Post-acuerdo, neoliberalismo y finanzas públicas en Colombia

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1. De las potencialidades transformadoras del acuerdo de paz al escenario post-acuerdo.

La firma del acuerdo final de paz en Colombia entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo, FARC-EP y el Gobierno Colombiano, en noviembre de 2016, ha hecho aflorar un ambiente de optimismo en algunos sectores de opinión y en particular en los habitantes de los territorios que fueron epicentro de la confrontación armada.

El acuerdo de paz suscrito entre las partes significa una ventana de oportunidades para la apertura democrática en el país tanto en lo económico, como en lo político, en la vía de la edificación de una sociedad que ha postergado, en palabras del filosofo Rubén Jaramillo, el proyecto de la modernidad.

Los doce planes nacionales que integran la Reforma Rural Integral, RRI, acompañados del Programa Nacional para la Sustitución Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, puede convertirse en la base de la revolución rural que necesita el país para superar la desigualdad (con un Gini de tierras entre 0,8 y 0,9 según el Departamento Nacional de Planeación, DNP) y la pobreza (44.7% según el DNP) que han sido una condición histórica estructural del campo colombiano.

Al mismo tiempo la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la reparación integral a las víctimas, la verdad, la justica, la búsqueda de la no repetición de hechos victimizantes, así como las garantías para la participación política deben ser vistos como el pilar para que emerjan nuevos sujetos políticos a la par que se transforma el imaginario conservador y fascista que se ha imbricado en sectores importantes de la población en el marco de la guerra de baja intensidad auspiciadas desde los Estados Unidos; se trata fundamentalmente de la posibilidad de un cambio de la cultura política apalancada por la potencialidad transformadora de la verdad y las garantías políticas.


No obstante, a pesar de las potencialidades del acuerdo, de ninguna manera se puede hablar de posconflicto en el marco del optimismo ya mencionado, en tanto solo estamos ante la posibilidad de la superación del conflicto en una de sus dimensiones, la armada, aun cuando falta que se desmonten efectivamente las estructuras paramilitares claves en el despojo, y al tiempo que es necesario se llegue a un acuerdo con el Ejercito de Liberación Nacional, ELN.

Al mismo tiempo tras la firma del acuerdo, evidenciamos los rasgos de lo que va ser la profundización de las contradicciones sociales inherentes al modelo económico neoliberal, en tanto en una orilla esta la filosofía de lo acordado, y en la otra orilla la política económica del gobierno colombiano.

2. La implementación de los acuerdos un campo en disputa.

El 18 de octubre de 2012 cuando se instalaba en Oslo la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC-EP, el jefe del equipo negociador del establishment, Humberto De la Calle Lombana, aseveraba que el modelo económico no estaba en discusión, insinuando en ultimas que la inequidad y la pobreza que trae consigo el esquema de despojo promovido por el neoliberalismo, nada tiene que ver con la dinámica de guerra que ha estado presente en las últimas décadas de la vida republicana.

Nos enfrentamos a la paradoja de una paz sin cambio de modelo económico, escenario contradictorio ya que la lógica neoliberal mina la posibilidad de sentar las bases de una sociedad más democrática, en tanto no existe algo más antidemocrático que la tendencia a la concentración de la riqueza y la precarización de las condiciones materiales de vida del conjunto de la población en beneficio de un sector privilegiado de clase como lo es el rentismo financiero, en un país donde el neoliberalismo ha llevado a que el 1% de la población concentre más del 20% de la riqueza nacional.

De esta manera asistiremos en el caso colombiano, en la fase implementación de los acuerdos a la puesta en escena de tres modelos en contradicción: i) El de ganaderos, terratenientes, mafiosos y sectores de ultraderecha que verán en la implementación un obstáculo para mantener la captura de rentas a partir del ejercicio de la violencia paramilitar, el narcotráfico y la ganadería extensiva; ii) El del gran capital financiero transnacional que ve en el Acuerdo Final la posibilidad de orientar las lógicas de los territorios de histórico de control insurgente en función del extractivismo, el monocultivo, las economías de enclave, y el desarrollo de grandes proyectos minero-energéticos a la luz de las tendencias internacionales de las commodities; y iii) El del movimiento social, las comunidades organizadas y del acumulado político de la insurgencia que tendrá el reto de convertir el Acuerdo Final en la oportunidad de construir una economía para el buen vivir, a la luz de nuevas miradas y caminos para alcanzar el bienestar para las mayorías.

3. Las tendencias de política fiscal y contradicciones en el actual escenario.

El neoliberalismo es un modelo de despojo, que en palabras de David Harvey debe ser entendido como la utilización de métodos propios acumulación originaria, no en la perspectiva de implantar un nuevo sistema, sino en la vía de mantener y profundizar la acumulación de capital en el modo de producción actual, haciendo que sobre los trabajadores de los países periféricos, recaigan los costos de la crisis de sobre acumulación del capital, manteniendo así la explotación sobre el trabajo.

En este sentido podríamos decir que la característica central de la política económica de las últimas tres décadas en Colombia ha sido la del despojo, entendido no solamente como la expulsión de trabajadores del campo de sus tierras, sino más bien como el conjunto de medidas que empobrecen a los trabajadores y clases subalternas.

Asistimos de esta manera a un nudo de contradicciones, en los que se enfrentan a una idea de paz estable y duradera con la reprimarización financiarizada de la economía, el modelo neoliberal, el despojo como política de estado, y el modelo de gestión de las finanzas públicas. Al respecto una de las contradicciones de la política económica neoliberal en Colombia en relación al ambiente de post-acuerdo está enmarcado en el modelo de gestión fiscal, que en el marco de la Ley 1473 de 2011 de sostenibilidad fiscal contempla la llamada reducción progresiva del déficit estructural que es un requisito fundamental para que las calificadoras internacionales de riesgo aprueben la gestión macroeconómica de los mercados en el país. Se trata de un diseño de las finanzas públicas en función del servicio de la deuda pública y el rentismo financiero por encima de los derechos sociales.

En este vía la Ley 1819 del 28 de diciembre de 2016, dio luz verde a la décimo tercera reforma tributaria desde la constitución de 1991, diseñada en medio de la necesidad del Gobierno Nacional Central por cubrir un hueco fiscal de 34,4 billones de pesos (4,3% del PIB) generado por la crisis en el modelo extractivista sustentado en la exportación de la canasta minero-energética en momentos de desaceleración internacional de la economía que se evidencia en apenas 2 puntos de crecimiento de la economía nacional en 2016, caída de los precios de las commodities, y en un escenario en el que el país ha empeñado la política económica a través de la regla fiscal.

En ese contexto y para evitar afectar la calificación riesgo-país -en este momento triple B-, cumplir sus obligaciones con el sistema financiero, que en el caso de los bancos obtuvieron unas ganancias de $10,3 billones a noviembre 2016, con la reforma aprobada el gobierno intenta recaudar alrededor de $25 billones -los intereses de la deuda pública son de $28 billones- manteniendo un déficit fiscal de 1,1% PIB que significará incrementar el endeudamiento público, y nuevas reformas tributarias a futuro.

La ley de reforma tributaria mantiene la tendencia de concentración de ingresos y pone a las capas medias y sectores populares a pagar los efectos de las crisis fiscal generada por el modelo económico, ya que incrementará en 3 puntos el IVA, que es como lo señalan muchos el corazón de la reforma, pasando la tarifa general del 16% al 19%, eliminando el CREE –Impuesto sobre la renta para la equidad- al sector empresarial, manteniendo el 4 por mil.

Al mismo tiempo de los 224,4 billones de pesos aprobados como Presupuesto General de la Nación, PGN, para 2017, el 40,6% tendrán como objetivo el apalancamiento de actividades financieras y el control represivo de la población, ya que del total del PGN, 23% se destinarán para pago del servicio de la deuda y el 17,6 % se utilizara en seguridad en defensa, convirtiendo a Colombia luego de Estados Unidos, Canadá y Brasil en el país que más invierte en las fuerza pública en toda América. Es de desatacar como dicho presupuesto en defensa tiene como uno de sus objetivos fortalecer el aparato represivo que significa el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, en la vía de contener la protesta social que tendrá como epicentro en el posacuerdo las ciudades y las regiones donde se desarrollarán los grandes proyectos de extracción minero-energética.

Tabla 1. División del Presupuesto General de la Nación 2017 por concepto (en miles de millones de pesos y en porcentaje total).
Fuente:Tomado de Ministerio de Hacienda

Pero como si las paradojas no fuesen suficientes lo más escandaloso de la actual arquitectura presupuestal de la nación tiene que ver con la reducción de recursos que se destinan al sector agropecuario como consecuencia de una reducción relativa de los mismos del 16,3%, al disminuir en 0,8 billones la inversión en este campo, y representando apenas el 0,89% del PGN total.

Gráfica 1. Variación del PGN 2016-2017 (en miles de millones de pesos.
Fuente: Tomado de CADTM con base en PGN Min Hacienda.


La posibilidad de construir la paz pasa por superar la talanquera que el gobierno colombiano impuso en los acuerdos, al sujetar los mismos al cumplimiento de la normatividad vigente en materia presupuestal, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas (pág. 196 del Acuerdo Final), lo cual plantea un debate más de fondo y es la sostenibilidad en el largo plazo del modelo al que pretende darle continuidad la facción de clase dominante y por supuesto la compatibilidad de este con la idea de la paz estable y duradera.

La posible democratización de las ganancias de la prosperidad económica se hace borrosa con lo que en medio de un escenario de desaceleración de la economía se robustecen las bases estructurales que sitúan la política fiscal en función de la acumulación financiera y ubica a las capas medias y sectores empobrecidos de Colombia pagar los costos de la crisis por el modelo impuesto, nada más antidemocrático y en contra de un proyecto modernizador de sociedad.

En este escenario la construcción de la paz pasa necesariamente por la discusión no zanjada de la necesidad de un modelo económico y de gestión fiscal en función de un proyecto de sociedad menos desigual, condición necesaria para la democratización del país que es lo que se juega en la coyuntura económica y política actual.

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Diego Fernando Carrero Barón

Economista, Magíster en Estudios Políticos, con experiencia en investigación económica y social, docencia universitaria y educación comunitaria; actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Externado de Colombia. Es investigador en política económica y desarrollo urbano-regional en el Centro de Estudios Territorio y Ciudad y asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI, en temas de paz y planeación.

diegocarrerob@gmail.com

Sitio Web: https://twitter.com/diegocarrerob