La reincorporación de las FARC-EP (I): Estado actual y retos de lo social

En lo referente a la incorporación, la implementación de los acuerdos debería trascender la literalidad de los mismos, ser flexible y adaptarse no solo a un enfoque diferencial y de género, sino, al mismo tiempo, plantearse como meta la construcción de una política pública que tenga en cuenta a las víctimas del conflicto y, en general, a la comunidad que recibe a los exguerrilleros.



El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conocido también como Acuerdo del Colón o el Acuerdo de la Esperanza, firmado entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia armada de las FARC-EP, contempla seis puntos, dentro de los cuales el tercero se denominó Fin del Conflicto y se centra en el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo (CFHBD), la Dejación de Armas (DA) y la Reincorporación de los miembros de este grupo alzado en armas contra el Estado. Este punto establece como objetivo tanto la terminación definitiva de las acciones ofensivas y, en general, de las hostilidades que se daban entre la fuerza pública y las FARC-EP, pero también con la población civil, así como la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros como individuos y como colectivo.

Para la Reincorporación ―tema central de este artículo― las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) fueron la figura que se creó para concentrar a los frentes y estructuras militares de FARC-EP con el objetivo de iniciar el proceso de monitoreo y verificación del CFHBD, la DA y al mismo tiempo comenzar el proceso de reincorporación. Es así como, cuando terminan los tiempos determinados para el CFHBD y la DA, las ZVTN pasan a convertirse en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde se pretende que se garantice y solidifique el proceso de reincorporación en cada una de sus etapas. Este proceso se inició con la entrega de una lista de los integrantes (guerrilleros y milicianos) de FARC-EP en cada una de las ZVTN, la cual se utilizó para realizar un registro posterior de la cantidad del personal, incluyendo los que tenían armas, que para un momento posterior recibirían su respectiva acreditación (necesaria para poder acceder a las medidas acordadas).

Como lo establece el acuerdo, el proceso de reincorporación de las FARC-EP en lo social, económico y político sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera, demostrando el compromiso de la organización insurgente en terminar el conflicto armado para convertirse en un actor político legal que aporte a la reconciliación del país, la convivencia y la no repetición. A pesar de que no sea objeto de análisis detallado en este escrito, es fundamental destacar los apartados específicos que se contemplan en el acuerdo sobre la persecución y eliminación del fenómeno paramilitar en el país, dentro de lo cual está: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales; la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales; el Cuerpo Elite de la Policía Nacional; un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; un Programa de protección integral para las y los miembros del nuevo partido político que surgiera del tránsito a la legalidad de las FARC-EP, entre muchos otros mecanismos que se establecieron para contribuir a la reincorporación, así como para generar otros impactos.

Para poder garantizar una reincorporación económica y social sostenible, el acuerdo contempla a) una Renta Básica por un valor del 90% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), que se otorga durante 24 meses a cada uno de los integrantes de las FARC-EP, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos; b) una Asignación única de Normalización para cada integrante por la suma de 2 millones de pesos al terminar las ZVTN; c) seguridad social: durante 24 meses el Gobierno Nacional cubrirá los pagos por concepto de seguridad social y pensión de los exguerrilleros que no tengan un vínculo contractual. En relación con las enfermedades graves de alto costo y para la rehabilitación de lesiones derivadas del conflicto, en el marco del CNR, el Gobierno Nacional implementará un sistema especial que permita darles cobertura durante 36 meses; d) planes y programas sociales. Para este fin, se identificarán los planes o programas necesarios para garantizar los derechos fundamentales de los exguerrilleros (educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, validación y homologación de saberes y conocimientos, vivienda, cultura, recreación y deporte, protección y recuperación del medio ambiente, acompañamiento psicosocial, reunificación de núcleos familiares y familias extensas y adultos mayores, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP) .

El 30 de septiembre de 2017, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) del Gobierno Nacional indicaba que 9.843 exguerrilleros de las FARC-EP estaban vinculados al sistema de salud, 3.500 inscritos en programas de formación académica, 3.840 afiliados a un régimen de pensión y 10.172 habían recibido el recurso de la asignación única de normalización (OIAP, 2018).

A un año de haber comenzado la implementación del Acuerdo, el Instituto Kroc (2017) de la Universidad de Notre Dame emitió un informe en el que señalaba que de 558 disposiciones que el Acuerdo contiene en su totalidad, se observaba alguna actividad en 251, equivalentes al 45% de las mismas, mientras que en relación con 307, o sea, el 55%, no se había registrado avance alguno. Complementando lo anterior, el informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) señala que el Acuerdo se ha cumplido en un 18,5% en cuanto se refiere a la implementación normativa e institucional.

Lo anterior, sumado a los incumplimientos ―o cumplimientos parciales de algunas disposiciones― termina por generar suspicacias en relación con el proceso de paz, así como incertidumbre en la comunidad de las antiguas FARC-EP sobre el compromiso del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que la organización guerrillera cumple al pie de la letra lo que se pactó, sobre todo en relación con el CFHBD, la DA, la concentración de las unidades guerrilleras, la entrega de niños, niñas y adolescentes, la elaboración de las listas, la entrega de las caletas y de los bienes y recursos. Por otra parte, la situación en mención amplía la cantidad de argumentos de aquellos que se oponen al proceso, pero también estimula un reacomodamiento de la violencia en los territorios de conflicto, dentro de lo que se incluye el retorno a las armas por parte de algunos integrantes de las FARC-EP que pierden la confianza y de la comunidad que aún ve en la lucha armada una opción para el logro de derechos.



Reincorporación social

El núcleo de la reincorporación social de los exguerrilleros de las FARC-EP está determinado por la garantía de cumplimiento y satisfacción de una serie de derechos que les permitan ingresar a la vida civil con un cúmulo de conocimientos básicos certificados, de los cuales puedan hacer uso para emprender una proyección laboral y, además, con un conocimiento básico para su desenvolvimiento en la sociedad actual. Adicionalmente, y como punto destacable, se ha planteado la importancia de validar y homologar los saberes que adquirieron durante su estancia en la organización insurgente, en donde tuvieron que desarrollar todo tipo de tareas relacionadas con la atención en salud, el trabajo en carpintería, en protección medioambiental, en actividades productivas, deportivas, financieras y otras, como cocina, modistería, lectoescritura, docencia, etc. De igual manera, al reto educativo de más de 11.000 miembros de la antigua organización armada se le agrega la urgencia de satisfacer las necesidades de vivienda de la totalidad de sus integrantes, una serie de planes y programas culturales, de recreación, deporte, protección y recuperación del medio ambiente, como también un acompañamiento psicosocial.

El apoyo psicosocial, que aun no ha empezado en ninguno de los ETCR, debe instituirse con el objeto de mejorar la calidad de vida de los exguerrilleros a través del restablecimiento emocional y socioeconómico de cada individuo y del colectivo, ahora en la legalidad. De la misma manera, por ser población que viene directamente de la confrontación armada, debe contemplarse la superación de eventos traumáticos colectivos, debido a que vieron morir a sus compañeros, a quienes en muchos casos no pudieron siquiera sepultar, así como a integrantes de sus familias, con anterioridad a su ingreso a la guerrilla.

Nos enfrentamos a un reto para no repetir la experiencia que Patrick Colgan , director de la implementación de los acuerdo de paz en Irlanda, esboza al citar a un excombatiente de dicho país, en el sentido de que cuando muchos exguerrilleros retornaron a sus casas sus vidas habían cambiado totalmente, pues ya no tenían ese proyecto político al cual entregarse las 24 horas del día, además del surgimiento de la tendencia a separarse de quienes habían constituido prácticamente su familia y a recuperar los lazos familiares que habían dejado atrás. Es así que, como el proceso de reincorporación fue pensado en términos individuales, pero también como organización, se busca continuar con la solidez colectiva que traían desde la guerra. Se debe, entonces, buscar el fortalecimiento de su proceso organizativo, reconstruyendo sus proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios.

En este sentido, en la actualidad se observan muchos casos de constitución en el nuevo contexto de núcleos familiares entre los mismos exguerrilleros .

A pesar de que el Acuerdo establece para cada una de las disposiciones que las acciones y medidas que contemplan los diferentes programas serían iniciadas con el comienzo del proceso de dejación de armas en las ZVTN, la única que ha empezado a ser implementada es la educación formal en los niveles de básica y media, la cual se ha desarrollado con el apoyo del Consejo Noruego para los Refugiados, el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Abierta y a Distancia , además de los cursos ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sobre temas productivos y cooperativismo. Es decir, que aún no existe claridad sobre la formación universitaria para los ETCR, la validación y homologación de saberes y conocimientos, la vivienda (en cuanto al paso de las que habitan actualmente en los ETCR, que son de carácter transitorio, a viviendas dignas permanentes), programas culturales, recreativos y deportivos estructurales para la comunidad exguerrillera, que al mismo tiempo vincule a los habitantes de las zonas aledañas a los ETCR y promueva así escenarios de reconciliación; a lo anterior se agrega la inexistencia de proyectos, planes o programas para la protección y recuperación del medio ambiente, dado que en la mayoría de las zonas donde las FARC-EP tenían presencia como organización militar se está generando una excesiva deforestación por falta de control. Por último, en relación con el acompañamiento psicosocial, al igual que con las demás disposiciones, aún no se perciben muestras de su iniciación.

Complementando el complejo panorama, el Acuerdo establece que, como se contempla en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respecto a las personas que han pertenecido a organizaciones rebeldes y hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, a efectos de su reincorporación quedarán suspendidas las condenas de la justicia ordinaria o disciplinaria que sean competencia del Tribunal hasta que estas sean tratadas por este último. Sin embargo, se han dado casos de aprensiones de miembros de las FARC-EP, quienes, aun teniendo sus certificados de dejación de armas y demás documentos en regla, han sido retenidos y continúan en los centros de reclusión. A ello debe agregarse que a 30 de octubre de 2017 faltaba aún que se produjera la excarcelación, en aplicación de la ley de amnistía e indulto, de un total de 1.270 integrantes de esta organización, según OIAP (2018).

En lo referente a la incorporación, la implementación de los acuerdos debería trascender la literalidad, ser flexible y adaptarse no solo a un enfoque diferencial y de género, sino, al mismo tiempo, plantearse como meta la construcción de una política pública que tenga en cuenta a las víctimas del conflicto y, en general, a la comunidad que recibe a los exguerrilleros. La vinculación de la comunidad que habita en las zonas aledañas a los ETCR, los civiles, es determinante para evitar que surjan nuevas violencias y resentimiento, pues no se le puede garantizar una serie de derechos sociales a un sector de la población y al otro no, sobre todo si habitan un mismo territorio y se pretende generar procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social.

La reincorporación social tiene, entonces, un trasfondo al margen de las disposiciones o medidas para cada individuo o el colectivo que ahora ingresa a la legalidad. Este consiste en la posibilidad de garantizar una reconstrucción del tejido social con la comunidad a partir de escenarios de reconciliación, que pasan por actividades de verdad y perdón, pero sobre todo de procesos en cuyo marco comunidad, exguerrilleros, instituciones y fuerza publica participen de manera conjunta, como son los proyectos productivos que traen desarrollo económico al territorio, pero, también, actividades culturales, recreativas y deportivas.



Es imperativo que la reincorporación social y económica de los exguerrilleros construya una perspectiva de vida diferente a la que en muchos casos tenían antes de ingresar a las FARC-EP, pues estaba marcada por profundas desigualdades sociales, pobreza y falta de oportunidades socioeconómicas, pocas o nulas opciones educativas y laborales, de salud y recreativas; es necesario, entonces, que la oferta institucional que se brinde por parte del Estado mejore las condiciones de vida de la población.

Para cumplir con este propósito se hace necesario que, tanto el actual Gobierno —en el breve periodo que le queda de administración— como el nuevo que entra, tengan la disposición y capacidad para realizar los cambios institucionales que se requieran, para aprobar las propuestas normativas y también para aglutinar a los sectores políticos que logren concretar el espíritu de los acuerdos.

El Gobierno Nacional necesita poner los pies sobre la tierra y ser consciente que, si no puede garantizar la implementación de los acuerdos en lo que concierne a la reincorporación, es necesario que las organizaciones sociales y comunitarias, junto con las oenegés, por medio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y el apoyo del Estado, participen activamente y ejecuten dichas iniciativas. Shirley Renee Gunn, exintegrante del Congreso Nacional Africano, afirma, a partir de la experiencia del proceso de paz en su país, que no se puede esperar que la implementación de los acuerdos se dé así no más, sino que debe haber una sociedad organizada buscando asegurar que estos se den. Por tanto, es necesario abrir la posibilidad de que el proceso de construcción de paz territorial cuente con el concurso de la sociedad colombiana, pues hemos avanzado en el fin de la guerra, pero no en la construcción de la paz.

De igual manera, es necesario que pasemos de una lista de actividades y proyectos puntuales de reincorporación, que terminan quedando aislados unos de otros, a construir una política pública que atienda el proceso de reincorporación de los más de 11.000 miembros de esta organización. Así como ha existido una política pública para la reincorporación en situaciones anteriores, como la contenida en el CONPES 3554, es necesario diseñar una nueva que incluya de manera integral las características que fueron edificadas en el marco del proceso entre las FARC-EP y Gobierno Nacional.

Es el momento de enraizar y robustecer la reincorporación de los exguerrilleros. Estamos a tiempo de garantizar que las otras disposiciones contempladas en el acuerdo puedan desarrollarse y no se sigan retrasando. Puede que las FARC-EP, honrando el compromiso con la sociedad colombiana, no vuelvan a armarse; sin embargo, la aparición de nuevos grupos armados y la exacerbación de las violencias “ocultas” o el surgimiento de nuevas no dará espera si no se atacan las causas que dieron origen al conflicto, que, para el caso de la reincorporación, tendrán que ver directamente con los exguerrilleros y la comunidad.

Bibliografía

Instituto KROC (2017). “Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia”. Página en línea: http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/informe-kroc.pdf

Mesa de Conversaciones (2017). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Bogotá, Colombia.

Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz ‒ OIAP (2018). “¿Es posible una paz estable y duradera sin cumplir el acuerdo final?” Página en línea: https://oiapblog.files.wordpress.com/2018/01/la-paz-en-deuda.pdf

Verdad Abierta (2017). Reintegración de excombatientes, una mierda a través de experiencias internacionales. Página en línea: https://verdadabierta.com/reintegracion-de-excombatientes-una-mirada-a-traves-de-experiencias-internacionales/?sf_paged=2

Mejía Gómez, Luisa Fernanda (2014). “La reintegración social y económica de los grupos armados ilegales en Colombia: reflexiones a partir de la trayectoria de nueve excombatientes”. Página en línea: http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-documentacion/Documentos/La%20Reintegración%20social%20y%20económica%20de%20los%20grupos%20armados%20ilegales%20en%20Colombia.pdf

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Nicolás Andrés Uribe Rivera

Trabajador Social de la Universidad Externado de Colombia. Especializándose en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la misma universidad. Su trabajo académico e investigativo se centra sobre las dinámicas del conflicto armado colombiano, la recuperación de la memoria, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y la búsqueda de alternativas para la construcción de paz. Experiencia de trabajo comunitario con organizaciones sociales en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento organizativo y construcción de alternativas al desarrollo. 

Investigador del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz

Correo electrónico: n.uribe.ecicp@gmail.com

Sitio Web: twitter.com/@N_A_U_R