Soberanía alimentaria en la implementación del acuerdo de paz: entre la reforma rural integral y la sustitución efectiva de cultivos de uso ilícito en Colombia.

El cierre de la confrontación armada entre el Estado y la insurgencia de las FARC EP, a partir de la suscripción del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera, incorpora una multiplicidad de acciones que de una u otra forma desembocarán en tres elementos claves: el cierre efectivo del conflicto político y social, como un conjunto de reformas para el alcanzar la paz; la construcción de una democracia que incorporare trabajo comunitario y local de donde provengan propuestas y soluciones de desarrollo para los diferentes sectores de la economía; y por último, el avance en la modernización del país a partir de la heterogeneidad del debate político.

Bajo lo descrito en el anterior párrafo, la construcción de paz radica en materializar lo consignado en el acuerdo y avanzar en diferentes frentes, algunos como causa y otros como consecuencia del conflicto armado del país. Entre estos se destacan dos que desarrollaré a continuación: La relación existente entre la reforma rural integral y la sustitución efectiva de los cultivos de uso ilícito, a partir de una mirada desde el escenario de garantía a la soberanía alimentaria de los territorios campesinos, indígenas y afro de la geografía nacional.

Partiendo de entender el fenómeno de narcotráfico transversal al desarrollo del conflicto armado, con un crecimiento exponencial desde la década de los 80, es un imperativo analizar cada una de las cadenas que de allí se desprende, partiendo del cultivo, que reúne varios elementos fundamentales que son definitivos a la hora de trasladar lo descrito teóricamente en los acuerdos de paz, a la implementación mediante políticas públicas efectivas: por un lado el cultivo de uso ilícito, persé, ya es un problema público, adicionalmente, incorpora otro dos problemas públicos no menores, la concentración y uso de la tierra y su relación intrínseca con la producción alimentaria del país.

La estrategia estatal de política antidrogas, desde hace más de 2 décadas, viene teniendo un tratamiento militarista, mediante medidas represivas que no han afectado la cadenas del comercio ilícito, que en definitiva, son las que han logrado un lucro por esta actividad, mientras tanto, sectores campesinos y cultivadores, son los que han recibido el impacto a nivel social, económico y de salud, este último bastante documentado, por los impactos de la aspersión con glifosato a partir del inicio del Plan Colombia.

Analizando la situación actual, los departamentos con mayor número de cultivos de coca, marihuana y amapola en el país son en su orden Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Caquetá y Guaviare, relación intrínseca con el mapa del desarrollo de los actores del conflicto armado.

Factores tales como las transformaciones del sector agrario, el proceso de colonización y ampliación de la frontera agrícola, las condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión, y los desarrollos transnacionales del negocio de sustancias ilícitas, explican el surgimiento y desarrollo de la producción y comercialización de narcóticos, especialmente la cocaína, tanto en su inicio, en su auge, como en el proceso posterior a la confrontación armada de algunos actores presentes en la historia del país.

El mercado ilícito, centrado en el cultivo de los mismos, incorpora una estructura económica transnacional donde Colombia aporta un producto obtenido con muy bajos costos (mano de obra y tierras baratas), que lo hacen "competitivo", pero que cuyos principales márgenes de ganancia son apropiados por sectores externos (financieros), internacionales. Dicho fenómeno no puede ser analizado únicamente desde lo local o regional, pues en la complejidad del mismo, la relación está dada a partir de elementos estructurales que sobrepasan las fronteras, por tal motivo la injerencia en este asunto, ha determinado incluso políticas discutidas en el seno del congreso estadounidense hace menos de 2 décadas.

El conflicto político, social y armado tiene sus orígenes décadas atrás al surgimiento de los cultivos de uso ilícito, su producción y comercialización, como se mencionaba, ha desarrollado a partir de los años 80 un crecimiento paralelo de estos dos, a su vez esto, no indica que resolver el problema de las drogas, sea la solución completa al conflicto, pero si contribuye a sentar las bases encontrando una solución que garantice el goce y ejercicio de los derechos a campesinos y campesinas que viven de esta actividad, se ha demostrado que las medidas represivas han logrado únicamente desencadenar efectos secundarios de afectación del desarrollo humano sin lograr los efectos planteados inicialmente. Los cultivos de uso Ilícito y su relación con la Soberanía alimentaria y nutricional, son relevantes, pues de la actividad de siembra de coca en el país, cerca de doscientas mil familias generan un ingreso directo de esta actividad en el país actualmente (UNDOC, 2016), y que dadas las circunstancias del manejo estatal, se ven afectadas por la orientación de una política pública pensada desde la erradicación forzada, no concertada y sin alternativas para el pequeño cultivador.

El reto que dispone el acuerdo final radica en transcender a las acciones que, previamente y sin acuerdo, venía generando la institucionalidad estatal, es decir, pasar de la erradicación forzada y el subsidio familiar, a la concertación y la inversión territorial, mediante la dotación de bienes y servicios que fomenten el desarrollo de la actividad que sustituya el cultivo de uso ilícito, el cual estará intrínsecamente relacionado con producción alimentaria, que de una u otra forma, impactará en la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población campesina a nivel región y en la comercialización nacional, panorama que conecta el punto cuarto con el primero, contenido en el acuerdo de paz firmado, más exactamente con el desarrollo efectivo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDTE´S-.

Estamos ante una posibilidad enorme de transformación del país y la construcción concertada de salida a este conflicto, debe tener un carácter de construcción colectiva, a partir de la participación en lo local, que incorpore a todos los actores y a su vez, fortalezca las asambleas comunitarias. Los acuerdos le dan preponderancia a las juntas de acción comunal y a las organizaciones comunitarias como responsables de la certificación de estos procesos y permitirán avanzar desde la particularidad del territorio en un proyecto efectivo de sustitución, más allá de lograr avances cuantitativos en la lucha antidrogas, la inversión estatal será fundamental para el desarrollo humano de las regiones rezagadas a la actividad tipificada como ilícita; el empoderamiento y la gobernanza, son elementos clave para definir el rumbo de las políticas impactando la situación alimentaria y nutricional, que más allá del asistencialismo, está pensada en el fortalecimiento del tejido social.

Bibliografía

FARC EP, Gobierno Nacional de Colombia. (2016). Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

CHCV. (2015). Comisión Histórica del Conflicto. Informe Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia.

Mama Coca. (2001). Bases del Plan Nacional de Desarrollo Capítulo I - Brindar seguridad democrática (extractos).

OBSSAN, UN. (2010). Cinco años de trayectoria, Reflexiones 2005 -2010 . Bogotá, Colombia.

UNDOC. (2016). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015. Bogotá, Colombia.

Vargas M, R. (2003). Fumigaciones y política de drogas en Colombia ¿Fin del círculo vicioso o un fracaso estratégico?:

¡Ayúdanos a compartir!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Cristian David Murcia Peñuela

Nutricionista Dietista, estudiante de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, Vicepresidente de la Corporación de Salud Abran la Puerta e investigador del Observatorio de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional OBSSAN –UN

Corrreo: cdmurciap@gmail.com

Sitio Web: twitter.com/kridamu