Adiós a las armas… y ¿a la reincorporación?



El pasado 15 de agosto, la figura de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se trasformó en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Vale la pena decir que, aunque ese paso de una figura a otra se acordó entre las partes, lo cierto es que la mayoría de ZVTN pasaron a ser ETCR sin siquiera haber tenido toda la infraestructura de vivienda acabada. Desde hace meses se alertó sobre la demora y negligencia por parte del Gobierno y su andamiaje burocrático para cumplir lo acordado. Hoy todavía hay zonas donde los baños no están funcionando ni todos los espacios habitacionales tienen las condiciones mínimas para una vida digna.

A pesar de todas las trabas, las FARC-EP —hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común— han respetado su palabra y compromiso. Acostumbrados a sobrevivir en condiciones adversas, guerrilleros y guerrilleras participaron activamente en la construcción de las Zonas Veredales. En Charras (Guaviare), por ejemplo, dicen que cuando llegaron no había ni una sola plancha de cemento lista, ni una sola sombra en donde esconderse del sol despiadado. Desde entonces se han echado al hombro la construcción de sus habitaciones y locaciones porque comprendieron que no podían sentarse a esperar a que el Gobierno les cumpliera. La guerrillerada, en varias ocasiones, terminó enseñándoles de construcción colectiva a los encargados de las obras, y cuando no, se decidieron por observar, aprender, replicar y trabajar.

El pasado 27 de junio, en Mesetas (Meta), el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño —Timochenko—, celebraron la dejación del armamento y reiteraron que la paz en Colombia es un hecho histórico irreversible. "Adiós a la guerra, adiós a las armas. Bienvenida la paz", soltó de su boca Timochenko. Ese día insistió en que se ponía fin al levantamiento armado, pero no al debate de las ideas y aseguró que, mientras se les respetara la vida y se cumpliera con las condiciones mínimas para una lucha política en igualdad de condiciones, no habría necesidad de levantarse en armas otra vez. Se despidió recordando que el compromiso es serio y resaltando el cumplimiento de su parte: "No le fallamos a Colombia, hoy dejamos las armas". El Nobel de Paz, presidente Juan Manuel Santos, por su parte, sentenció: "Hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible". Además, el delegado de la ONU para el proceso de paz, Jean Arnault, dijo que Naciones Unidas debe tener en cuenta las enseñanzas del proceso de paz en Colombia y aplicarlas en otras partes del mundo.

A los pocos días, La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) presentó detalles de un nuevo cronograma que incluía la transformación de las zonas veredales, el plan para la desarticulación de las caletas y compromisos de seguridad jurídica y de seguridad física para la guerrillerada. A la fecha, el balance del proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP es preocupante. Este proceso tiene que asumirse con responsabilidad y gestión pues de ello depende, en gran medida, el principio de la no repetición.

Sin posibilidades ni logros concretos, la gente se cansa, se siente burlada y, una vez más, decide hacerse camino con sus propias voluntades. Ejemplo de lo dicho es que en el ETCR Marco Aurelio Buendía, en Charras (Guaviare), angustiados ante los incumplimientos del Gobierno algunos y algunas han ido a buscar el sustento de la vida de forma legal lejos de la región; otras se van a hacerse un espacio en casa de sus familias sin seguridad ni garantía alguna, y otros menos ven una posibilidad en la llamada disidencia del Frente Primero Armando Ríos.

El panorama es desalentador y alarmante. Las iniciativas de los proyectos productivos están aún crudas porque no hay un asesoramiento responsable que pueda convertir y gestionar esas ideas en una opción económica viable y sostenible con el ambiente. Solo hasta hace pocos días se logró que profesionales viajaran a algunos de los ETCR para intentar apagar el incendio. En el caso del Espacio Marco Aurelio Buendía no hay ni tierra para que la gente trabaje y todavía no hay una articulación institucional que permita la gestión productiva de estas iniciativas. Además de las prolongadas bocanadas de fuego que salen de las bocas enconadas de quienes niegan la posibilidad de intentar pasos hacia la paz, el desorden, la desidia e inoperancia del Gobierno tienen enredada la reincorporación a la vida civil de las FARC. La guerra no debería seguir siendo la mejor alternativa de administración y gobierno.

Es evidente que al Gobierno le cuesta replantear el modelo fallido de “reinserción” que usó descaradamente con los paramilitares de las AUC, y asumir que, para este caso, se acordó una reincorporación rural, colectiva y coordinada de manera conjunta con las FARC, y no individual ni urbana. Los enfoques contrarios de cómo asumir este proceso de reincorporación generan lentitud en la toma de decisiones. Mientras las FARC insisten en que su proceso debe ser colectivo, a partir de proyectos cooperativos en los que también participen las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han vivido y resistido en las regiones; el Gobierno sigue mostrando sus dientes afilados e insistiendo en que su experiencia acumulada durante los últimos 20 años en una ruta individual basada en el estudio, el trabajo y el apoyo psicosocial es el camino más afectivo. Sorprende que, muy a pesar de tener la experiencia fallida del proceso de reincorporación con las AUC, debido a que aproximadamente el 80 por ciento de los mandos medios reincidió en el crimen organizado, el Gobierno hoy insiste en mantener ese modelo malogrado.

Además de cumplir lo pactado, se trata de mantener las actividades de organización colectiva, pues las raíces de la mayor parte de los integrantes de las FARC están en la militancia del partido político, y no en la proyección individual de alguna u otra iniciativa. La reincorporación, según el acuerdo de La Habana, además de respetar su carácter colectivo debe generar las condiciones apropiadas y dignas para que el tejido social de las FARC se acople, se acomode y participe del de las comunidades.

De modo que no hay que asumir el proceso de reincorporación como un premio por haber dejado las armas, sino como una medida justa para garantizar que no se recicle la violencia, y que las personas afectadas directamente por el conflicto armado puedan —por fin— ser resarcidas por sus victimarios, y escuchadas por la sociedad en general, pero sobre todo puedan saber qué fue lo qué pasó y quiénes participaron. Para ello es indispensable que las FARC cuenten su versión y asuman las responsabilidades correspondientes, pero también lo es que el resto de actores enfrentados nos cuenten a la sociedad cuál y cómo ha sido su participación en el conflicto. Es, entonces, igual de indispensable que las fuerzas militares y policiales, que los grandes consorcios empresariales y sus alianzas con el paramilitarismo se hagan responsables de este país y sus víctimas.

Así las cosas, ha pasado harta agua desde aquel 27 de junio en el que las FARC-EP entregaron las armas para dar sus primeros pasos en la vida legal y civil. Si se entiende que uno de los pilares de cualquier proceso de paz es el derecho y garantía al principio de no repetición, a partir de la coexistencia entre víctimas, victimarios y la sociedad en general, la verdad, la reparación y la reincorporación resultan fundamentales para que el proceso genere cambios significativos en el respirar social, político, económico y cultural de las regiones y gentes que han soportado la severidad de la guerra. Por ello hay que entender y asumir que este proceso de paz es, sobre todo, una oportunidad para los territorios y las comunidades que históricamente han sido desconocidos por la idea del progreso urbano.

Por eso contribuir desde el Estado y los sectores de la sociedad en general a que excombatientes accedan a un proyecto de vida digno que les provea una sostenibilidad individual y proyección colectiva, no solo evita que se recicle la violencia como históricamente ha sucedido, sino en suma, procura a que de manera individual asuman las responsabilidades correspondientes de reparación y, en acción colectiva, puedan contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales de este país.

El contexto actual está un tanto enredado porque el Programa de Reincorporación no es la única piedra en el zapato que está entorpeciendo la implementación de los acuerdos. Si se piensa a fondo, en esas circunstancias, dejar las armas es un compromiso que se debe asumir con todas las víctimas a razón del conflicto armado, pero no es tarea sencilla sobre todo si se tienen en cuenta los sistemáticos incumplimientos por parte del Estado colombiano. Aún hay manotadas de excombatientes que no han sido cobijados por la amnistía, a pesar de estar firmes en el proceso. Desde aquel 27 de junio se quiso instaurar la Comisión de garantías jurídicas, de seguridad y socioeconómicas para excombatientes, con el propósito de generar un espacio de tranquilidad y confianza.

Se anunció, entre otras, la suspensión de las órdenes de captura de quienes hayan hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad. También se dijo con voz convincente que el Gobierno Nacional iba a tomar todas las medidas para asegurar la aplicación de la amnistía o la libertad condicional, antes de finalizar el proceso de dejación de armas a todos los miembros de las FARC-EP acreditados o a quienes estén en las cárceles. En el ETCR Marco Aurelio Buendía hay personas que ni siquiera tienen cédula, pese a haber sido censadas en las dos identificaciones plenas que se han hecho. Por tal motivo, la certificación de dejación de armas está embolatada y la cuenta bancaria ni siquiera existe porque siguen vigentes las órdenes de captura.

Para la seguridad física de excombatientes y de líderes y lideresas populares, se anunció que se iba a crear por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con el fin de poner en marcha un Cuerpo Élite de Policía, para el desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco. No sobra recordar que el pasado 5 de octubre ocurrió una masacre campesina en Tumaco a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

Salta a la vista que la implementación de los acuerdos de paz exige, primero, cumplimiento a cabalidad de lo que se acordó entre las partes enfrentadas, y segundo, que los sectores de la sociedad en general participen de estos procesos, porque también nos involucran. De nuestra observación y participación depende que las FARC sigan cumpliendo con su palabra y que el Gobierno se tome en serio lo que acordó, deje a un lado tantas trabas burocráticas y asuma la responsabilidad de implementar los puntos acordados para generar un ambiente desligado del miedo. Por vez primera se logró —al menos en el papel— que quienes han padecido la terquedad y terror de la guerra puedan ser escuchados, resarcidas. Por vez primera se está intentado que las comunidades rurales aparezcan en la geografía de la toma de decisiones que afectan directamente sus modos de vivir. Por vez primera las personas que vivimos en medio del humo de la ciudad tenemos la posibilidad de ver a los ojos a ese país rural y profundo que tanto nos han enseñado a ignorar.

Debemos comprender, pues, que si el proceso de reincorporación falla, no solo se les incumple a quienes decidieron creer y dejar las armas, sino que el resto de ejes acordados se embolatan a tal punto que su implementación va a ser un desastre evitable que, una vez más, contribuirá al reciclaje de todas las violencias. Como sociedad, otra vez, habremos fallado. En las regiones que históricamente han sido cocaleras como el Guaviare hay una preocupación que ronda entre las gentes: “si no les cumplen a ustedes, que tenían las armas y eran braveros pa´ pelear, que nos van a cumplir a nosotros que solo tenemos la palabra”, cuenta una campesina de la vereda de Charras. Debemos asumir, entonces, que a quienes no les conviene la implementación de los acuerdos de paz son los mismos a quienes les interesa que las “disidencias” y los grupos armados crezcan, con el propósito de volver a instaurar entre cada uno y cada una de nosotras el gesto del terror y, justificar así, toda su maquinaria sangrienta de cara a las elecciones de 2018.

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Magister en Creación Literaria de la Universidad Central; Profesional en Estudios Literarios con formación en creación literaria de la Universidad Autónoma de Colombia. Coordinador del Área de Comunicaciones, e investigador de la Línea de Memorias y Resiliencias del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP). Coordinador Editorial del Colectivo Don Jumento.

 

Trabajo y acompañamiento en la formulación de estrategias de comunicación, pedagogía y trabajo organizativo comunitario, a partir de la literatura como una herramienta para la reconstrucción de memoria y los procesos individuales y colectivos de restauración del tejido social. Cuentista, ensayista, poeta; fotógrafo.

Correo: se.montanez.ecicp@gmail.com

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