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La reincorporación de las FARC-EP (II): Perspectiva de lo económico y productivo

La reincorporación de las FARC-EP (II): Perspectiva de lo económico y productivo Archivo del autor

Lo planeado

El 15 de agosto del año 2017, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se realizó la dejación de armas, se transformaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que garantizarían el proceso de transito de los individuos y el colectivo FARC a la vida civil en aspectos sociales, económicos y políticos. Dichos espacios estarían diseñados para tener una duración de dos años ―según Decreto 2026 de 2017―, cuya administración (mantenimiento, servicios públicos, saneamiento básico y otros servicios relacionados con el proceso de reincorporación social y económica) estaría a cargo hasta el 31 de marzo de 2018 del Fondo de Programas Especiales para la Paz, que posteriormente debería hacer entrega de dicha administración a la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Sin embargo, este decreto deja de lado el objeto central de los ETCR, esto es, la reincorporación, pues el tema de la tierra, incluyendo los predios donde los ETCR están ubicados, las comunicaciones, la infraestructura y vivienda, la luz, el agua, el tratamiento de residuos, los proyectos productivos, los programas deportivos y la atención psicosocial, entre otros asuntos, queda desvanecido y sujeto a próximas normatividades, en un momento donde el tiempo corre en contra.

En el momento de inicio de los ETCR, se comenzó el proceso de entrega de la asignación única de normalización para cada integrante, también, la asignación de la renta básica por un valor del 90% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que debe ser entregado por parte del Gobierno Nacional durante 24 meses a cada uno de los integrantes de FARC, siempre y cuando no tengan vínculo contractual que les genere ingresos, así como también, el proceso de afiliación y pago de la seguridad social y pensión durante 24 meses.

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) del Gobierno Nacional, en el balance de su saliente director a finales del mes de marzo de 2018, 12.535 excombatientes se encontraban acreditados por el gobierno y 12.052 abrieron cuenta de ahorro. En este balance, sin embargo, se olvidó mencionar que no se trata de una cuenta de ahorro, pues a dichas cuentas no puede llegar ningún tipo de recurso adicional que no esté establecido en el acuerdo; en realidad, se denomina cuenta paz y deja interrogantes sobre la efectiva bancarización de los exguerrilleros.

En el marco de otorgar al colectivo y, por supuesto, a cada exguerrillero en particular, un acceso efectivo a los derechos fundamentales, garantizando un buen proceso de reincorporación que sea sostenible en el tiempo, se encuentran los proyectos productivos colectivos que se establecerían en los ETCR, los cuales tendrían un capital semilla que cada exguerrillero aportaría como parte de la ayuda monetaria que el Acuerdo les otorgaría para su reincorporación económica, promoviendo la creación de empresa, así como también, su empleabilidad en la ruralidad y por tanto una remuneración o ingreso para un futuro inmediato.

Los proyectos productivos están apoyados, amparados y respaldados por ECOMÚN (Economías Sociales del Común), con 5.358 personas en proceso de reincorporación capacitadas en economía solidaria. Se trata de una organización creada por el Decreto Ley 899 que, según el Acuerdo Final, se constituiría para la reincorporación económica colectiva, la cual es de carácter nacional y tiene seccionales territoriales. La organización funciona, entonces, como una confederación de cooperativas territoriales, nivel que aún no se ha podido lograr debido a la falta de conformación de las cooperativas y, posteriormente, de las federaciones que se agrupen en ECOMÚN, sobre todo, por falta de financiación, acompañamiento técnico y una normatividad expedita y extraordinaria que les evitara a los exguerrilleros surtir toda una serie de trámites que se han convertido en una carga (ejemplo de ello es el certificado de antecedentes judiciales para la apertura de las cuentas bancarias de las cooperativas o la devolución de los documentos en las cámaras de comercio por falta de entendimiento de la situación).

Los exintegrantes de las FARC que deseen emprender proyectos productivos individuales tendrán el acompañamiento de ECOMÚN y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). Este último, en tanto espacio institucional integrado por miembros del Gobierno Nacional y de la FARC, tiene como función definir actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación. De igual manera, en el ámbito de lo territorial, se crearán Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) que permitirán concretar y dar seguimiento al plan nacional. Es así, que todos y cada uno de los exguerrilleros en proceso de reincorporación tendrá derecho por una única vez, a un apoyo económico de 8 millones de pesos para el desarrollo de proyectos productivos. Es fundamental tener en cuenta que, además de la ayuda económica que se le entregará a cada exguerrillero para los proyectos productivos, se agregará el apoyo que sea conseguido por cooperación internacional, el sector privado, fundaciones y/o por organismos multilaterales, incluyendo la cooperación técnica.

La aludidas seccionales territoriales de ECOMÚN, según información recolectada por Verdad Abierta en un artículo del 7 de mayo, han alcanzo un total de 51 cooperativa en 28 municipios de 16 departamentos. De este total, el 25 por ciento se dedica a actividades agropecuarias; el 19 por ciento a infraestructura y vivienda; el 16 por ciento al sector servicios; el 15 por ciento al turismo; el 5 por ciento al transporte, y el 20 por ciento restante a actividades industriales, artesanales y de comunicaciones.

Lo que no se esperaba

A pesar de lo anteriormente descrito como parte del diseño de la reincorporación de las FARC a la vida civil, es de conocimiento público que algunos miembros de la organización en tránsito se han retirado de los ETCR, fundamentalmente porque no existe claridad sobre su reincorporación económica, debido a que los proyectos productivos colectivos no se han iniciado y no se sabe a ciencia cierta cómo será la ruta de ejecución de los individuales. A ellos se suma también los que no se han acreditado y/o recibido lo que en principio se llamó la bancarización. Los exguerrilleros se han movilizado a donde sus familiares o a nuevos territorios de reagrupamiento (que según la FARC son un total de 33 en todo el país, y que agrupan un aproximado de 1790 personas). Muchos otros exguerrilleros están participando de los programas de reincorporación fuera de los ETCR, como son los cursos de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y el desminado humanitario, entre otros.

En estos territorios han emprendido su reincorporación con proyectos productivos y de autoabastecimiento, así como con capacitaciones, formación y trabajo político, al cual están acostumbrados. Andrés Stapper, nuevo director de la ARN, afirma que la reincorporación se da en todo el territorio nacional, pero que para estos nuevos puntos de reagrupamiento será imposible garantizar el abastecimiento que para los ETCR aún no se agota, dificultando el proceso de reincorporación que vienen agenciando los exguerrilleros con sus propios esfuerzos debido a la falta de gestión estatal de los retos y realidades de la implementación.

Es así como llegamos a los proyectos productivos que se están desarrollando en los ETCR y sus inmediaciones. Ninguno de estos ha sido financiado en el marco de los 8 millones que se le entregarían a cada excombatiente, como se encuentra consignado en el Acuerdo final; estos han sido creados y mantenidos por iniciativa propia de grupos de exguerrilleros que han decidido “no esperar a que el gobierno cumpla, sino que, estamos demostrando nuestro compromiso con la reincorporación y la paz”, señala Ernesto Aguilar, coordinador del ETCR Georgina Ortiz en Vista Hermosa, en el departamento del Meta, en donde han sembrado 5 hectáreas de caña para la producción de panela, disponen de 8 más listas para sembrar, además de un cultivo de 23 hectáreas de sacha inchi. Es importante señalar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), impulso este tipo de proyectos e iniciativas para el autoabastecimiento con algunos aportes en todos los ETCR.

Los proyectos desarrollados en los ETCR con esfuerzos propios y/o con el apoyo específico de PNUD han sido un reto, convirtiéndose en pilotos de lo que serían los proyectos de gran envergadura que se están construyendo para todo el colectivo, pues independientemente de que en cada ETCR haya varias líneas productivas y, por tanto, varios proyectos colectivos en edificación, sumados a los de los exguerrilleros que quieren proyectarse de manera individual, los proyectos tendrán el objetivo de beneficiar a todo el colectivo. De igual manera, y como algo fundamental, la FARC ha tomado la decisión de que en el diseño y proyección de dichos proyectos se vincule a comunidad del territorio (como asociados a las cooperativas, como trabajadores en los proyectos y también como cofinanciadores), con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la ruralidad y que han estado sometidos a la falta de democratización del campo.

A los proyectos que se vienen desarrollando en los ECTR por gestión directa de ECOMÚN y el componente de FARC que tiene asiento en el CNR, se logró que la Unión Europea apoye un proyecto de piscicultura para todo el país, que le permita a cada Espacio Territorial diseñar y ejecutar un proyecto de acuerdo con los intereses y condiciones de cada municipio y región.

Por último, aparece la demanda de tierras para las FARC, la que, a pesar de no haber sido contemplada en el Acuerdo, se ha convertido en una necesidad imperiosa para poder garantizar los proyectos productivos y la vivienda de los exintegrantes de las FARC, asegurando así su proyecto de vida y evitando generar el riesgo de que vuelvan a integrar grupos armados, situación que no se descarta, pues el no acceso a la tierra ha sido reconocido en varios de los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas como un generador y reproductor del conflicto y su expresión armada en el país. Por tanto, es absolutamente indispensable para que la reincorporación sea exitosa que se les otorguen tierras a las cooperativas y a ECOMÚN para el desarrollo de dichos proyectos productivos. En este marco, aparecen los predios donde se ubican los ETCR, los cuales se rigen por contratos de arrendamiento y carecen de seguridad sobre su continuidad, lo que pone en riesgo la habitabilidad de las viviendas transitorias que se construyeron en estos lugares, además de los proyectos productivos que ya se han venido desarrollando en estos espacios.

Las contradicciones

En el marco de los diálogos que se desarrollaron en La Habana, las FARC fueron profunda e insistentemente enfáticas en que la reincorporación se debía dar en los niveles individual y colectivo, haciendo énfasis en la intención de conservar como organización política su cohesión, aprendizaje, experiencia, así como su capital humano, entendiendo también que la mayoría de la base social de esa organización han sido campesinos y habitantes de la ruralidad, por tanto, personas con vocación agraria. Es desde esta visión que se construyeron ECOMÚN y las cooperativas de economía solidaria, priorizando también la formulación de los proyectos colectivos, y se ha intentado que para cada acción, proyecto, programa o iniciativa que se desarrolle en los ETCR y a nivel nacional se termine por beneficiar a la comunidad de exguerrilleros. Es así, que la FARC decide ser un agente activo dentro de su reincorporación, participando de los espacios de planificación, proyección y ejecución, aportando propuestas y, por supuesto, reconociendo los obstáculos que se puedan presentar en su tránsito a organización política legal en cualquiera de los aspectos que esto implica en los territorios.

El Gobierno colombiano, por su lado ―a pesar de que se trata de un acuerdo conjunto y de que, además, las medidas de las priorizaciones y ejecuciones se toman por decisión de las dos partes en el CNR―, ha dicho recientemente que el problema de la reincorporación radica fundamentalmente en la FARC, pues según el presidente de la República hay una intención por parte de los jefes de esta organización que todo sea colectivo, mientras que muchos de los integrantes de las bases quieren que sea individual. Como consecuencia de esa disyuntiva, y según dice el presidente, las FARC no han aprobado la ruta de reincorporación individual y hay recursos para proyectos productivos que cobijarían a cinco mil excombatientes que están bloqueados. A pesar de esas afirmaciones, las cuales pierden su peso revisando los censos y diagnósticos de los ETCR, en los que se expresa la voluntad de la mayoría de los exguerrilleros de apuntarle a los proyectos colectivos, sí existe un retraso frente a la ruta individual, de lo cual no se puede culpar a las FARC, pues la dinámica del CNR, así como fue en la Mesa de Conversaciones, es que cada parte presenta sus propuestas y se va revaluando y ajustando según sea el caso, para al final, tener un acuerdo. Pero sobre todo lo anterior, es necesario tener en cuenta que la evolución del concepto de reinserción y reintegración, a reincorporación, está guiado por el carácter político y colectivo del mismo, delimitación que le da unas características específicas al proceso actual y que en el marco de la implementación no se pueden obviar.

Los proyectos productivos se han convertido, entonces, en uno de los temas de discusión, pues al mismo tiempo que se requieren tierras para su desarrollo, elemento que el Gobierno Nacional aún no ha garantizado ―ni siquiera después de llegar a un acuerdo con la FARC sobre una propuesta de decreto, que se encuentra archivada―, se ha presentado un sinnúmero de obstáculos para su aprobación, en voz del Gobierno, porque su diseño aún no cumple con las especificaciones técnicas. Es en este contexto que se olvida el carácter participativo de los mismos, que deben ser consensuados y responder a las necesidades e intereses de los exguerrilleros que se vinculan, proceso que demora pero que, además, no puede ser finiquitado sin las especificaciones técnicas que requiere tener definido el terreno sobre el cual se desarrollará. Este es un asunto que genera bastante preocupación e incertidumbre, pues, a pesar de que el desarrollo de los proyectos productivos se prevé para una etapa intermedia de la reincorporación, el abastecimiento que el Gobierno otorgaba ha venido disminuyendo y tiene un plazo próximo a acabar, situación que complejizaría no solo la permanencia de los exguerrilleros en los ETCR, sino que, además, pondría gravemente en riesgo su permanencia en el proceso de reincorporación, dado que, en esa circunstancia, no se tendría seguridad alguna de que los derechos económicos estén garantizados.

Los retos

Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC-EP, ha mencionado en diferentes ocasiones, que, en estudios comparados sobre los acuerdos de paz que se han dado en el mundo, se concluye que el 80% quedan inconclusos en su implementación, que para el caso de Colombia se presenta una situación problemática y que existe la intención de cambiar apartados del Acuerdo con el argumento de “una mejora”. El rearme y la emergencia de nuevas violencias y conflictividades es uno de los retos a los que se enfrenta cualquier proceso de paz; por tanto, es necesario garantizar una excelente reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil, fundamentalmente en la apertura de nuevas opciones laborales que les permita que su reincorporación sea sostenible a través de los proyectos productivos o de nuevos escenarios municipales, que también vinculen a la comunidad.

El escenario al que se debe llegar no puede ser aquel en el que alguna de las partes salga a culpar a la otra de los obstáculos que se presentan, menos aún en el caso del Estado colombiano que es el que debe garantizar dicha reincorporación. Por el contrario, bajo el espíritu de los acuerdos, le correspondería promover y proyectar a la FARC como sujeto activo y empoderado de los aspectos políticos, sociales y económicos del tránsito. En el caso de los funcionarios públicos encargados de la reincorporación en los territorios, es necesario reordenar sus funciones, pues estos se han concentrado en recoger información y gestionar algunas actividades puntuales ―y ello ni siquiera en todas partes―, cuando en realidad deberían encargarse de coordinar y gestionar la oferta institucional.

En esta misma vía, “al CNR debe elevársele el perfil”, como lo ha mencionado Juan Pablo Torres, miembro de la FARC y asesor en el CNR, y “a partir de la normatividad [otorgársele] robustez en el tiempo, en sus funciones y en el territorio”, dejando su carácter de instancia y evitando que quede sujeto a motivaciones o intenciones políticas, posibilitando que al mismo tiempo que en esa dinámica activa se logre la contratación de un equipo de trabajo que apoye técnicamente al componente de la FARC que tiene asiento en el Consejo. En cuanto a los CTR, estos también deben ser blindados jurídicamente, pero, además, deben pasar a la ofensiva, a formular y a crear política y programas de gobierno que permitan apoyar y acelerar la reincorporación, y proponer que, además de las políticas que sean estructuradas desde el nivel nacional, existan acciones que el ejecutivo regional y territorial pueda desarrollar.

En cuanto a los proyectos, los retos son múltiples y todos revisten igual importancia: Se debe conseguir la totalidad del subsidio que se acordó darle a cada exguerrillero, pues este está incompleto; debe generarse una estrategia que permita conseguir los recursos faltantes para cada uno de los proyectos, bien sea con cooperación internacional para el desarrollo, con el sector privado y/o con las instituciones públicas; profundizar la articulación y vinculación institucional, que permita apoyar los proyectos productivos en su ejecución, por ejemplo, con instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano Agropecuario, las Corporaciones Autónomas Regionales, las secretarias de agricultura y desarrollo económico, entre muchas otras, recordando que es una política de todo el Estado; el acompañamiento técnico no solo se debe centrar en el desarrollo de las iniciativas productivas, también en los ámbitos administrativos, contables y financieros, que permitan darle un manejo organizado a los recursos y disposiciones que requieran los proyectos y sus cooperativas; las vías que llevan a los territorios donde los proyectos productivos se desarrollarán deben ser mejoradas, al igual que el apoyo del Gobierno, bajo una estrategia seria y construida con la FARC para garantizar el mercadeo de los productos cosechados.

Es necesario que los proyectos individuales sean de especial cuidado, pues según análisis sobre los procesos previos de reincorporación, se cometió el error de creer que en cada exguerrillero había un potencial empresario, situación que en los proyectos colectivos logra enfrentarse al haber una construcción colectiva, un apoyo de ECOMÚN y de las instituciones del Estado. Es necesario definir en detalle el camino y la forma en que se ejecutarán y acompañarán los proyectos individuales.

Por otro lado, se necesita tener una propuesta clara y específicamente definida sobre la participación del sector privado en la reincorporación. Este puede cumplir un papel determinante en la inversión, en el apoyo a los proyectos productivos, en la comercialización o apoyo técnico, entre muchas otras. Lo anterior, si este sector incluye la reincorporación dentro de su política de responsabilidad social empresarial.

Por último, es necesario que el Consejo Nacional de Reincorporación se acomode, bajo el espíritu de lo acordado, a las nuevas realidades y retos que estas implican. Un ejemplo de esto lo constituye la cantidad de exguerrilleros que han decidido reincorporarse a la vida civil en las zonas urbanas, que, para el caso de Bogotá alcanza más de 1000 exguerrilleros, lo cual genera una discusión acerca de la necesidad de crear un ETCR que requeriría de una estrategia que no esté enmarcada bajo la concepción individual de reintegración.

Bibliografía

Verdad Abierta (2018). “Se embolata adjudicación de tierras para la FARC”. Página en línea: https://verdadabierta.com/se-embolata-la-adjudicacion-de-tierras-para-la-farc/

Instituto KROC (2017). “Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”. Página en línea: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf

Mesa de Conversaciones (2017). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá, Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz-OIAP (2018). “La paz en deuda”. Página en línea: https://oiapblog.files.wordpress.com/2018/01/la-paz-en-deuda.pdf

El País (2018). “La reincorporación de la Farc se ha cumplido en un 80 %”, dice la ARN. Página en línea: http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/la-reincorporacion-de-la-farc-se-ha-cumplido-en-un-80-dice-la-arn.html

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (2018). “Balance positivo en reintegración y reincorporación deja director saliente de la ARN”. Página en línea: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2018/03/Balance-positivo-en-reintegración-y-reincorporación-deja-director-saliente-de-la-ARN.aspx

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Nicolás Andrés Uribe Rivera

Trabajador Social de la Universidad Externado de Colombia. Especializándose en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la misma universidad. Su trabajo académico e investigativo se centra sobre las dinámicas del conflicto armado colombiano, la recuperación de la memoria, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y la búsqueda de alternativas para la construcción de paz. Experiencia de trabajo comunitario con organizaciones sociales en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento organizativo y construcción de alternativas al desarrollo. 

Investigador del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz

Correo electrónico: n.uribe.ecicp@gmail.com

Sitio Web: twitter.com/@N_A_U_R