Lucha de clases y movilización social en la coyuntura actual

La lucha de clases no se decreta. Ella existe en la realidad social y se expresa en todas sus dimensiones, independientemente de la voluntad particular de los individuos o sus instituciones. No obstante, sí es posible cualificar las condiciones en las que los de abajo ―la gente del común― puede librar esa lucha en función de su emancipación política y social.


Fuente: https://desinformemonos.org/lucha-de-calles-lucha-de-clases-en-mexico/

En el debate electoral en curso han abundado las menciones a la lucha de clases. Sin embargo, los candidatos y comunicadores que a ella se refieren demuestran un enorme desconocimiento al respecto y ―bien sea de mala fe o por ignorancia― la asocian al odio, a la agresión, al caos. En realidad, se trata de una categoría sociohistórica que da cuenta de los conflictos propios de sociedades construidas sobre la base de la inequidad en la posesión y distribución de los bienes producidos socialmente y, en consecuencia, en la exclusión de sectores ―generalmente mayoritarios de la población― del ejercicio del poder político.

También es un lugar común que se utilice el término para asustar a los cautos, tildando el concepto de marxista, como si el adjetivo se convirtiera en epíteto suficiente para desvirtuarlo y restarle su importancia metodológica en la comprensión de la realidad social que nos circunda ―de nuevo el omnipresente fantasma del anticomunismo que recorre nuestro país, cuyas derechas ultramontanas parecieran no haber superado aún el periodo de la guerra fría―.

Sin embargo, fue el propio Marx quien se encargó en su momento de aclarar el origen de la categoría en mención. En efecto, en carta del 5 de marzo de 1852, dirigida a Joseph Weydemeyer, hizo claridad sobre su procedencia, cuando escribió que no era a él a quien cabía el mérito de haber descubierto la existencia de las clases y de la lucha entre ellas, sino que, con anterioridad, “algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas”. Y, para tormento de quienes han hecho de la falsificación del pensamiento marxista una rentable práctica política, esa anatomía económica de las clases sigue siendo básicamente semejante a la analizada por el brillante pensador alemán en la segunda mitad del siglo XIX.

Lo que si acepta Marx como aporte propio es el reconocimiento del carácter histórico de las clases sociales y su lucha, esto es, de que la “existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción”, una de las cuales es indiscutiblemente el modo de producción capitalista, a cuyo estudio le dedicó todo su esfuerzo, aun en medio de las más duras condiciones vitales.

Pues, bien, la lucha de clases tiene múltiples manifestaciones. Vale decir, las clases sociales se enfrentan de muchas maneras en la búsqueda de su prevalencia en la sociedad. Una de esas manifestaciones en Colombia ha sido, por ejemplo, la lucha armada. Guerrillas de origen fundamentalmente campesino, como las FARC, convertidas con el paso del tiempo en verdaderos ejércitos revolucionarios enfrentados al Estado oligárquico, pugnaban por alcanzar el poder para transformar la sociedad colombiana en el sentido de las aspiraciones y reivindicaciones políticas y sociales de los trabajadores del campo y la ciudad. Y, ahora, la búsqueda de la paz con justicia social, en la que esta organización se encuentra empeñada, no es otra cosa que la continuación de ese propósito por vías distintas a las del uso de las armas.

Otras manifestaciones de la lucha de clases pasan por la organización de los trabajadores y empleados pertenecientes a los más diversos ámbitos de las actividades productivas y de servicios. Los sindicatos son también, por tanto, actores que emergen en medio de ese conflicto. Y, por supuesto, las organizaciones gremiales de los empresarios, que tanto poder político y económico acumulan, y mediático. La reciente huelga de los pilotos de Avianca y la posterior masacre laboral practicada contra ellos por los propietarios transnacionales de esa compañía, prevalidos de fallos de la justicia ―de clase, habría que agregar― favorables a sus intereses, muestran que, en el fondo, lo que allí se ha dirimido son muy desiguales batallas entre el capital y el trabajo. Otras de esas batallas terminan en masacres de trabajadores y pobladores del campo, muchas de ellas practicadas por agentes del Estado ―recordemos los acontecimientos que tuvieron lugar el 5 de octubre de 2017 en Tumaco― o por particulares con su complicidad. Allí las víctimas fueron campesinos pobres que se oponían a la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, una acción estatal que va en contravía del Acuerdo Final con las FARC y realizada en el contexto de la subordinación voluntaria del establecimiento colombiano a los designios de la política antidrogas de EE.UU.

Y lo mismo es válido en el marco de la acción electoral. ¿O es que pretender mantener el monopolio del poder mediante la elección de determinados candidatos avalados y financiados por los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales no significa, acaso, preservar una estructura política favorable a los intereses de una clase social determinada y continuar implementando un modelo socioeconómico acorde con ellos? ¿Un programa de gobierno que privilegia el modelo extractivista con todas sus consecuencias sociales y ambientales; que pretende revisar y, en últimas desconocer, los acuerdos de paz logrados con la insurgencia armada de las FARC; que inscribe entre sus propósitos sostener el régimen de impunidad con que se ha cobijado a los financiadores de la violencia, a los promotores del paramilitarismo y de la expropiación de millones de campesinos colombianos; que anuncia la continuación de la privatización de los bienes comunes, y pretende mantener los privilegios del capital financiero y de los grandes terratenientes, etc., etc., etc., no constituye, realmente, un proyecto de dominación de clase y no actúa en contravía de las verdaderas necesidades de desarrollo democrático y superación de una violencia inveterada asociada a la pobreza y la discriminación?

Por su parte, muchos de quienes dicen estar ubicados en el centro ―y que por ello creen estar más allá del bien y del mal y ajenos a las confrontaciones clasistas, mientras utilizan formas perversas de publicidad electoral para culpar a sus adversarios de la izquierda de promover el odio y el miedo― lo máximo que lograrán, en definitiva, será alimentar la esperanza de que es posible una recomposición de la situación de crisis y deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los colombianos mediante la implementación de reformas cosméticas que disminuyan la corrupción, garanticen un mejor acceso a servicios educativos y de salud y estimulen la producción de bienes de consumo directo, sin afectar los fundamentos de la tenencia de la tierra y, en general, de la distribución de la riqueza. ¿Será que nuestro país no requiere de cambios más profundos, que apunten fundamentalmente a eliminar la pobreza y garantizar el ejercicio real de los derechos políticos, económicos, sociales y ambientales de la población colombiana? ¿No merece nuestro pueblo avanzar hacia formas de democracia realmente participativas que le permitan gestionar de manera directa los asuntos que atañen a las necesidades y aspiraciones de las comunidades? ¿Despreciar el debate sobre estos temas y conformarse con propuestas paliativas no significará prolongar indefinidamente un estado de cosas a todas luces injusto y antiético?

La lucha de clases no se decreta. Ella existe en la realidad social y se expresa en todas sus dimensiones, independientemente de la voluntad particular de los individuos o sus instituciones. No obstante, sí es posible cualificar las condiciones en las que los de abajo ―la gente del común― puede librar esa lucha en función de su emancipación política y social. Y ello pasa por la organización y la unidad, condiciones estas cuyo logro exige en nuestro medio la multiplicación y coordinación de los esfuerzos. Asistimos a una coyuntura que puede facilitar el avance en la constitución de un acuerdo que aglutine sectores diversos del ámbito popular alrededor de un programa de profundas transformaciones democráticas a mediano y largo plazo, que bien podría tener como referente la implementación de los acuerdos de paz con la insurgencia. Sin embargo, en este contexto, no es dable reducir las opciones a las posibilidades de acuerdos electorales. Sin perjuicio de avanzar en este frente, es necesario visualizar un horizonte de unidad popular capaz de forzar mediante la movilización social la ejecución de esas reformas profundas permanentemente obstruidas por el bloque de poder, más allá del estrecho margen de la dinámica electoral.

¡Ayúdanos a compartir!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Más en esta categoría: « Las elecciones que fueron…