada y mezquina de los representantes del sistema. El estado actual de la contradicción en la sociedad entre las fuerzas de la inercia y las del cambio se ha ido dinamizando, porque progresa el nivel de la conciencia política transformadora en sentido subversivo.

En los imaginarios de las mayorías empiezan a ocupar un lugar el vínculo entre los círculos gobernantes, la corrupción en el sistema y la usurpación de los derechos colectivos que abarcan necesidades vitales. Es necesario priorizar los objetivos de programa que pueden movilizar la voluntad ciudadana en íntima conexión con la importancia fundamental del tránsito hacia un nuevo poder democrático y popular. La defensa del agua, del ambiente, de la biota que sobrevive, ha tomado la forma del rechazo a los proyectos extractivistas, hasta el momento neutralizados con las consultas populares. El reciente fallo de la Corte Constitucional, restaurando el concepto del Estado como propietario del subsuelo no parece tener la capacidad de contener la idea de que la República genera derechos colectivos, que los habitantes de los territorios son dueños colectivos del espacio y del país. Un paso más allá sería la comprensión de que es necesario cambiar el modo de producción y las relaciones correspondientes si se quiere de verdad salvaguardar la riqueza medioambiental en provecho común y en defensa del planeta. Al fin y al cabo, la terminación de la lucha armada en muchos de estos espacios territoriales no significa una patente de corso para que el gran capital transnacional y las cohortes paramilitares en proceso de expansión y consolidación hagan cuanto les apetezca.

Si lo dicho en los párrafos anteriores tiene algún sentido tiene que ser el de trabajar desde ahora para darle curso al acuerdo en la izquierda sobre los puntos esenciales de una reforma política y electoral vinculada al proyecto de paz democrática con justicia social. Se trata de entablar el debate público que concrete la necesaria apertura de los espacios a la intervención creciente de nuevos sectores ciudadanos, hasta ahora marginalizados. Un pequeño paso en esta dirección sería la aprobación de las 16 circunscripciones territoriales especiales, pero muy poco se podrá avanzar si no se constituye un Consejo o Corte y un sistema electoral transparente, digitalizado y confiable.

[1] Moncayo, Víctor Manuel, La paradoja de la continuidad subversiva no armada, Izquierda, número 73, agosto de 2018, pg. 54.

[2] Jairo Estrada Álvarez (2015). "Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada", en https://www.ambitojuridico.com

[3] La política Ser Pilo Paga, Generación E y la ley 1911 de 2018 hacen parte, entre otros elementos, del plan destinado a financiarizar la educación superior, como nuevo modo de la privatización de la Universidad Pública y el fortalecimiento selectivo de las Universidades privadas.

[4] "La reforma política propuesta por el gobierno de Duque - Encuentros y desencuentros con el acuerdo final". Equipo Apertura democrática y Participación política, Carolina Jiménez/ Francisco Toloza Bogotá, septiembre 11 de 2018, CEPDIPO, Cuaderno 1.

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