José Francisco Puello-Socarrás

Tal y como sucedió con la elección de Donald Trump en los Estados Unidos, la llegada de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil volvió a activar los oráculos de los entusiastas. Diferentes análisis pretenden una vez más presentar la coyuntura como una realidad ex novo e inédita, archivando –ciertamente, desestimando peligrosamente– la reflexión histórica.

Frente a las predicciones del año pasado, hoy falseadas por los hechos del presente, sobre el "anti-neoliberalismo" de la administración Trump, el cual, además, según estas especulaciones, marcaría una supuesta nueva época des-globalizadora, distintos círculos intelectuales (incluyendo varios autoproclamados de izquierda) ahora salen al paso retomando otra ficción: el "regreso" del neoliberalismo. En ciertos casos, esta tragicomedia viene adosándose con varias hipótesis complementarias. Nancy Fraser ha indicado, a partir de la llegada de Trump, la disolución del neoliberalismo "progresista" (¡un oxímoron!) mientras que Christian Laval, hablando de Bolsonaro, sugiere su "momento hiperautoritario" (¿?).

La tesis general, en todo caso, eleva hoy como presupuesto de las reflexiones una especie de "contrataque" de la derecha neoliberal en América Latina y el Caribe que opera en esta lógica casi exclusivamente a través de los recientes mandatos presidenciales, materializando virtualmente el giro hacia la (ultra)derecha, posterior a una fantasiosa era post-neoliberal.

Esta idea viene (re)forzando a su vez la sensación de que en nuestra región el proyecto político neoliberal alguna vez estuvo en retirada. O al menos que, en algún momento, el neoliberalismo se habría puesto entre paréntesis. La causa eficiente de lo anterior –insisten sus defensores– tendría que ver con el influjo aparentemente transformador de los mal llamados "gobiernos progresistas", mote que sin distinción (ni reflexión, habría que agregar) intenta imponer la confluencia entre experiencias políticas diversas como la Revolución Bolivariana en Venezuela o el Socialismo del Suma Qamaña en Bolivia vis-à-vis los "Capitalismos en serio" de Argentina, Brasil o Uruguay en los tiempos de las duplas Kirchner, Lula-Dilma y Vásquez-Mujica.

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El neoliberalismo ha permanecido por casi medio siglo en celo. La coyuntura actual se explica menos por emergencias vírgenes aleatorias que por trayectorias económicas, políticas e históricas consolidadas. Por ello, y aunque se tenga conciencia sobre estos acontecimientos, parece ser una necesidad seguir insistiendo en la reconstrucción de los diagnósticos con el fin de superar este trance y recrear las alternativas políticas al capitalismo neoliberal.

1.El neoliberalismo que nunca se fue

Cuando hablamos de neoliberalismo resulta imposible desmarcar la referencia directa a América Latina y el Caribe.

El neoliberalismo es la fase actual, hoy vigente del capitalismo tardío. En este período se verifican con mayor fuerza e intensidades las dinámicas, lógicas y contradicciones históricas del sistema hegemónico: la explotación económica, la dominación política, la opresión social y, desde luego, la alienación ideológica.

La exacerbación de las contradicciones del capitalismo neoliberal como formación social resulta evidente. Día por día, los hechos se acumulan. Aportan pruebas irrefutables que confirman la progresiva pero paulatina crisis civilizacional que viene arrasando no sólo economías y gobiernos sino a la vida humana natural misma. Reflexiones teóricas y estadísticas empíricas, cada vez menos rebatibles, confirman el tránsito del capitalismo salvaje del siglo XX hacia el capitalismo cavernícola en el siglo XXI y, con ello, el triunfo del trabajo muerto sobre el vivo.

A pesar de constituirse como un proyecto económico político de carácter global, es en esta región periférica del sistema: América Latina y el Caribe, el lugar donde el neoliberalismo nace, crece, y recientemente… ¡se renueva!

Como ha sido planteado –entre otros, por Perry Anderson–, el neoliberalismo nace tempranamente en 1973 (11 de septiembre) con el golpe de Estado perpetrado contra el primer gobierno socialista elegido electoralmente, el de Salvador Allende en Chile. El autoritarismo, no la democracia, es su núcleo ab origine e impronta.

Posteriormente, el neoliberalismo crece a través de la "exportación" de su proyecto político hacia lugares del capitalismo periférico, siendo acogido por las dictaduras cívico-militares de esa época en Argentina y Brasil, entre otros. Durante finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 se reproduce en las zonas claves del capitalismo central (Inglaterra en tiempos de Thatcher y los EE.UU. en la era Reagan).

En la expansión del neoliberalismo intervienen múltiples dispositivos económicos y mecanismos políticos y culturales. Su afirmación global estuvo respaldada gracias a la transferencia de tipos y estilos de políticas públicas (modalidades de políticas económicas, sociales, etc.) ya aplicadas y aprendidas desde las experiencias originales en los países de la periferia latinoamericana y caribeña.

El tristemente famoso (primer) Consenso de Washington (CW) de 1989, elevó a cosmopolita global el paradigma de desarrollo neoliberal a una década de finalizar el siglo XX.

Aunque fue mal bautizado, no hay que dejar de señalar que el Consenso fue forjado, aplicado y celebrado nuevamente a semejanza y expensas de América Latina, aunque pensado como proyecto de clase global, es decir, para todo el mundo. El CW fue construido políticamente y perfeccionado tecnocráticamente con base en las experiencias socioeconómicas y políticas de los países de América Latina y el Caribe.

Su antecedente primordial fue el informe Hacia una renovación del crecimiento económico en América Latina, escrito a cuatro manos en 1986 por Balassa, Bueno, Simonsen y Pedro Pablo Kuczynski –presidente de Perú que dimitió recientemente– y encargado a tres instituciones: el Colegio de México, la Fundación Getúlio Vargas (Río de Janeiro, Brasil) y el Institute for International Economics ("Instituto de Economía Internacional, IIE, por sus siglas en inglés, con sede en Washington, EE.UU.); el IIE fue el Think tank ("tanque de pensamiento") organizador y, a la postre, el lugar en concreto donde se realizaron los encuentros que en 1989 dieron a luz la primera versión del CW.

Finalmente, el neoliberalismo, a pesar de no haber gozado de buena salud por un largo rato pero lejos de haberse ido en retirada, se renueva también desde América Latina y el Caribe.

Sin descontar que Nuestramérica es el lugar de enunciación tanto de las críticas al CW como de las contestaciones y luchas sociales antineoliberales más determinantes contra la hegemonía global en el recambio de milenios, también es el espacio en donde surgen las alternativas políticas contra el neoliberalismo de mayor resonancia en tiempos recientes.

La resiliencia del neoliberalismo, en todo caso, encuentra su reformulación local y regional (hoy globalmente) en la innovación política latinoamericana del capitalismo de época intentando relanzarlo con mayor brutalidad.

De ahí que la supuesta novedad de los autoritarismos de nueva generación durante la segunda década de este milenio, como Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Piñera por segunda vez en Chile, Uribe (por persona interpuesta bajo el actual gobierno de Duque), signifiquen mejor una continuidad lógica que se deriva de la impronta autoritaria radical (es decir, de raíz) que estrenaron las dictaduras cívico-militares de la década de 1970 a lo largo y ancho del subcontinente. Esta matriz económico-política no ha cesado, más allá de que ha sido disimulada y sistemáticamente ocultada, incluso, bajo los regímenes aparentemente democráticos (electorales) de los 1980 y 1990. En la actual coyuntura del nuevo milenio y conforme se profundiza la crisis del capitalismo neoliberal a nivel global, como sería lógico, la exacerbación del autoritarismo se expresa en lugares sociopolíticos privilegiados con mayor nitidez.

2.El neoliberalismo que llegó: de Washington a Buenos Aires

El neoliberalismo en la primera década del siglo XXI debe explicarse desde múltiples dimensiones.

La crisis y posterior abandono del CW, simultáneamente la puesta en marcha del menos conocido, pero no por ello menos influyente "Consenso de Buenos Aires" (CBA, sintetizado por el mexicano Jorge Castañeda y el brasileño Roberto Mangabeira Unger en 1998, alrededor del llamado Grupo Mangabiera, en el cual participaron figuras políticas como Lula Da Silva), son hitos cruciales a la hora de abordar la renovación de la hegemonía neoliberal hoy por hoy reinante. Este es un consenso económico central para los denominados neodesarrollismos apuntalados desde el Cono Sur del subcontienente en el siglo XXI, y clave política fundamental para el proyecto "progresista" latinoamericano que pretende recrear el Capitalismo "en serio".

El tránsito hacia el Consenso de la Regulación en el neoliberalismo, hoy realmente existente, tiene como plantilla los cambios (tácticos) agenciados por el CBA al nivel de los horizontes políticos específicos y los programas de políticas públicas que renuevan (estratégicamente) el proyecto político neoliberal en general, garantizando su continuidad.

Esquemáticamente, las contribuciones ideológico-políticas del CBA que vienen siendo materializadas durante la primera década del presente milenio formularon:

1) A nivel general, el CBA consolida el paradigma histórico del neoliberalismo, aunque ahora aggiornado por una variedad de elementos neoliberal desarrollistas.

Relegitimar el proyecto neoliberal a través de la "democratización" de la Economía de Mercado. El Desarrollo debería basarse no sólo: a) en el crecimiento económico, sino también estar construido complementariamente a partir de b) la equidad (social) y c) la democracia (política). Es un tránsito desde el Capitalismo salvaje hacia el Capitalismo del Buen salvaje, es decir, neoliberalismo más (algo de) inclusión social.

Consolidar la fórmula política neoliberal de la centralidad del Mercado como el dispositivo –por antonomasia– para la (re)producción de las relaciones sociales. El propósito máximo, la construcción de una Sociedad de Mercado bajo los tres elementos anteriores, antes que diluirse se consolida.

i. A nivel específico, el CBA innova las (viejas) ideas y praxis del neoliberalismo del CW, planteando:

Llevar la desregulación (absoluta) de los mercados hacia la regulación estatal en distintos campos. Lo anterior no debe confundirse con "intervencionismo estatal" pues se dispone que las instituciones y políticas estatales simplemente tendrán un papel proactivo (v.gr., en política comercial y tasa de cambio).

El Estado entraría a jugar un rol fundamental –proactivo, aunque subsidiario y funcional– dentro de la construcción de mercados (fuertes) asegurando la planificación descentralizada de carácter público-privado. Aquí, por ejemplo, "nuevos" instrumentos de política pública como las asociaciones público-privadas (alianzas entre el Estado y empresas privadas, por ejemplo) son claves para abandonar, entre otros, los agotados esquemas de privatización (explícita), institucionalizando la desprivatización estratégica (privatizaciones implícitas, más rentables, pues el riesgo sistémico (creciente) ahora se socializa a través del Estado mientras las ganancias siguen privatizándose).

Las políticas "sociales" –en realidad, se trató de simples medidas públicas (v.gr., transferencias monetarias condicionadas)– diseñadas e implementadas desde el Estado resultan ser centrales. Su objetivo está lejos de atender las problemáticas sociales estructurales (reincorporación social) sino que pretenden "enraizar" soluciones basadas en las lógicas de mercado. Es lo que denomina: las "fallas de mercado", eufemismo para referirse a los resultados societales del neoliberalismo (incrementos de la pobreza, indigencia, desempleo, desigualdades, miseria generalizada, etc., y sólo hablando de aspectos socioeconómicos), los cuales eventual y progresivamente pondrían en riesgo la construcción de la sociedad de mercado. Por ello, el lema de la 'inclusión' social en tiempos del emprendimiento individual es la nueva bandera neoliberal que condiciona derechos y disuelve todos los rastros de las ciudadanías.

El neoliberalismo del Consenso de Buenos Aires parece encontrar hoy sus límites. Sugiere haber culminado con su propósito de estabilización socioeconómica, continuando con la trayectoria de neoliberalización, la cual hoy pretende ser agenciada por los nuevos gobiernos de la ultraderecha latinoamericana y caribeña con el objetivo de trascender la vigencia de este proyecto político de clase.

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Mientras avanzan erráticamente tanto el tiempo, el postacuerdo como la fase del postconflicto armado en Colombia, períodos vigentes que están lejos de clausurarse, se ratifica que los escenarios de la construcción de la Paz estable y duradera se proyectan hacia el porvenir con altos grados de incertidumbre.

Las disposiciones políticas estatales y las iniciativas en política adelantadas por los gobiernos del postacuerdo ⸺Santos Calderón, y ahora, el actual y sucesor, Duque Márquez⸺ vienen siendo los actores (y los factores) cruciales. Sobre ellos recaen centralmente no sólo las trayectorias de los resultados exiguos hasta ahora alcanzados, por ejemplo, en las intermitentes negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ⸺hoy entrampadas en el limbo⸺, sino también los avances y, especialmente, las dilaciones, los retrasos, las distorsiones y los incumplimientos verificados durante la fase de implementación temprana surgida del Acuerdo final.

En este balance resulta fundamental destacar el tono de las responsabilidades institucionales y administrativas por parte del Estado colombiano. Especialmente, las orientaciones políticas y las actuaciones gubernamentales que las traducen, hasta el momento registradas.

El examen de la coyuntura sugiere en todo caso que, antes de consolidar un panorama tendiente a desatar el trasfondo de la intensa conflictividad sociopolítica (aún vigente), desactivando paulatinamente sus expresiones históricas (como las armadas, aún latentes) y canalizándolas hacia una institucionalidad en vías de aperturas democráticas, la oficialidad dirigente insiste en mantener ⸺más grave aún: profundizar⸺ las situaciones y condiciones que en el pasado han obstaculizado las rupturas históricas que exigiría un cambio de época hacia el futuro.

La transición desde la Guerra hacia la Paz, motivado entre otras cosas por los pactos para la conflictividad pacífica, es decir que lo político logre ser canalizado por otros medios, reclama un proyecto político que permita proyectar no sólo una época de cambios desde la superficie de la sociedad colombiana (el "silenciamiento de los fusiles", incluyendo por supuesto los del aparato estatal); se precisan auténticos puntos de quiebre, cambios de época (para las transformaciones), progresivamente radicales, es decir, escarbando hacia las raíces y el trasfondo de las problemáticas sociales.

Economía estatal y finanzas gubernamentales: síntomas en el período 'post'

Los síntomas que descifran las posiciones y disposiciones en torno a la consecución de la Paz, entendida menos como formalidad institucional ⸺sea legal u organizacional⸺ que como realidad socialmente materializada, pueden ser analizados a partir de lo que expresan los actos gubernamentales, o si se quiere más ampliamente, el Estado en acción.

Los hechos concretos y no exclusivamente los actos retóricos que convoca este proceso, deben ser interpretados e interpelados a partir de las decisiones políticas sustanciales que hoy por hoy hacen parte de este contexto.

Sin ser la única, aunque sí bastante paradigmática por sus efectos e implicaciones, la dimensión "económica" de la Paz y, más puntualmente, los procesos de financiación específicos para la implementación del Acuerdo (condición suficiente) y las perspectivas presupuestales en el marco del postacuerdo/conflicto armado (condición necesaria y también complementaria) son claves cruciales para la comprensión, incluso, para la explicación, en retrospectiva y prospectiva del proceso. Lo anterior está lejos de sugerir una suerte de economicismo en las aproximaciones. Al contrario. Animaría a que estas categorías dejen de aislarse y se conciban en un más allá de la (falaz) dimensión puramente económica. En cambio ⸺parafraseando a Lukács⸺, las categorías económicas deben comprenderse como formas de ser y condiciones de existencia sociales (especialmente, a partir de sus contradicciones) dentro del debate sobre la construcción social de la Paz.

En primer lugar, la financiación insuficiente de la implementación del Acuerdo de Paz, un compromiso del Estado más allá de sus gobiernos, resulta palmaria. Fue denunciada por las "salvedades" del componente CSIVI-FARC, consignadas dentro del Plan Marco de Implementación (PMI). Más recientemente, la propia institucionalidad estatal mediante la Contraloría General de la República en el Segundo informe al Congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones (CGR 2018), ha ratificado la inconsistencia política y la incoherencia en las políticas (también en aspectos "técnicos") anticipados sobre este tema en el PMI:

El análisis de la planeación y ejecución de los recursos de inversión destinados a la implementación del AF permite concluir que el presupuesto, si bien está acorde con la regla fiscal, no asigna suficientes recursos para su cumplimiento. El equipo de la CGR identificó que aquellos recursos presupuestados para la implementación del AF no son suficientes para cubrir la totalidad de lo acordado, particularmente en el caso de la RRI, el programa integral de sustitución de cultivos y el fortalecimiento de las medidas de reparación integral de la Ley 1448 de 2011 contempladas en el punto 5… [énfasis propio] (CGR 2018, 38).

Concluyendo:

(…) el AF debería tener, al menos, $76,02 billones adicionales, lo que representaría 0,4% del PIB anual que se sumarían al déficit fiscal que se ha proyectado para los próximos años [énfasis propio] (CGR 2018, 26).

Aquí, la regla fiscal de los tiempos de guerra se ha venido anteponiendo al mandato político para los tiempos de paz.

En segundo lugar, otra controversia estrechamente vinculada con la planeación presupuestal en Colombia ha sido advertida por David Cortright, actual director del programa Barómetro del Kroc Institute for International Peace Studies, institución que apoya "técnicamente" el seguimiento a la implementación por mandato del AF. Aunque los Informes sobre el estado de la implementación por parte del Instituto Kroc parecen omitir deliberadamente estas guías interpretativas, y sabiendo las restricciones de los enfoques sobre "Gobernanza para la Paz", los cuales teórica y políticamente resultan bastante convencionales, varias conclusiones de este análisis derivan en alertas y aprendizajes en torno a las denominadas "situaciones de posconflicto".

Llama la atención Cortright et al. (2013, 10):

El presupuesto militar elevado es parte del problema en las situaciones de post-conflicto, no parte de la solución. En lo substancial, lo hace más propenso al conflicto. Los Estados que priorizan los gastos militares en vísperas de un acuerdo de paz están apostando, incluso inadvertida o intencionalmente mostrando una voluntad de incumplir los acuerdos negociados. Priorizar los programas sociales tales como educación y salud, de otra parte, podría mostrar una intención de concentrarse en el desarrollo de la paz y el crecimiento económico en lugar de más conflictos armados. La importancia del gasto social aparece constantemente en las investigaciones sobre la relación entre gobernanza y paz [énfasis propio].

Al respecto, distintas situaciones sobre el caso colombiano deben ser subrayadas en relación con los síntomas de la estructura presupuestal en Colombia, hoy vigentes.

Como lo ilustra la tabla N.° 1, el gasto militar como proporción del Producto Interno Bruto en el país resulta desproporcionado. Tanto en tiempos de la guerra de largo plazo como también en el corto período de los tiempos de la construcción de paz y el postacuerdo, los recursos destinados al sector se estabilizan en rangos superiores al 3% PIB. Realizando un contraste válido ⸺a través de casos relativamente similares⸺ con los países de la región, el presupuesto militar está sobredimensionado.

Proporcionalmente, el gasto colombiano en el hemisferio sólo resultaría equiparable con los Estados Unidos, país que, huelga decirlo, se encuentra a la cabeza de los gastos militares en el planeta. Para ponerlo en perspectiva: en 2017 el gasto militar de los Estados Unidos estuvo en el orden de U$610 billones, casi 3 veces del gasto realizado por China (2.º en el ranking mundial), y es equivalente al gasto realizado por las siguientes 7 potencias militares a nivel global (China, Arabia Saudita, Rusia, India, Francia, Reino Unido, Japón, Alemania y Corea del Sur), U$578 billones. El presupuesto estadunidense es superior al del resto de las naciones (excluyendo las 7 potencias militares), contabilizado en U$551 billones (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI. 2018. "Military Expenditure Database").



De hecho, la destinación presupuestal sectorial hacia el Ministerio de Defensa ha mostrado incrementos sostenidos durante este siglo XXI. Lo que puede aparecer como una paradoja, la administración Duque, cronológicamente el segundo gobierno de los tiempos de la Paz y el postacuerdo, superaría la tendencia histórica (promedio) registrada por los gobiernos de la guerra. El registro es mayor, incluso, al del mandato de Uribe Vélez, durante el cual se observaron los niveles más altos en cuanto al gasto militar (% PIB) durante el último cuarto de siglo.



Además del desmedido gasto militar en Colombia, la tendencia presupuestal de los primeros años del "post-acuerdo" (2017-2019) permite evidenciar las "preferencias" de la financiación vinculadas con la priorización a la que se refiere Cortright.

En este aspecto, resulta palmario el contraste existente entre las diferentes asignaciones sectoriales pertenecientes a los rubros policial-militar y aquellos relativos al "gasto social" (selectivos):



Desde el entusiasmo del 'nada cambie' hacia el optimismo del 'todo se transforme'

Para ilustrar las paradojas del momento, es preciso recordar la novela El Gatopardo, en la que su autor, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, evoca la situación de la aristocracia terrateniente italiana que enfrentaba un episodio (potencialmente) revolucionario, la cual es personificada por el príncipe Fabrizio Corbera, quien en algún momento de la obra sentencia que "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie".

Por contraste, el gatopardismo criollo, y la continuidad jaspeada de las orientaciones de los gobiernos "post", parecerían justificar la máxima "Si queremos que todo siga como está, necesitamos que nada cambie". En todo caso hay que subrayar cómo las viejas fuerzas de la continuidad se muestran cada vez más anacrónicas políticamente, y obsoletas socialmente.

Desde hace décadas, a través del Estado, la clase dirigente ha pretendido imponer (sin éxito, es decir, sin generar algún grado contundente de legitimidad social) el monopolio de las violencias física y simbólica, tentativa que, para nadie es un secreto, se ha visto coronada por el fracaso, y definitivamente frustrada. De ahí que sea insustituible e impensable dejar de recurrir al "consenso de la fuerza", descartando de plano "la fuerza del consenso", para poder conservar sus poderes, privilegios y estatus, conseguidos y acrecentados por la política, en sus términos, la guerra, como único medio.

Ante este oráculo entusiasta instalado por la institucionalidad desde arriba y los escenarios sombríos que ella convoca actualmente, la potencia plebeya, transformadora constituyente desde abajo, tiene la tarea de seguir insistiendo en el optimismo de la voluntad para materializar los anhelos de la Justicia Social y recrear así el futuro de la Colombia del Común: la Paz estable y duradera.

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Tanto la teoría como la ideología del emprendimiento juegan un papel fundamental para el sostenimiento del capitalismo en el siglo XXI, el cual –no hay que omitirlo– se debate en la crisis más espectacular y sin antecedentes de su historia, condición, dicho sea de paso, por ahora lejos de ser revertida.

El pasado jueves 16 de noviembre de 1017 fue dado a conocer ante la opinión pública nacional e internacional el Informe sobre la Implementación que el Acuerdo Final encargó al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de la Paz (Universidad de Notre Dame, EE.UU.)...