LOS SOLDADOS ETERNOS DEL EJÉRCITO NACIONAL, UNA VERDAD DEL CONFLICTO PARA DESCONTAMINAR

Contexto

Durante algunos lustros Colombia ha sido ubicada en el mundo como la segunda nación con más víctimas a causa de las Minas Antipersona1, con un registro de 11.472 víctimas entre 1990 y el 31 de Mayo de 2017, siendo los años 2005 y 2006 en los que se presentaron el mayor número de personas afectadas2. Los departamentos de Antioquia y el Meta se sitúan dentro de los más afectados por su número de víctimas y, puntualmente, el municipio de Vista Hermosa como el de primer lugar dentro de los 663 municipios y 51,2 millones de hectáreas del país señaladas con sospecha de presencia de artefactos explosivos. Este puesto que el país se había ganado por la proliferación de este tipo de herramientas en la dinámica de la confrontación armada lo hemos dejado atrás pasando a ubicarnos en el sexto lugar según información ofrecida por el Gobierno Nacional a principio del mes de junio de este año.

Los soldados eternos como uno de los nombres que se le ha otorgado a este tipo de artefactos, se pueden ubicar dentro de dos tipos según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): Las Minas Antipersonal (MAP) y los Remanentes de Guerra (MUSE), estos últimos identificados como de dos tipos, las municiones abandonadas y las utilizadas-no explosionadas, con la característica particular que todas las anteriores son activadas por las mismas victimas sin distinguir entre un combatiente o un civil. Sin embargo las Organizaciones Civiles que fungen como operadores de Desminado Humanitario caracterizan dos tipos adicionales: las Armas Trampa y los Artefactos Explosivos Improvisados.

Las Minas Antipersonal, o más bien, los artefactos explosivos sin explosionar (este último como el concepto que intenta recoger todas las especificidades de estas armas) han sido utilizados fundamentalmente como una herramienta de guerra en la protección territorial, que busca afectar la capacidad militar del enemigo a partir de la generación de muertes o lesiones en el contrario, doblegando la voluntad de los combatientes y obligándolos a retirarse del territorio y dejar atrás, por lo menos momentáneamente, su misión. De igual manera han sido utilizados como una herramienta de defensa de recursos: bases, campamentos o refugios, armamento, actividades económicas, corredores de movilidad estratégicos y por supuesto la misma población que termina por ser afectada sea quien sea el que las instale y sin discriminar el objetivo para el cual fueron construidas.

En lo recurrente que están empezando a ser las investigaciones, observaciones y registros de la utilización de los artefactos explosivos sin explosionar en el marco del conflicto armado y particularmente por la facilidad que genera la indagación durante el “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo” que fue firmado entre el Gobierno Nacional y la insurgencia con mayor capacidad militar en la historia del país, las FARC-EP, es imperativo que se destaque su uso por la Fuerza Pública, fundamentalmente el del Ejército Nacional, en un ejercicio objetivo e imparcial que le permita al país reconocer las verdades del fenómeno en Colombia, reconociendo la participación y responsabilidad de los actores y por supuesto asumiendo sus respectivas sanciones, todo lo anterior no con otro objetivo que evitar volver a repetir la historia tan nefasta alrededor de este fenómeno.

Lo anterior precisamente porque la mayoría de la información que reposa o es evidentemente difundida a nivel nacional e internacional en la opinión pública, versa sobre la utilización de este tipo de artefactos por las guerrillas, pero muy poco es conocido el uso por las fuerzas de seguridad del Estado, ejemplo de ello es el reciente informe del CNMH y la Fundación Prolongar “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia”, cuyo enfoque es claramente concentrado sobre el uso y efectos que se causaron por parte de los grupos alzados en armas que pelean en contra del Estado, dejando a un lado, inclusive, la responsabilidad que los grupos paramilitares tienen y las victimas que causaron.

Algunos datos

La Revista Semana y un informe del Comando General de las Fuerzas Militares3afirman que el ejército las utilizaba fundamentalmente para proteger los batallones, las líneas de comunicación y las líneas eléctricas. Datan la aparición de este tipo de artefactos hacia la década de los 70, específicamente para el año de 1974 en el caso de las Fuerzas Militares, cuando el Ministerio de Defensa autoriza la importación de 6.030 minas M-14 fabricadas en los Estados Unidos. El informe señala que entre 1989 y 1991, se importaron 6.012 minas M18A1 Claymore de Estados Unidos y posteriormente se compraron otras a fábricas en Bélgica.

La Industria Militar (Indumil) del país inicia el proceso de producción de las minas por la misma época, que según datos del Departamento Nacional de Planeación consignados en ese mismo informe, reconoce la fabricación de 22.300 minas antipersonal NM-MAP-1 entre 1989 y 1996, cuando se suspende su fabricación pues a nivel mundial se encontraba el debate sobre su uso, desencadenando la firma del Tratado de Ottawa para el 3 de diciembre de 1997, que para Colombia entra en vigor en el año 2001 y cuyo objetivo consiste en prohibirlas.

Las Fuerzas Militares inician el proceso de retiro y destrucción de las que tenia instaladas, desmantelando la maquinaria que era utilizada para producir minas en la fabrica José María Caro de Indumil, sumado a la comunicación que hacen a las Naciones Unidas del inicio de la destrucción de su reserva de 23.451 Minas Antipersonal como los primeros actos en compromiso con el tratado. Algunos de los lugares del país donde se efectuaron los retiros o destrucciones fueron San Juan de Sumapaz en Cundinamarca, en la localidad de Usme en Bogotá, Neiva en el Huila, en la base militar de Larandia en el Caquetá, en Potrerillo en el Valle del Cauca y en Ponedera en el Atlántico.

Es así que solo 22 años después de su primera importación se suspende su fabricación y después del compromiso firmado bajo la suscripción del Tratado en la Convención de Ottawa, se logran erradicar para el año 2010 las minas sembradas en 30 de las 35 bases bajo el uso del Ejército Nacional. Dejando interrogantes sobre las victimas y el impacto generado.

Oportunidad

Ha sido amplía la información sobre el uso de artefactos explosivos por parte de la insurgencia armada en Colombia, incluyendo las Minas Antipersonal y su uso por parte de las FARC-EP, pues por la efectiva superioridad en la capacidad militar del Estado colombiano, sobre todo de la aviación y en la lógica de ser un ejército irregular, es que se vio en la necesidad, “bien” aprovechada, de utilizar este tipo de instrumentos para enfrentar la Fuerza Pública.

Sin embargo, existe el capitulo del Ejército Nacional y estos artefactos, muy poco indagado y que en el marco de la construcción de una paz estable y duradera y el reconocimiento de la verdad del conflicto debe ser analizado a profundidad, rescatado por la sociedad colombiana organizada y lo cual debe ser debidamente sistematizado dentro de principios de imparcialidad y objetividad, descontaminando la investigación de cualquier intensión política y/o estratégica de ocultar la realidad. Inclusive será necesario revisar e identificar el uso de este tipo de artefactos por los grupos paramilitares, que durante décadas se documentó y demostró la estrecha articulación que tuvieron con la fuerza pública en casi todas las regiones del país4. Por tanto y para dotar de sentido y resignificación los acontecimientos acaecidos en el marco del conflicto armado, debemos hablar también de víctimas militares, reconociendo además a los guerrilleros como combatientes afectados.

Entonces la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición acordada en La Habana, debe recoger toda la magnitud de lo sucedido, durante la cual se le debe motivar a la fuerza pública que asuma su participación y responsabilidad, sumado además al papel protagónico de denuncia que debe otorgarse la sociedad civil en el caso que el Estado y el ejército no lo haga, pues es claro que en la génesis y reproducción del conflicto participaron varios actores.

Es así que la estrategia y el método de reconstrucción de la verdad y la recuperación de las memorias deberá, aparte de tener en cuenta las condiciones estructurales u objetivas que dieron génesis, reprodujeron y asentaron la guerra en los territorios de la nación, vincular la voz de todos los actores, pero además, identificar las condiciones subjetivas del desenvolvimiento de la misma, que para el caso particular de las herramientas de guerra incluyendo los artefactos explosivos sin explosionar, merece la identificación de objetivos, practicas, procedimientos, territorios, comunidades, efectos sociales y ambientales causados, solo así se logrará contribuir a des enraizar la guerra.

1 Es equivocado establecer que es el segundo país más minado después de Afganistán, pues el número preciso de los artefactos explosivos solo se conoce en el proceso de localización e identificación durante el Desminado Humanitario.

2Las cifras son obtenidas de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas de la Presidencia de la República, en donde 1.182 se registraron en el año 2005 y 1.232 para el año 2006.

3El informe es denominado “Testigos Fieles. Victimas Del Horror De Las Minas Antipersonal” y fue publicado durante el comando del General Freddy Padilla León.

4El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) particularmente los escritos de Renán Vega Cantor “Injerencia de los Estados Unidos contrainsurgencia y terrorismo de Estado” y el de Javier Giraldo “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”.

Bibliografía

Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación Prolongar (2017), La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos en Colombia, Bogotá́, Colombia: CNMH.

Comando General Fuerzas Militares (2008), Testigos Fieles. Victimas del Horror De Las Minas Antipersonal. Bogotá, Colombia: Comando General Fuerzas Militares.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Colombia: Mesa de Conversaciones.

Dirección para la Acción Integral Contra Minas (2017), Victimas de Minas Antipersonal, DAICMA, Recuperado de http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx

Semana (2016), Minas, El Enemigo Oculta, Revista Semana, Recuperado de http://minas.semana.com/index.php#index

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Nicolás Andrés Uribe Rivera

Trabajador Social de la Universidad Externado de Colombia. Especializándose en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la misma universidad. Su trabajo académico e investigativo se centra sobre las dinámicas del conflicto armado colombiano, la recuperación de la memoria, la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y la búsqueda de alternativas para la construcción de paz. Experiencia de trabajo comunitario con organizaciones sociales en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, fortalecimiento organizativo y construcción de alternativas al desarrollo. 

Investigador del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz

Correo electrónico: n.uribe.ecicp@gmail.com

Sitio Web: twitter.com/@N_A_U_R
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