Imprimir esta página

La movilización estudiantil y profesoral universitaria continúa

La movilización estudiantil y profesoral en defensa de la educación superior ha ocupado las calles y una multiplicidad de espacios públicos para visibilizar ante la sociedad colombiana la crisis a la que asisten las instituciones públicas de educación superior.

Durante todo el mes de octubre los y las estudiantes acompañadas de sus profesoras (es) han desplegado una multiplicidad de prácticas y estrategias culturales y pedagógicas para caracterizar la crisis, presentar soluciones y plantear horizontes de acción para la construcción de un sistema de educación superior estatal.

Pliegos para la defensa de la educación superior

En los diversos escenarios de organización ⸺Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES); la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES); la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES); las asambleas estudiantiles y profesorales de las universidades públicas; los sindicatos de profesores, como ASPU y ASOPRUDEA; la Mesa de Profesoras y Profesores de la Universidad Nacional de Colombia; el Espacio de Unidad por la defensa de la educación superior; entre otros⸺ se ha planteado una serie de peticiones que en términos generales persigue:

  • Financiación: Incrementar la financiación de la educación superior entre 3 y 4 billones de pesos; adición presupuestal para el cierre del 2018; construcción de una ruta para resolver el déficit de 18 billones de pesos señalado por el Sistema Universitario Estatal (SUE); garantizar que la financiación contingente vaya a las universidades públicas y deje de financiar a las privadas a través de los créditos universitarios.

  • Fin del programa Ser Pilo Paga, rechazo a Generación E y condonación de deudas del ICETEX: Estos programas financian la demanda a través del crédito educativo y el consecuente endeudamiento de las familias colombianas. El horizonte debe ser la financiación de la oferta a través del crecimiento de las universidades públicas.

  • Dignificación del trabajo de los docentes de planta: Los docentes de planta tienen unas condiciones de vinculación laboral precarias que no se compadecen con su grado de formación académica y con el tiempo de horas dedicado a atender su actividad docente.

  • Ampliación de la cobertura con perspectiva universal: En tanto la educación se concibe como derecho humano y social, se debe garantizar acceso gratuito y universal para todos los jóvenes que deseen ingresar a la educación superior.

  • Regulación del funcionamiento de las universidades privadas: Creación de una línea de créditos sin interés para los estudiantes de las universidades privadas, congelamiento de los costos de las matrículas y vigilancia para que el accionar de estos centros educativos esté en correspondencia con su carácter de entidades sin ánimo de lucro.

  • Creación de un Sistema de Ciencia y Tecnología acorde con las necesidades del país, que disponga de una financiación que garantice el impulso de los procesos de investigación e innovación.

  • Autonomía, democracia y gobiernos universitario: Generar condiciones para que el gobierno universitario sea colegiado y democrático.

  • Garantías plenas para la movilización.

Algunas Propuestas

Para lograr la materialización de estas peticiones se ha elaborado una serie de propuestas que abre caminos para su viabilización. De manera general, se ha hecho énfasis en la necesidad de garantizar la financiación de la oferta con base en impuestos progresivos con destinación específica. Según la propuesta del profesor Orlando Villabona de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia

Restablecer el impuesto a la riqueza para personas naturales, también el de las remesas de utilidades de empresas extranjeras, asignar cárcel efectiva a evasores de impuestos y asesores; recaudar el impuesto a las herencias de manera más progresiva, incrementar las tasas marginales de impuesto de renta más altas entre 45 y 50 % a las personas naturales, como se hace en los países de la OCDE, le permitiría al Estado incrementar el recaudo de impuestos en más de un 100%, sin afectar el "bolsillo" del 99% de la población [1].

Por su parte, Carlos Quimbay, profesor del Departamento de Física de la misma universidad, alerta sobre la necesidad de un acuerdo político con el actual gobierno Nacional, en el que se pacte un importante aumento de su cobertura de pregrado y posgrado, negociando que a partir del año 2020 los ANPFI comiencen a representar el 3,6% del TGGN de cada año, tal como sucedía en el año 1993 [2].

Esta propuesta se desprende de un análisis estructural que indica que el desfinanciamiento de las universidades estatales puede ser entendido como consecuencia de la expedición de la Ley 30 de 1992, dado que los Artículos 86 y 87 de esta Ley establecieron las condiciones para que se pudiera crear de forma gradual el actual déficit presupuestal al que están sometidas las universidades públicas. Por esta razón se requiere con urgencia una modificación de estos dos Artículos que permita garantizar que estas universidades cuenten de una manera efectiva y reglamentada con ANPFI muy superiores a los que actualmente tienen, de tal forma que estos incrementos potencien su crecimiento y desarrollo[3].

También, se ha insistido en la necesidad de realizar una serie de reformas normativas. Se destaca de manera especial la derogación de la ley 911 de financiación contingente del ingreso, que de facto implicaría dejar de privatizar los recursos públicos, y la reforma o derogación de la ley 30 ⸺de manera prioritaria y en el corto plazo del artículo 86⸺. Y, finalmente, se ha hecho énfasis en la necesidad de permitir una articulación de estas propuestas con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que orientará el accionar del Gobierno de Duque.

Se trata entonces de generar las condiciones para avanzar en la construcción de un sistema de educación superior estatal que le dé estabilidad y horizonte de largo y amplio alcance a la educación superior.

El Gobierno desconoce el movimiento y negocia con el SUE

El pasado 23 de octubre el viceministro de educación superior convocó a las organizaciones estudiantiles UNEES, ACRES y FENARES a "participar en un dialogo abierto y constructivo, para escuchar sus peticiones y encontrar así un espacio que establezca los puentes necesarios para superar la situación de anormalidad"4. En esta invitación ya se advertía la intención gubernamental de desconocer o bien dialogar por separado con el movimiento profesoral.

La reunión se llevó a cabo el 25 de octubre y la primera exigencia de los y las estudiantes, la cual fue acogida por el Gobierno, fue la de abrir el diálogo a los representantes profesorales argumentando que "comenzamos juntos, marchamos juntos, nos sentamos juntos". Sin embargo, después de 5 horas de conversaciones, y pese al claro compromiso de las organizaciones estudiantiles y profesorales de participar en una mesa de negociación, el Gobierno se negó a su instalación y a reconocer al movimiento como el interlocutor fundamental para la negociación. Esta situación condujo a que estudiantes y profesores se levantaran de la mesa y expresaran la falta de voluntad política del gobierno de Duque para encontrar una solución.

El 26 de octubre el presidente Duque, en compañía de rectores de las universidades públicas que participan en el SUE, anunció el siguiente acuerdo: 1. Las transferencias de la nación para funcionamiento de las IES crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en 2019 y en 4 puntos el resto del gobierno de Duque; 2. Una adición de 1.2 billones para los 4 años del gobierno; 3. implementación del artículo 142 de la reforma tributaria de 2016 referido a los excedentes de las cooperativas; destinación de 1 billón del plan de regalías para fomentar la inversión en infraestructura, y participación de las IES en la construcción del PND.

Este acuerdo no solo desconoció al actor fundamental de la movilización, sino que por sus componentes resulta muy limitado para contribuir a resolver la crisis estructural que viven las IES. De ahí que sea ampliamente rechazado por el movimiento estudiantil y profesoral. Entre otras, se destacan las siguientes críticas:

Limita su propuesta a una solución parcial de financiación: El crecimiento de las transferencias es positivo pero insuficiente para resolver la crisis estructural de financiación de las IES. A ello se agrega que no da condiciones de estabilización en el largo plazo ni genera rutas para resolver el déficit de inversión de 18 billones señalado por el SUE.

No establece reformas normativas: No involucra asuntos referidos a derogación de leyes que regulan funcionamiento y financiación de las IES.

Excluye la formulación de una política frente a universidades privadas y programas de subsidio de la demanda: No recoge asuntos referidos a regulación de universidades privadas, derogación de los programas que financian la demanda, condonación deudas del ICETEX y determinación de condiciones para impedir que la financiación contingente termine en manos de privadas.

Somete la financiación para la inversión en infraestructura a la voluntad política de los gobiernos locales: En tanto, el gobierno nacional no puede definir las inversiones acordadas en los OCAD, esta inversión queda sometida al criterio e intención de las autoridades locales.

No hay un compromiso de impulsar una política estatal que persiga la creación de un sistema de educación superior estatal con gobiernos universitarios.

Por estas y otras razones, el movimiento estudiantil y profesoral ha manifestado la continuidad del paro nacional y avanza en la construcción y consolidación de escenarios de unidad y articulación. La marcha carnaval de Halloween del pasado 31 de octubre mostró la fuerza y el compromiso de este movimiento.

1 Orlando Villabona (2018). "Reforma tributaria: impuestos fuente para la educación, se está buscando donde no es". Documento de trabajo N.o 2. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.

2 Carlos Quimbay (2018). "Algunas reflexiones sobre la relevancia y el desfinanciamiento de las universidades estatales: Una propuesta para la negociación". Documento de trabajo N.o 1. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.

3 Ibíd.

4 Carta del viceministro de educación superior, Luis Fernando Pérez, a las organizaciones UNEES, ACREES y FENARES. Fechada el 23 de octubre de 2018.

Loading...

Descargar aquí


¡Ayúdanos a compartir!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Docente del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional. Investigadora del centro de pensamiento y diálogo político.