Jairo Estrada Álvarez

Jairo Estrada Álvarez

Economista, Doctor en Ciencias Económicas, especialista en Instituciones Jurídico Políticas, Derecho Público, Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, fue integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y actualmente es integrante de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación. Ha escrito y coordinado diferentes publicaciones sobre el desarrollo del capitalismo en Colombia y América Latina, Despojo, violencia política, acumulación de tierras y análisis del régimen político.

El mandato de Duque se muestra fiel a algunas de las nuevas tácticas de sectores de la derecha transnacional, que han llegado a la posición de gobierno conjugando la demagogia con la mentira y la producción social del miedo, para desde allí adelantar su verdadera función misional. Se apela incluso a una retórica meliflua desde la que se proyecta disposición al diálogo y la conciliación y se hacen llamados al pacto político y social, concebido como adhesión incondicional a los propósitos del gobierno ⸺con la debida y calculada orquestación mediática, así como con la vieja práctica de asignación de roles, para mostrar presuntas diferencias al interior del gobierno, o de éste con el partido y la coalición mayoritaria. Eso sí, siempre salvando la figura del presidente, el elegido a construir el consenso desde la posición del centro⸺.

De esa forma se busca además compensar la evidente debilidad política del gobierno en su conjunto y de la propia figura presidencial, al tiempo que se pretende capturar y desvirtuar el concepto de oposición (ser gobierno desde el ejecutivo con Duque y “oposición constructiva” desde el legislativo con Uribe), y presionar o pretender desplazar a sectores democráticos en el Congreso hacia el “centro político”, así sea a través de coincidencias transitorias, tal y como ocurrió recientemente con el pacto para seguir alterando la estructura de la JEP.

Junto con esa forma del ejercicio del gobierno, que puede llegar a prestarse para la confusión al momento del análisis y la interpretación (“el presidente quiere, pero no lo dejan”), se encuentra la otra faceta. Durante este gobierno es perfectamente identificable una intensificación de la violencia del Estado contra la población a través de las más variadas formas y expresiones, dando así continuidad a una práctica que se ha constituido históricamente en fundamento de la reproducción del régimen de dominación de clase. Unas se anuncian, otras ya están en pleno despliegue.

Se ejerce violencia estatal, entre otros, cuando:

  • a) Se busca imponer una de las más regresivas reformas tributarias del continuum de reformas neoliberales de las últimas décadas, mediante la cual se puede producir una expropiación cercana a los 14 billones de pesos del ingreso de las capas medias y de los pobres de la población, a fin de mantener un régimen de privilegios favorable al gran capital que se escuda en el discurso tecnocrático de la sostenibilidad fiscal y del desfinanciamiento del Estado.

  • b) Se pretenden resolver problemas de naturaleza socioeconómica, como los llamados cultivos de uso ilícito, bajo el fracasado concepto de “guerra contras las drogas” y recurriendo a la aspersión aérea de glifosato.

  • c) Los persistentes problemas de seguridad en los territorios, acentuados tras la firma del Acuerdo de paz, se enfrentan con la militarización y el retorno al enfoque de los “planes de consolidación”. Al Catatumbo, por ejemplo, el Estado no ha llegado con instituciones civiles y gasto social, sino con un aumento adicional del pie de fuerza de 5.000 hombres.

  • d) Se promueven estudios técnicos con resultados prácticamente inducidos para dar sustento al fracking y profundizar el modelo económico de extractivismo depredador, al tiempo que se desvirtúan los alcances de las consultas previas.

  • e) Las estructuras criminales de carácter paramilitar continúan su tarea de “desestructuración preventiva” de la organización social y popular a través del asesinato selectivo de liderazgos políticos y sociales y el asedio a comunidades, sin que se sepa de actuaciones estatales efectivas y contundentes, como las convenidas a implementar por cuenta del Acuerdo de paz.

  • f) Se afecta el proceso de reincorporación a la vida legal de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC mediante el hostigamiento continuo, el asesinato, el atentado o incluso la “guerra jurídica”, sin que se produzcan respuestas o acciones estatales efectivas; sin dejar de mencionar los asuntos relacionados con la compleja problemática de la reincorporación económica y social.

  • g) Se recurre al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, a la represión violenta, a la criminalización y la judicialización de la protesta social. Además de los campesinos y campesinas y de los pueblos étnicos, para quienes estas prácticas hacen parte de su cotidianidad, se encuentran hoy en los principales centros urbanos las acciones represivas contra la movilización estudiantil y profesoral en defensa de la educación pública.

  • El fantasma de la violencia estatal recorre el conjunto de la sociedad. Lo único que lo puede detener es la indignación, la protesta y la movilización. Es el momento para ello. En el fondo del asunto se encuentra probablemente el principal efecto político y cultural del Acuerdo de paz, el compás que se ha abierto entre la posibilidad de reafirmar el régimen de dominación de clase y la perspectiva real de abrirle paso a una salida democrática y progresista. Así esta hoy el campo de fuerzas. De nosotros y nosotras dependerá el curso que tomen los acontecimientos.

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La implementación inicial del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP estuvo centrada en la llamada fase de implementación temprana en gran medida en los desarrollos normativos, esto es, en la formulación, el trámite y la aprobación las normas constitucionales, legales y reglamentarias mediante las cuales se esperaba producir un nuevo marco jurídico-político que habilitase condiciones para una implementación más efectiva del Acuerdo.

Jairo Estrada nos cuenta sobre el balance de la implementación del punto 2 del Acuerdo de Paz final firmado entre las FARC y el gobierno. De igual manera, le preguntamos sobre la violencia y miedo utilizados en estas elecciones para obtener votos.

A poco más de un año de los acuerdos de La Habana celebrados entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional es necesario señalar que la implementación es un campo en disputa y al mismo tiempo un proceso que compromete el futuro de la presente y de las siguientes generaciones de colombianos y colombianas.

Economista, Doctor en Ciencias Económicas, especialista en Instituciones Jurídico Políticas, Derecho Público, Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, fue integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y actualmente es integrante de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación. Ha escrito y coordinado diferentes publicaciones sobre el desarrollo del capitalismo en Colombia y América Latina, Despojo, violencia política, acumulación de tierras y análisis del régimen político.