Lo planeado

El 15 de agosto del año 2017, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se realizó la dejación de armas, se transformaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que garantizarían el proceso de transito de los individuos y el colectivo FARC a la vida civil en aspectos sociales, económicos y políticos. Dichos espacios estarían diseñados para tener una duración de dos años ―según Decreto 2026 de 2017―, cuya administración (mantenimiento, servicios públicos, saneamiento básico y otros servicios relacionados con el proceso de reincorporación social y económica) estaría a cargo hasta el 31 de marzo de 2018 del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que posteriormente debería hacer entrega de dicha administración a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Sin embargo, este decreto deja de lado el objeto central de los ETCR, esto es, la reincorporación, pues el tema de la tierra, incluyendo los predios donde los ETCR están ubicados, las comunicaciones, la infraestructura y vivienda, la luz, el agua, el tratamiento de residuos, los proyectos productivos, los programas deportivos y la atención psicosocial, entre otros asuntos, queda desvanecido y sujeto a próximas normatividades, en un momento donde el tiempo corre en contra.

En el momento de inicio de los ETCR, se comenzó el proceso de entrega de la asignación única de normalización para cada integrante, también, la asignación de la renta básica por un valor del 90% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que debe ser entregado por parte del Gobierno Nacional durante 24 meses a cada uno de los integrantes de FARC, siempre y cuando no tengan vínculo contractual que les genere ingresos, así como también, el proceso de afiliación y pago de la seguridad social y pensión durante 24 meses.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del Gobierno Nacional, en el balance de su saliente director a finales del mes de marzo de 2018, 12.535 excombatientes se encontraban acreditados por el gobierno y 12.052 abrieron cuenta de ahorro. En este balance, sin embargo, se olvidó mencionar que no se trata de una cuenta de ahorro, pues a dichas cuentas no puede llegar ningún tipo de recurso adicional que no esté establecido en el acuerdo; en realidad, se denomina cuenta paz y deja interrogantes sobre la efectiva bancarización de los exguerrilleros.

En el marco de otorgar al colectivo y, por supuesto, a cada exguerrillero en particular, un acceso efectivo a los derechos fundamentales, garantizando un buen proceso de reincorporación que sea sostenible en el tiempo, se encuentran los proyectos productivos colectivos que se establecerían en los ETCR, los cuales tendrían un capital semilla que cada exguerrillero aportaría como parte de la ayuda monetaria que el Acuerdo les otorgaría para su reincorporación económica, promoviendo la creación de empresa, así como también, su empleabilidad en la ruralidad y por tanto una remuneración o ingreso para un futuro inmediato.

Los proyectos productivos están apoyados, amparados y respaldados por ECOMÚN (Economías Sociales del Común), con 5.358 personas en proceso de reincorporación capacitadas en economía solidaria. Se trata de una organización creada por el Decreto Ley 899 que, según el Acuerdo Final, se constituiría para la reincorporación económica colectiva, la cual es de carácter nacional y tiene seccionales territoriales. La organización funciona, entonces, como una confederación de cooperativas territoriales, nivel que aún no se ha podido lograr debido a la falta de conformación de las cooperativas y, posteriormente, de las federaciones que se agrupen en ECOMÚN, sobre todo, por falta de financiación, acompañamiento técnico y una normatividad expedita y extraordinaria que les evitara a los exguerrilleros surtir toda una serie de trámites que se han convertido en una carga (ejemplo de ello es el certificado de antecedentes judiciales para la apertura de las cuentas bancarias de las cooperativas o la devolución de los documentos en las cámaras de comercio por falta de entendimiento de la situación).

Los exintegrantes de las FARC que deseen emprender proyectos productivos individuales tendrán el acompañamiento de ECOMÚN y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Este último, en tanto espacio institucional integrado por miembros del Gobierno Nacional y de la FARC, tiene como función definir actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación. De igual manera, en el ámbito de lo territorial, se crearán Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) que permitirán concretar y dar seguimiento al plan nacional. Es así, que todos y cada uno de los exguerrilleros en proceso de reincorporación tendrá derecho por una única vez, a un apoyo económico de 8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos. Es fundamental tener en cuenta que, además de la ayuda económica que se le entregará a cada exguerrillero para los proyectos productivos, se agregará el apoyo que sea conseguido por cooperación internacional, el sector privado, fundaciones y/o por organismos multilaterales, incluyendo la cooperación técnica.

La aludidas seccionales territoriales de ECOMÚN, según información recolectada por Verdad Abierta en un artículo del 7 de mayo, han alcanzo un total de 51 cooperativa en 28 municipios de 16 departamentos. De este total, el 25 por ciento se dedica a actividades agropecuarias; el 19 por ciento a infraestructura y vivienda; el 16 por ciento al sector servicios; el 15 por ciento al turismo; el 5 por ciento al transporte, y el 20 por ciento restante a actividades industriales, artesanales y de comunicaciones.

Lo que no se esperaba

A pesar de lo anteriormente descrito como parte del diseño de la reincorporación de las FARC a la vida civil, es de conocimiento público que algunos miembros de la organización en tránsito se han retirado de los ETCR, fundamentalmente porque no existe claridad sobre su reincorporación económica, debido a que los proyectos productivos colectivos no se han iniciado y no se sabe a ciencia cierta cómo será la ruta de ejecución de los individuales. A ellos se suma también los que no se han acreditado y/o recibido lo que en principio se llamó la bancarización. Los exguerrilleros se han movilizado a donde sus familiares o a nuevos territorios de reagrupamiento (que según la FARC son un total de 33 en todo el país, y que agrupan un aproximado de 1790 personas). Muchos otros exguerrilleros están participando de los programas de reincorporación fuera de los ETCR, como son los cursos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y el desminado humanitario, entre otros.

En estos territorios han emprendido su reincorporación con proyectos productivos y de autoabastecimiento, así como con capacitaciones, formación y trabajo político, al cual están acostumbrados. Andrés Stapper, nuevo director de la ARN, afirma que la reincorporación se da en todo el territorio nacional, pero que para estos nuevos puntos de reagrupamiento será imposible garantizar el abastecimiento que para los ETCR aún no se agota, dificultando el proceso de reincorporación que vienen agenciando los exguerrilleros con sus propios esfuerzos debido a la falta de gestión estatal de los retos y realidades de la implementación.

Es así como llegamos a los proyectos productivos que se están desarrollando en los ETCR y sus inmediaciones. Ninguno de estos ha sido financiado en el marco de los 8 millones que se le entregarían a cada excombatiente, como se encuentra consignado en el Acuerdo final; estos han sido creados y mantenidos por iniciativa propia de grupos de exguerrilleros que han decidido “no esperar a que el gobierno cumpla, sino que, estamos demostrando nuestro compromiso con la reincorporación y la paz”, señala Ernesto Aguilar, coordinador del ETCR Georgina Ortiz en Vista Hermosa, en el departamento del Meta, en donde han sembrado 5 hectáreas de caña para la producción de panela, disponen de 8 más listas para sembrar, además de un cultivo de 23 hectáreas de sacha inchi. Es importante señalar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulso este tipo de proyectos e iniciativas para el autoabastecimiento con algunos aportes en todos los ETCR.

Los proyectos desarrollados en los ETCR con esfuerzos propios y/o con el apoyo específico de PNUD han sido un reto, convirtiéndose en pilotos de lo que serían los proyectos de gran envergadura que se están construyendo para todo el colectivo, pues independientemente de que en cada ETCR haya varias líneas productivas y, por tanto, varios proyectos colectivos en edificación, sumados a los de los exguerrilleros que quieren proyectarse de manera individual, los proyectos tendrán el objetivo de beneficiar a todo el colectivo. De igual manera, y como algo fundamental, la FARC ha tomado la decisión de que en el diseño y proyección de dichos proyectos se vincule a comunidad del territorio (como asociados a las cooperativas, como trabajadores en los proyectos y también como cofinanciadores), con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la ruralidad y que han estado sometidos a la falta de democratización del campo.

A los proyectos que se vienen desarrollando en los ECTR por gestión directa de ECOMÚN y el componente de FARC que tiene asiento en el CNR, se logró que la Unión Europea apoye un proyecto de piscicultura para todo el país, que le permita a cada Espacio Territorial diseñar y ejecutar un proyecto de acuerdo con los intereses y condiciones de cada municipio y región.

Por último, aparece la demanda de tierras para las FARC, la que, a pesar de no haber sido contemplada en el Acuerdo, se ha convertido en una necesidad imperiosa para poder garantizar los proyectos productivos y la vivienda de los exintegrantes de las FARC, asegurando así su proyecto de vida y evitando generar el riesgo de que vuelvan a integrar grupos armados, situación que no se descarta, pues el no acceso a la tierra ha sido reconocido en varios de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas como un generador y reproductor del conflicto y su expresión armada en el país. Por tanto, es absolutamente indispensable para que la reincorporación sea exitosa que se les otorguen tierras a las cooperativas y a ECOMÚN para el desarrollo de dichos proyectos productivos. En este marco, aparecen los predios donde se ubican los ETCR, los cuales se rigen por contratos de arrendamiento y carecen de seguridad sobre su continuidad, lo que pone en riesgo la habitabilidad de las viviendas transitorias que se construyeron en estos lugares, además de los proyectos productivos que ya se han venido desarrollando en estos espacios.

Las contradicciones

En el marco de los diálogos que se desarrollaron en La Habana, las FARC fueron profunda e insistentemente enfáticas en que la reincorporación se debía dar en los niveles individual y colectivo, haciendo énfasis en la intención de conservar como organización política su cohesión, aprendizaje, experiencia, así como su capital humano, entendiendo también que la mayoría de la base social de esa organización han sido campesinos y habitantes de la ruralidad, por tanto, personas con vocación agraria. Es desde esta visión que se construyeron ECOMÚN y las cooperativas de economía solidaria, priorizando también la formulación de los proyectos colectivos, y se ha intentado que para cada acción, proyecto, programa o iniciativa que se desarrolle en los ETCR y a nivel nacional se termine por beneficiar a la comunidad de exguerrilleros. Es así, que la FARC decide ser un agente activo dentro de su reincorporación, participando de los espacios de planificación, proyección y ejecución, aportando propuestas y, por supuesto, reconociendo los obstáculos que se puedan presentar en su tránsito a organización política legal en cualquiera de los aspectos que esto implica en los territorios.

El Gobierno colombiano, por su lado ―a pesar de que se trata de un acuerdo conjunto y de que, además, las medidas de las priorizaciones y ejecuciones se toman por decisión de las dos partes en el CNR―, ha dicho recientemente que el problema de la reincorporación radica fundamentalmente en la FARC, pues según el presidente de la República hay una intención por parte de los jefes de esta organización que todo sea colectivo, mientras que muchos de los integrantes de las bases quieren que sea individual. Como consecuencia de esa disyuntiva, y según dice el presidente, las FARC no han aprobado la ruta de reincorporación individual y hay recursos para proyectos productivos que cobijarían a cinco mil excombatientes que están bloqueados. A pesar de esas afirmaciones, las cuales pierden su peso revisando los censos y diagnósticos de los ETCR, en los que se expresa la voluntad de la mayoría de los exguerrilleros de apuntarle a los proyectos colectivos, sí existe un retraso frente a la ruta individual, de lo cual no se puede culpar a las FARC, pues la dinámica del CNR, así como fue en la Mesa de Conversaciones, es que cada parte presenta sus propuestas y se va revaluando y ajustando según sea el caso, para al final, tener un acuerdo. Pero sobre todo lo anterior, es necesario tener en cuenta que la evolución del concepto de reinserción y reintegración, a reincorporación, está guiado por el carácter político y colectivo del mismo, delimitación que le da unas características específicas al proceso actual y que en el marco de la implementación no se pueden obviar.

Los proyectos productivos se han convertido, entonces, en uno de los temas de discusión, pues al mismo tiempo que se requieren tierras para su desarrollo, elemento que el Gobierno Nacional aún no ha garantizado ―ni siquiera después de llegar a un acuerdo con la FARC sobre una propuesta de decreto, que se encuentra archivada―, se ha presentado un sinnúmero de obstáculos para su aprobación, en voz del Gobierno, porque su diseño aún no cumple con las especificaciones técnicas. Es en este contexto que se olvida el carácter participativo de los mismos, que deben ser consensuados y responder a las necesidades e intereses de los exguerrilleros que se vinculan, proceso que demora pero que, además, no puede ser finiquitado sin las especificaciones técnicas que requiere tener definido el terreno sobre el cual se desarrollará. Este es un asunto que genera bastante preocupación e incertidumbre, pues, a pesar de que el desarrollo de los proyectos productivos se prevé para una etapa intermedia de la reincorporación, el abastecimiento que el Gobierno otorgaba ha venido disminuyendo y tiene un plazo próximo a acabar, situación que complejizaría no solo la permanencia de los exguerrilleros en los ETCR, sino que, además, pondría gravemente en riesgo su permanencia en el proceso de reincorporación, dado que, en esa circunstancia, no se tendría seguridad alguna de que los derechos económicos estén garantizados.

Los retos

Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC-EP, ha mencionado en diferentes ocasiones, que, en estudios comparados sobre los acuerdos de paz que se han dado en el mundo, se concluye que el 80% quedan inconclusos en su implementación, que para el caso de Colombia se presenta una situación problemática y que existe la intención de cambiar apartados del Acuerdo con el argumento de “una mejora”. El rearme y la emergencia de nuevas violencias y conflictividades es uno de los retos a los que se enfrenta cualquier proceso de paz; por tanto, es necesario garantizar una excelente reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, fundamentalmente en la apertura de nuevas opciones laborales que les permita que su reincorporación sea sostenible a través de los proyectos productivos o de nuevos escenarios municipales, que también vinculen a la comunidad.

El escenario al que se debe llegar no puede ser aquel en el que alguna de las partes salga a culpar a la otra de los obstáculos que se presentan, menos aún en el caso del Estado colombiano que es el que debe garantizar dicha reincorporación. Por el contrario, bajo el espíritu de los acuerdos, le correspondería promover y proyectar a la FARC como sujeto activo y empoderado de los aspectos políticos, sociales y económicos del tránsito. En el caso de los funcionarios públicos encargados de la reincorporación en los territorios, es necesario reordenar sus funciones, pues estos se han concentrado en recoger información y gestionar algunas actividades puntuales ―y ello ni siquiera en todas partes―, cuando en realidad deberían encargarse de coordinar y gestionar la oferta institucional.

En esta misma vía, “al CNR debe elevársele el perfil”, como lo ha mencionado Juan Pablo Torres, miembro de la FARC y asesor en el CNR, y “a partir de la normatividad [otorgársele] robustez en el tiempo, en sus funciones y en el territorio”, dejando su carácter de instancia y evitando que quede sujeto a motivaciones o intenciones políticas, posibilitando que al mismo tiempo que en esa dinámica activa se logre la contratación de un equipo de trabajo que apoye técnicamente al componente de la FARC que tiene asiento en el Consejo. En cuanto a los CTR, estos también deben ser blindados jurídicamente, pero, además, deben pasar a la ofensiva, a formular y a crear política y programas de gobierno que permitan apoyar y acelerar la reincorporación, y proponer que, además de las políticas que sean estructuradas desde el nivel nacional, existan acciones que el ejecutivo regional y territorial pueda desarrollar.

En cuanto a los proyectos, los retos son múltiples y todos revisten igual importancia: Se debe conseguir la totalidad del subsidio que se acordó darle a cada exguerrillero, pues este está incompleto; debe generarse una estrategia que permita conseguir los recursos faltantes para cada uno de los proyectos, bien sea con cooperación internacional para el desarrollo, con el sector privado y/o con las instituciones públicas; profundizar la articulación y vinculación institucional, que permita apoyar los proyectos productivos en su ejecución, por ejemplo, con instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano Agropecuario, las Corporaciones Autónomas Regionales, las secretarias de agricultura y desarrollo económico, entre muchas otras, recordando que es una política de todo el Estado; el acompañamiento técnico no solo se debe centrar en el desarrollo de las iniciativas productivas, también en los ámbitos administrativos, contables y financieros, que permitan darle un manejo organizado a los recursos y disposiciones que requieran los proyectos y sus cooperativas; las vías que llevan a los territorios donde los proyectos productivos se desarrollarán deben ser mejoradas, al igual que el apoyo del Gobierno, bajo una estrategia seria y construida con la FARC para garantizar el mercadeo de los productos cosechados.

Es necesario que los proyectos individuales sean de especial cuidado, pues según análisis sobre los procesos previos de reincorporación, se cometió el error de creer que en cada exguerrillero había un potencial empresario, situación que en los proyectos colectivos logra enfrentarse al haber una construcción colectiva, un apoyo de ECOMÚN y de las instituciones del Estado. Es necesario definir en detalle el camino y la forma en que se ejecutarán y acompañarán los proyectos individuales.

Por otro lado, se necesita tener una propuesta clara y específicamente definida sobre la participación del sector privado en la reincorporación. Este puede cumplir un papel determinante en la inversión, en el apoyo a los proyectos productivos, en la comercialización o apoyo técnico, entre muchas otras. Lo anterior, si este sector incluye la reincorporación dentro de su política de responsabilidad social empresarial.

Por último, es necesario que el Consejo Nacional de Reincorporación se acomode, bajo el espíritu de lo acordado, a las nuevas realidades y retos que estas implican. Un ejemplo de esto lo constituye la cantidad de exguerrilleros que han decidido reincorporarse a la vida civil en las zonas urbanas, que, para el caso de Bogotá alcanza más de 1000 exguerrilleros, lo cual genera una discusión acerca de la necesidad de crear un ETCR que requeriría de una estrategia que no esté enmarcada bajo la concepción individual de reintegración.

Bibliografía

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Instituto KROC (2017). “Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”. Página en línea: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf

Mesa de Conversaciones (2017). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá, Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz-OIAP (2018). “La paz en deuda”. Página en línea: https://oiapblog.files.wordpress.com/2018/01/la-paz-en-deuda.pdf

El País (2018). “La reincorporación de la Farc se ha cumplido en un 80 %”, dice la ARN. Página en línea: http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-reincorporacion-de-la-farc-se-ha-cumplido-en-un-80-dice-la-arn.html

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2018). “Balance positivo en reintegración y reincorporación deja director saliente de la ARN”. Página en línea: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2018/03/Balance-positivo-en-reintegración-y-reincorporación-deja-director-saliente-de-la-ARN.aspx

En lo referente a la incorporación, la implementación de los acuerdos debería trascender la literalidad de los mismos, ser flexible y adaptarse no solo a un enfoque diferencial y de género, sino, al mismo tiempo, plantearse como meta la construcción de una política pública que tenga en cuenta a las víctimas del conflicto y, en general, a la comunidad que recibe a los exguerrilleros.



El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conocido también como Acuerdo del Colón o el Acuerdo de la Esperanza, firmado entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia armada de las FARC-EP, contempla seis puntos, dentro de los cuales el tercero se denominó Fin del Conflicto y se centra en el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD), la Dejación de Armas (DA) y la Reincorporación de los miembros de este grupo alzado en armas contra el Estado. Este punto establece como objetivo tanto la terminación definitiva de las acciones ofensivas y, en general, de las hostilidades que se daban entre la fuerza pública y las FARC-EP, pero también con la población civil, así como la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros como individuos y como colectivo.

Para la Reincorporación ―tema central de este artículo― las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) fueron la figura que se creó para concentrar a los frentes y estructuras militares de FARC-EP con el objetivo de iniciar el proceso de monitoreo y verificación del CFHBD, la DA y al mismo tiempo comenzar el proceso de reincorporación. Es así como, cuando terminan los tiempos determinados para el CFHBD y la DA, las ZVTN pasan a convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde se pretende que se garantice y solidifique el proceso de reincorporación en cada una de sus etapas. Este proceso se inició con la entrega de una lista de los integrantes (guerrilleros y milicianos) de FARC-EP en cada una de las ZVTN, la cual se utilizó para realizar un registro posterior de la cantidad del personal, incluyendo los que tenían armas, que para un momento posterior recibirían su respectiva acreditación (necesaria para poder acceder a las medidas acordadas).

Como lo establece el acuerdo, el proceso de reincorporación de las FARC-EP en lo social, económico y político sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera, demostrando el compromiso de la organización insurgente en terminar el conflicto armado para convertirse en un actor político legal que aporte a la reconciliación del país, la convivencia y la no repetición. A pesar de que no sea objeto de análisis detallado en este escrito, es fundamental destacar los apartados específicos que se contemplan en el acuerdo sobre la persecución y eliminación del fenómeno paramilitar en el país, dentro de lo cual está: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales; la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales; el Cuerpo Elite de la Policía Nacional; un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; un Programa de protección integral para las y los miembros del nuevo partido político que surgiera del tránsito a la legalidad de las FARC-EP, entre muchos otros mecanismos que se establecieron para contribuir a la reincorporación, así como para generar otros impactos.

Para poder garantizar una reincorporación económica y social sostenible, el acuerdo contempla a) una Renta Básica por un valor del 90% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que se otorga durante 24 meses a cada uno de los integrantes de las FARC-EP, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos; b) una Asignación única de Normalización para cada integrante por la suma de 2 millones de pesos al terminar las ZVTN; c) seguridad social: durante 24 meses el Gobierno Nacional cubrirá los pagos por concepto de seguridad social y pensión de los exguerrilleros que no tengan un vínculo contractual. En relación con las enfermedades graves de alto costo y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, en el marco del CNR, el Gobierno Nacional implementará un sistema especial que permita darles cobertura durante 36 meses; d) planes y programas sociales. Para este fin, se identificarán los planes o programas necesarios para garantizar los derechos fundamentales de los exguerrilleros (educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, validación y homologación de saberes y conocimientos, vivienda, cultura, recreación y deporte, protección y recuperación del medio ambiente, acompañamiento psicosocial, reunificación de núcleos familiares y familias extensas y adultos mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP) .

El 30 de septiembre de 2017, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) del Gobierno Nacional indicaba que 9.843 exguerrilleros de las FARC-EP estaban vinculados al sistema de salud, 3.500 inscritos en programas de formación académica, 3.840 afiliados a un régimen de pensión y 10.172 habían recibido el recurso de la asignación única de normalización (OIAP, 2018).

A un año de haber comenzado la implementación del Acuerdo, el Instituto Kroc (2017) de la Universidad de Notre Dame emitió un informe en el que señalaba que de 558 disposiciones que el Acuerdo contiene en su totalidad, se observaba alguna actividad en 251, equivalentes al 45% de las mismas, mientras que en relación con 307, o sea, el 55%, no se había registrado avance alguno. Complementando lo anterior, el informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) señala que el Acuerdo se ha cumplido en un 18,5% en cuanto se refiere a la implementación normativa e institucional.

Lo anterior, sumado a los incumplimientos ―o cumplimientos parciales de algunas disposiciones― termina por generar suspicacias en relación con el proceso de paz, así como incertidumbre en la comunidad de las antiguas FARC-EP sobre el compromiso del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que la organización guerrillera cumple al pie de la letra lo que se pactó, sobre todo en relación con el CFHBD, la DA, la concentración de las unidades guerrilleras, la entrega de niños, niñas y adolescentes, la elaboración de las listas, la entrega de las caletas y de los bienes y recursos. Por otra parte, la situación en mención amplía la cantidad de argumentos de aquellos que se oponen al proceso, pero también estimula un reacomodamiento de la violencia en los territorios de conflicto, dentro de lo que se incluye el retorno a las armas por parte de algunos integrantes de las FARC-EP que pierden la confianza y de la comunidad que aún ve en la lucha armada una opción para el logro de derechos.



Reincorporación social

El núcleo de la reincorporación social de los exguerrilleros de las FARC-EP está determinado por la garantía de cumplimiento y satisfacción de una serie de derechos que les permitan ingresar a la vida civil con un cúmulo de conocimientos básicos certificados, de los cuales puedan hacer uso para emprender una proyección laboral y, además, con un conocimiento básico para su desenvolvimiento en la sociedad actual. Adicionalmente, y como punto destacable, se ha planteado la importancia de validar y homologar los saberes que adquirieron durante su estancia en la organización insurgente, en donde tuvieron que desarrollar todo tipo de tareas relacionadas con la atención en salud, el trabajo en carpintería, en protección medioambiental, en actividades productivas, deportivas, financieras y otras, como cocina, modistería, lectoescritura, docencia, etc. De igual manera, al reto educativo de más de 11.000 miembros de la antigua organización armada se le agrega la urgencia de satisfacer las necesidades de vivienda de la totalidad de sus integrantes, una serie de planes y programas culturales, de recreación, deporte, protección y recuperación del medio ambiente, como también un acompañamiento psicosocial.

El apoyo psicosocial, que aun no ha empezado en ninguno de los ETCR, debe instituirse con el objeto de mejorar la calidad de vida de los exguerrilleros a través del restablecimiento emocional y socioeconómico de cada individuo y del colectivo, ahora en la legalidad. De la misma manera, por ser población que viene directamente de la confrontación armada, debe contemplarse la superación de eventos traumáticos colectivos, debido a que vieron morir a sus compañeros, a quienes en muchos casos no pudieron siquiera sepultar, así como a integrantes de sus familias, con anterioridad a su ingreso a la guerrilla.

Nos enfrentamos a un reto para no repetir la experiencia que Patrick Colgan , director de la implementación de los acuerdo de paz en Irlanda, esboza al citar a un excombatiente de dicho país, en el sentido de que cuando muchos exguerrilleros retornaron a sus casas sus vidas habían cambiado totalmente, pues ya no tenían ese proyecto político al cual entregarse las 24 horas del día, además del surgimiento de la tendencia a separarse de quienes habían constituido prácticamente su familia y a recuperar los lazos familiares que habían dejado atrás. Es así que, como el proceso de reincorporación fue pensado en términos individuales, pero también como organización, se busca continuar con la solidez colectiva que traían desde la guerra. Se debe, entonces, buscar el fortalecimiento de su proceso organizativo, reconstruyendo sus proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios.

En este sentido, en la actualidad se observan muchos casos de constitución en el nuevo contexto de núcleos familiares entre los mismos exguerrilleros .

A pesar de que el Acuerdo establece para cada una de las disposiciones que las acciones y medidas que contemplan los diferentes programas serían iniciadas con el comienzo del proceso de dejación de armas en las ZVTN, la única que ha empezado a ser implementada es la educación formal en los niveles de básica y media, la cual se ha desarrollado con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Abierta y a Distancia , además de los cursos ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre temas productivos y cooperativismo. Es decir, que aún no existe claridad sobre la formación universitaria para los ETCR, la validación y homologación de saberes y conocimientos, la vivienda (en cuanto al paso de las que habitan actualmente en los ETCR, que son de carácter transitorio, a viviendas dignas permanentes), programas culturales, recreativos y deportivos estructurales para la comunidad exguerrillera, que al mismo tiempo vincule a los habitantes de las zonas aledañas a los ETCR y promueva así escenarios de reconciliación; a lo anterior se agrega la inexistencia de proyectos, planes o programas para la protección y recuperación del medio ambiente, dado que en la mayoría de las zonas donde las FARC-EP tenían presencia como organización militar se está generando una excesiva deforestación por falta de control. Por último, en relación con el acompañamiento psicosocial, al igual que con las demás disposiciones, aún no se perciben muestras de su iniciación.

Complementando el complejo panorama, el Acuerdo establece que, como se contempla en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a las personas que han pertenecido a organizaciones rebeldes y hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, a efectos de su reincorporación quedarán suspendidas las condenas de la justicia ordinaria o disciplinaria que sean competencia del Tribunal hasta que estas sean tratadas por este último. Sin embargo, se han dado casos de aprensiones de miembros de las FARC-EP, quienes, aun teniendo sus certificados de dejación de armas y demás documentos en regla, han sido retenidos y continúan en los centros de reclusión. A ello debe agregarse que a 30 de octubre de 2017 faltaba aún que se produjera la excarcelación, en aplicación de la ley de amnistía e indulto, de un total de 1.270 integrantes de esta organización, según OIAP (2018).

En lo referente a la incorporación, la implementación de los acuerdos debería trascender la literalidad, ser flexible y adaptarse no solo a un enfoque diferencial y de género, sino, al mismo tiempo, plantearse como meta la construcción de una política pública que tenga en cuenta a las víctimas del conflicto y, en general, a la comunidad que recibe a los exguerrilleros. La vinculación de la comunidad que habita en las zonas aledañas a los ETCR, los civiles, es determinante para evitar que surjan nuevas violencias y resentimiento, pues no se le puede garantizar una serie de derechos sociales a un sector de la población y al otro no, sobre todo si habitan un mismo territorio y se pretende generar procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social.

La reincorporación social tiene, entonces, un trasfondo al margen de las disposiciones o medidas para cada individuo o el colectivo que ahora ingresa a la legalidad. Este consiste en la posibilidad de garantizar una reconstrucción del tejido social con la comunidad a partir de escenarios de reconciliación, que pasan por actividades de verdad y perdón, pero sobre todo de procesos en cuyo marco comunidad, exguerrilleros, instituciones y fuerza publica participen de manera conjunta, como son los proyectos productivos que traen desarrollo económico al territorio, pero, también, actividades culturales, recreativas y deportivas.



Es imperativo que la reincorporación social y económica de los exguerrilleros construya una perspectiva de vida diferente a la que en muchos casos tenían antes de ingresar a las FARC-EP, pues estaba marcada por profundas desigualdades sociales, pobreza y falta de oportunidades socioeconómicas, pocas o nulas opciones educativas y laborales, de salud y recreativas; es necesario, entonces, que la oferta institucional que se brinde por parte del Estado mejore las condiciones de vida de la población.

Para cumplir con este propósito se hace necesario que, tanto el actual Gobierno —en el breve periodo que le queda de administración— como el nuevo que entra, tengan la disposición y capacidad para realizar los cambios institucionales que se requieran, para aprobar las propuestas normativas y también para aglutinar a los sectores políticos que logren concretar el espíritu de los acuerdos.

El Gobierno Nacional necesita poner los pies sobre la tierra y ser consciente que, si no puede garantizar la implementación de los acuerdos en lo que concierne a la reincorporación, es necesario que las organizaciones sociales y comunitarias, junto con las oenegés, por medio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y el apoyo del Estado, participen activamente y ejecuten dichas iniciativas. Shirley Renee Gunn, exintegrante del Congreso Nacional Africano, afirma, a partir de la experiencia del proceso de paz en su país, que no se puede esperar que la implementación de los acuerdos se dé así no más, sino que debe haber una sociedad organizada buscando asegurar que estos se den. Por tanto, es necesario abrir la posibilidad de que el proceso de construcción de paz territorial cuente con el concurso de la sociedad colombiana, pues hemos avanzado en el fin de la guerra, pero no en la construcción de la paz.

De igual manera, es necesario que pasemos de una lista de actividades y proyectos puntuales de reincorporación, que terminan quedando aislados unos de otros, a construir una política pública que atienda el proceso de reincorporación de los más de 11.000 miembros de esta organización. Así como ha existido una política pública para la reincorporación en situaciones anteriores, como la contenida en el CONPES 3554, es necesario diseñar una nueva que incluya de manera integral las características que fueron edificadas en el marco del proceso entre las FARC-EP y Gobierno Nacional.

Es el momento de enraizar y robustecer la reincorporación de los exguerrilleros. Estamos a tiempo de garantizar que las otras disposiciones contempladas en el acuerdo puedan desarrollarse y no se sigan retrasando. Puede que las FARC-EP, honrando el compromiso con la sociedad colombiana, no vuelvan a armarse; sin embargo, la aparición de nuevos grupos armados y la exacerbación de las violencias “ocultas” o el surgimiento de nuevas no dará espera si no se atacan las causas que dieron origen al conflicto, que, para el caso de la reincorporación, tendrán que ver directamente con los exguerrilleros y la comunidad.

Bibliografía

Instituto KROC (2017). “Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”. Página en línea: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf

Mesa de Conversaciones (2017). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá, Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz ‒ OIAP (2018). “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el acuerdo final?” Página en línea: https://oiapblog.files.wordpress.com/2018/01/la-paz-en-deuda.pdf

Verdad Abierta (2017). Reintegración de excombatientes, una mierda a través de experiencias internacionales. Página en línea: https://verdadabierta.com/reintegracion-de-excombatientes-una-mirada-a-traves-de-experiencias-internacionales/?sf_paged=2

Mejía Gómez, Luisa Fernanda (2014). “La reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientes”. Página en línea: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/La%20Reintegración%20social%20y%20económica%20de%20los%20grupos%20armados%20ilegales%20en%20Colombia.pdf