La reforma tributaria de Duque: Un proyecto que amplía la brecha social en Colombia

La reforma tributaria de Duque: Un proyecto que amplía la brecha social en Colombia Tomado de https://actualicese.com/actualidad/2017/01/05/iva-segun-ley-de-reforma-tributaria-estructural-1819-de-2016-principales-cambios/

1. Una reforma tributaria que no sorprende

Como quedó manifiesto en el número 73 de la Revista Izquierda[1], el círculo personal, las declaraciones y el gabinete que rodean al presidente Iván Duque, es decir, su clase social, permitían tener la certeza de que lejos de la renovación política su gobierno actuaría en función de la acumulación rentista y de los intereses de sectores ligados a actividades extractivas de enclave, comerciales y financieras, profundizando el modelo de despojo que afecta negativamente la calidad de vida de por lo menos más de 11,7 millones de familias de capas de ingresos medios y bajos en el país.

Alejándose de lo planteado en 2016 desde su rol como senador[2], la política económica del gobierno de Duque le da continuidad a la tendencia de largo plazo de la arquitectura fiscal colombiana, que cada vez se pone más del lado de quienes más riqueza acumulan. En este sentido, precisamente, el Gobierno Nacional presentó el 31 de octubre la llamada Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que otra reforma tributaria más.

A continuación se esbozan los elementos centrales que explican por qué esta es, por una parte, una reforma regresiva en función de los intereses de los grandes poseedores de riqueza y que, por otra, precariza el ingreso y capacidad de consumo de más de 44.5 millones de colombianas y colombianos que pertenecen a familias de ingresos medios y bajos.

2.Una reforma en favor de los acreedores del Estado

En el año 2011, siguiendo la tendencia introducida con las mal llamadas reformas estructurales producto del Consenso de Washington, se constitucionalizó como principio la Sostenibilidad Fiscal, mediante el Acto Legislativo 03 que modificó los artículos 334, 339 y 346 de la Carta Magna, al tiempo que con la ley 1473 del mismo año se estableció una regla fiscal sobre las finanzas públicas (ver gráfico N.° 1). Dicha regla quedó explícita en el artículo quinto de dicha ley:

Artículo 5°. Regla Fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido. El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022.

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022.

De esta manera en nombre de la sostenibilidad de las finanzas públicas y del equilibro macroeconómico, la Constitución Política y la ley organizaron el régimen fiscal en la lógica de un disciplinamiento no solo para garantizar mayor margen de maniobra para el sector privado sino, sobre todo, para ampliar la posibilidad de rentas y ganancias a la banca e inversionistas financieros.



La idea de la disciplina fiscal tomó fuerza en la teoría económica dominante y la tecnocracia estatal luego de la crisis de la deuda externa en América Latina en 1982, la cual llevó al default (cesación de los pagos) por parte de algunos de los países de la región. De esta manera, al planear el presupuesto, el Gobierno Nacional ajusta cargas en relación a su funcionamiento, reduciendo el margen de acción del Estado en la garantía de derechos sociales si es el caso, para posteriormente garantizar el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses), y dejar lo que queda para inversiones, en un contexto en que la deuda pública ha aumentado en 40 puntos del PIB al cabo de 20 años, representado en 2018 el 58,2% del PIB (gráfico N.° 2).



De esta manera, todo planteamiento que señale la inminencia de la reforma tributaria para garantizar programas sociales en materia de salud, educación, atención prioritaria a la población vulnerable e, incluso, para cumplir con las responsabilidades estatales asociadas al Acuerdo Final de Paz de 2016 -hoy desfinanciado-, no es más que una falacia que esconde una estructura de las finanzas públicas en función del capital financiero (gráfico N.° 3), que en el solo caso del mercado bancario significó ganancias del orden de los 4.000 millones de dólares en 2016 y de $2.800 millones en 2017, en un contexto en que el conglomerado económico del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo posee el 28% de la deuda pública en TES B, tan solo para este segmento de mercado (gráfico N.° 4).





La estrategia del Gobierno Nacional y del partido Centro Democrático del senador Álvaro Uribe en este sentido fue bastante astuta: por un lado ampliaron los plazos de pago de la deuda pública extendiendo la amortización de $14 billones de pesos por 10 años y garantizaron los montos de pago de deuda para 2019 por el orden de más de $52.4 billones, mientras que, por otro lado, dejaron desfinanciados rubros de inversión en materia social para así chantajear a la población con la inminencia de la reforma tributaria mediante la Ley de Financiamiento, tratando de esconder la lógica detrás de la estructura fiscal colombiana en función del rentismo financiero.

3. Una reforma que afecta los ingresos y el consumo de los colombianos

Con esta reforma tributaria ⸺la decimoquinta desde 1990⸺ se sigue dando continuidad a una vieja fórmula que consiste en reducir impuestos a grandes capitales con el argumento de que esto permitiría ampliar la capacidad de inversión del sector privado, al tiempo que en nombre de la eficiencia tributaria se castigan los ingresos de las capas de la población de ingresos medios y el consumo de los hogares colombianos mediante el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pretende aumentar el recaudo tributario en $14,5 billones de pesos, aproximadamente, con el fin de tapar el déficit del Presupuesto General de la Nación para 2019, de un lado, y, del otro, para compensar a partir de 2020 los recursos que se dejarán de recibir por exenciones y rebajas tributarias a los grandes capitales, las cuales explicaremos en la siguiente sección.

En el caso del IVA, la reforma del Gobierno apunta a transitar hacia una estructura tributaria que unifique las tarifas, pasando artículos y productos que tienen actualmente una tarifa del 0%, 5% y 19% a una tarifa única general del 18% hasta 2020 y del 17% desde 2021.

Es preciso aclarar que la canasta familiar en Colombia está integrada por 405 artículos, de los que se desprenden 181 gastos o productos sobre los cuales el DANE hace ponderaciones para calcular el costo de vida de las familias colombianas.

En la actualidad, la distribución de la carga del IVA para la canasta familiar presenta la estructura que se muestra en el cuadro 1:



A partir de la nueva reforma propuesta se unificarían las tarifas y, en su conjunto, 147 gastos básicos de la canasta familiar, de un total de 181, es decir, que el 81% de ellos pasaría a tener IVA del 18%. En la práctica más de 328 artículos quedarían con este gravamen.

Se estima que con esta reforma se recaudarían cerca de $11,3 billones en IVA, los cuales golpearán fundamentalmente a las capas medias y pobres en el país, si tenemos en cuenta el carácter profundamente regresivo de este impuesto cuando medimos la tasa efectiva de tributación del mismo para las familias (cuadro N.° 2 y gráfico N.° 5).





De esta manera, queda claro que en materia de IVA los más afectados son los deciles de más bajos ingresos (1, 2 y 3), que perciben al mes menos de un millón de pesos, y los de ingresos medios (deciles 4 a 9), que reciben entre un millón y tres millones cuatros cientos mil pesos promedio al mes. Dado el carácter regresivo de la reforma, el efecto sobre los ingresos del decil más alto de la población es bajo dado el poco peso del IVA en su canasta promedio de consumo.

El cuadro N.° 2 y la gráfica N.° 5 son contundentes para evidenciar la concentración del ingreso en el decil de ingresos más altos de la población colombiana, el cual alcanza un promedio mensual 34 veces superior que el decil de familias con ingresos más bajos; es decir, que una familia de ingresos bajos en el país debe trabajar 2 años y 10 meses para alcanzar el ingreso promedio mensual de una familia del decil más alto de ingresos. Durante todos estos meses, dicha familia pagaría 3 veces más IVA por mes que la familia de altos ingresos.

En otros términos, mientras en promedio una familia del decil más alto recibe 4 veces el ingreso per cápita de la media nacional al año, el hogar de ingresos bajos recibe apenas la décima parte del ingreso per cápita de la media nacional.

Tomando precisamente el argumento de la tremenda desigualdad en Colombia, el Gobierno Nacional ha planteado modificaciones a la declaración de renta, buscando ampliar el recaudo por dicho concepto al modificar el número de Unidades de Valor Tributario (UVT), para 2018 iguales a $33.156, sobre las que se declara renta y se aplica retención en la fuente (cuadros N.° 3 y N.° 4).

Al mismo tiempo, se ha planteado la devolución cada dos meses de 3 UVT, esto es $49.734 mensuales, a la población más pobre, con el fin de no afectarla. Los cálculos del Gobierno Nacional para "compensaciones" alcanzan los $2.6 billones anuales; sin embargo, teniendo en cuenta el número de hogares pobres en Colombia esta cifra es muy inferior a los $4 billones que costarían dichas "compensaciones", por lo que no existe soporte en relación con la bolsa de la que saldrían los recursos, ni mucho menos la manera en que llegarían a los hogares, con lo que a la larga seguramente se convertirá en un subsidio para alimentar las clientelas en épocas electorales.





De los cuadros N.° 3 y N.° 4 se desprenden dos conclusiones respecto a la modificación del impuesto a la renta y la retención en la fuente para personas naturales: la primera es que se reduce el monto a partir del cual las colombianas y colombianos tendrán retención en la fuente, pasando de $4.770.183 a $4.268.059, con lo que se afecta fundamentalmente a quienes integran las capas dentro del decil 9 por ingresos ⸺la mayoría de ellos profesionales contratados por prestación de servicios y flexibilizados sin derecho a prestaciones sociales⸺. Así, pues, de aprobarse la reforma, la base gravable arrancaría desde $2.818.261 y no desde $3.149.821, como viene sucediendo hasta hoy. Lo segundo es que si bien a partir de $235.407.601 anuales se incrementa la declaración de renta en 2 puntos y de $434.343.601 anuales en 4 puntos, no se soluciona el problema de fondo en relación con la búsqueda de una estructura fiscal más progresiva que grave grandes fortunas. De esa manera, el Gobierno Nacional termina siendo mucho más que tímido en esta materia, pero crea, al mismo tiempo, el sofisma de que se hace más progresiva la estructura tributaria colombiana.

En realidad, lejos de avanzar en términos de progresividad, más allá de los puntos adicionales de tributo para ingresos superiores a $235.407.601 anuales, no se plantea siquiera una reforma ambiciosa que grave de manera significativa al 10% de la población con más altos ingresos, la cual concentra el 40% del ingreso nacional año, y, en particular, al 1% que se queda con el 32% de los ingresos anuales y concentra el 42,7% de la riqueza nacional.

4. Una reforma en favor de grandes riquezas

Con base en la información estadística aportada por Quimbay y Villabona (2017) para el año 2014, el 10% de las empresas más ricas concentraba un equivalente al 92,2% de la riqueza del país, mientras que el 1% de las empresas con mayores ingresos concentraba cerca del 28,3% de la riqueza nacional. Siguiendo a estos mismos autores, el índice de Theil (que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza) es de 0,831, que se suma a la tendencia de concentración de la propiedad en Colombia a propósito del Gini de 0,891 para el caso de la propiedad de la tierra.

No obstante, lejos de gravar esta concentración de la riqueza urbana y rural y a las personas naturales y jurídicas que se apropian de más del 40% del ingreso nacional, la reforma planteada, bajo el argumento de incentivar la inversión para fomentar el empleo, propone reducir el impuesto a la renta del 33% al 30% para las empresas jurídicas, al tiempo que deja libres de este tributo por 5 años a las nuevas empresas que se funden en el marco de la llamada economía naranja y por 10 años a las empresas nuevas que se establezcan en zonas rurales, en particular en las afectadas por el conflicto. Los recursos que se dejarían de recibir por concepto de renta en los próximos años se compensarían con por lo menos $10 billones que se recibirán ahora por IVA de la población de ingresos bajos y medios.

En relación con estas medidas es necesario señalar que el argumento de reducir la carga tributaria para aumentar la inversión y fomentar el empleo se cae por su propio peso, en tanto la inversión en estas actividades no depende de la carga tributaria sino de las posibilidades de comercialización de mercancías que pasa por el incremento de la demanda efectiva, que, paradójicamente, es la que se ve afectada como consecuencia de la disminución del ingreso disponible de los hogares en el mercado interno. Al respecto valdría la pena preguntar: ¿Qué nuevos empleos generan los bancos cuando se les reduce la carga tributaria?

El argumento de reducir la carga tributaria para aumentar la inversión y fomentar el empleo se cae por su propio peso, en tanto la inversión en estas actividades no depende de la carga tributaria sino de las posibilidades de comercialización de mercancías que pasa por el incremento de la demanda efectiva, que, paradójicamente, es la que se ve afectada como consecuencia de la disminución del ingreso disponible de los hogares en el mercado interno. Al respecto valdría la pena preguntar: ¿Qué nuevos empleos generan los bancos cuando se les reduce la carga tributaria?

En conclusión, seguimos asistiendo a una dictadura fiscal que profundiza la tendencia a la concentración de la riqueza, mientras que se debilita la capa de ingresos medios y se empobrece a los que menos ingresos tienen en el país. Sin embargo, en tanto no se solucione el problema estructural de las finanzas públicas, en menos tres años estaremos, de seguro, asistiendo a otra "reforma estructural".

Nota: Para más información sobre la reforma tributaria y pedagogía sobre la misma se puede buscar en redes sociales el hashtag #LosImpuestosDelCentroDemocrático y, entre otros, el video: "Lo que debes saber sobre la ley de financiamiento". Revista Hekatombe: https://www.youtube.com/watch?v=lG2PGde2vCs

[1] Ver: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0074/izq0074_a02.pdf

[2] Ver video "Los diez grandes pecados de la reforma tributaria", https://www.youtube.com/watch?v=cbeIZt1JgaA)

    Bibliografía

  • Congreso de la Republica de Colombia (2011). Ley 1473 de 2011 "Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones". Bogotá.

  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018a). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá.

  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018b). Proyecto de Ley "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto y se dictan otras disposiciones": Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá.

  • Quimbay C. y Villabona J. (2017). "La riqueza cada vez está más concentrada en Colombia", entrevista disponible en http://www.revistavirtualpro.com/noticias/la-riqueza-cada-vez-mas-concentrada-en-colombia. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

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Diego Fernando Carrero Barón

Economista, Magíster en Estudios Políticos, con experiencia en investigación económica y social, docencia universitaria y educación comunitaria; actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Externado de Colombia. Es investigador en política económica y desarrollo urbano-regional en el Centro de Estudios Territorio y Ciudad y asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI, en temas de paz y planeación.

diegocarrerob@gmail.com

Sitio Web: https://twitter.com/diegocarrerob