Carolina Jiménez Martín

Docente del departamento de ciencia política de la Universidad Nacional. Investigadora del centro de pensamiento y diálogo político.

La movilización estudiantil y profesoral en defensa de la educación superior ha ocupado las calles y una multiplicidad de espacios públicos para visibilizar ante la sociedad colombiana la crisis a la que asisten las instituciones públicas de educación superior.

Durante todo el mes de octubre los y las estudiantes acompañadas de sus profesoras (es) han desplegado una multiplicidad de prácticas y estrategias culturales y pedagógicas para caracterizar la crisis, presentar soluciones y plantear horizontes de acción para la construcción de un sistema de educación superior estatal.

Pliegos para la defensa de la educación superior

En los diversos escenarios de organización ⸺Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES); la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES); la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES); las asambleas estudiantiles y profesorales de las universidades públicas; los sindicatos de profesores, como ASPU y ASOPRUDEA; la Mesa de Profesoras y Profesores de la Universidad Nacional de Colombia; el Espacio de Unidad por la defensa de la educación superior; entre otros⸺ se ha planteado una serie de peticiones que en términos generales persigue:

  • Financiación: Incrementar la financiación de la educación superior entre 3 y 4 billones de pesos; adición presupuestal para el cierre del 2018; construcción de una ruta para resolver el déficit de 18 billones de pesos señalado por el Sistema Universitario Estatal (SUE); garantizar que la financiación contingente vaya a las universidades públicas y deje de financiar a las privadas a través de los créditos universitarios.

  • Fin del programa Ser Pilo Paga, rechazo a Generación E y condonación de deudas del ICETEX: Estos programas financian la demanda a través del crédito educativo y el consecuente endeudamiento de las familias colombianas. El horizonte debe ser la financiación de la oferta a través del crecimiento de las universidades públicas.

  • Dignificación del trabajo de los docentes de planta: Los docentes de planta tienen unas condiciones de vinculación laboral precarias que no se compadecen con su grado de formación académica y con el tiempo de horas dedicado a atender su actividad docente.

  • Ampliación de la cobertura con perspectiva universal: En tanto la educación se concibe como derecho humano y social, se debe garantizar acceso gratuito y universal para todos los jóvenes que deseen ingresar a la educación superior.

  • Regulación del funcionamiento de las universidades privadas: Creación de una línea de créditos sin interés para los estudiantes de las universidades privadas, congelamiento de los costos de las matrículas y vigilancia para que el accionar de estos centros educativos esté en correspondencia con su carácter de entidades sin ánimo de lucro.

  • Creación de un Sistema de Ciencia y Tecnología acorde con las necesidades del país, que disponga de una financiación que garantice el impulso de los procesos de investigación e innovación.

  • Autonomía, democracia y gobiernos universitario: Generar condiciones para que el gobierno universitario sea colegiado y democrático.

  • Garantías plenas para la movilización.

Algunas Propuestas

Para lograr la materialización de estas peticiones se ha elaborado una serie de propuestas que abre caminos para su viabilización. De manera general, se ha hecho énfasis en la necesidad de garantizar la financiación de la oferta con base en impuestos progresivos con destinación específica. Según la propuesta del profesor Orlando Villabona de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia

Restablecer el impuesto a la riqueza para personas naturales, también el de las remesas de utilidades de empresas extranjeras, asignar cárcel efectiva a evasores de impuestos y asesores; recaudar el impuesto a las herencias de manera más progresiva, incrementar las tasas marginales de impuesto de renta más altas entre 45 y 50 % a las personas naturales, como se hace en los países de la OCDE, le permitiría al Estado incrementar el recaudo de impuestos en más de un 100%, sin afectar el "bolsillo" del 99% de la población [1].

Por su parte, Carlos Quimbay, profesor del Departamento de Física de la misma universidad, alerta sobre la necesidad de un acuerdo político con el actual gobierno Nacional, en el que se pacte un importante aumento de su cobertura de pregrado y posgrado, negociando que a partir del año 2020 los ANPFI comiencen a representar el 3,6% del TGGN de cada año, tal como sucedía en el año 1993 [2].

Esta propuesta se desprende de un análisis estructural que indica que el desfinanciamiento de las universidades estatales puede ser entendido como consecuencia de la expedición de la Ley 30 de 1992, dado que los Artículos 86 y 87 de esta Ley establecieron las condiciones para que se pudiera crear de forma gradual el actual déficit presupuestal al que están sometidas las universidades públicas. Por esta razón se requiere con urgencia una modificación de estos dos Artículos que permita garantizar que estas universidades cuenten de una manera efectiva y reglamentada con ANPFI muy superiores a los que actualmente tienen, de tal forma que estos incrementos potencien su crecimiento y desarrollo[3].

También, se ha insistido en la necesidad de realizar una serie de reformas normativas. Se destaca de manera especial la derogación de la ley 911 de financiación contingente del ingreso, que de facto implicaría dejar de privatizar los recursos públicos, y la reforma o derogación de la ley 30 ⸺de manera prioritaria y en el corto plazo del artículo 86⸺. Y, finalmente, se ha hecho énfasis en la necesidad de permitir una articulación de estas propuestas con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que orientará el accionar del Gobierno de Duque.

Se trata entonces de generar las condiciones para avanzar en la construcción de un sistema de educación superior estatal que le dé estabilidad y horizonte de largo y amplio alcance a la educación superior.

El Gobierno desconoce el movimiento y negocia con el SUE

El pasado 23 de octubre el viceministro de educación superior convocó a las organizaciones estudiantiles UNEES, ACRES y FENARES a "participar en un dialogo abierto y constructivo, para escuchar sus peticiones y encontrar así un espacio que establezca los puentes necesarios para superar la situación de anormalidad"4. En esta invitación ya se advertía la intención gubernamental de desconocer o bien dialogar por separado con el movimiento profesoral.

La reunión se llevó a cabo el 25 de octubre y la primera exigencia de los y las estudiantes, la cual fue acogida por el Gobierno, fue la de abrir el diálogo a los representantes profesorales argumentando que "comenzamos juntos, marchamos juntos, nos sentamos juntos". Sin embargo, después de 5 horas de conversaciones, y pese al claro compromiso de las organizaciones estudiantiles y profesorales de participar en una mesa de negociación, el Gobierno se negó a su instalación y a reconocer al movimiento como el interlocutor fundamental para la negociación. Esta situación condujo a que estudiantes y profesores se levantaran de la mesa y expresaran la falta de voluntad política del gobierno de Duque para encontrar una solución.

El 26 de octubre el presidente Duque, en compañía de rectores de las universidades públicas que participan en el SUE, anunció el siguiente acuerdo: 1. Las transferencias de la nación para funcionamiento de las IES crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en 2019 y en 4 puntos el resto del gobierno de Duque; 2. Una adición de 1.2 billones para los 4 años del gobierno; 3. implementación del artículo 142 de la reforma tributaria de 2016 referido a los excedentes de las cooperativas; destinación de 1 billón del plan de regalías para fomentar la inversión en infraestructura, y participación de las IES en la construcción del PND.

Este acuerdo no solo desconoció al actor fundamental de la movilización, sino que por sus componentes resulta muy limitado para contribuir a resolver la crisis estructural que viven las IES. De ahí que sea ampliamente rechazado por el movimiento estudiantil y profesoral. Entre otras, se destacan las siguientes críticas:

Limita su propuesta a una solución parcial de financiación: El crecimiento de las transferencias es positivo pero insuficiente para resolver la crisis estructural de financiación de las IES. A ello se agrega que no da condiciones de estabilización en el largo plazo ni genera rutas para resolver el déficit de inversión de 18 billones señalado por el SUE.

No establece reformas normativas: No involucra asuntos referidos a derogación de leyes que regulan funcionamiento y financiación de las IES.

Excluye la formulación de una política frente a universidades privadas y programas de subsidio de la demanda: No recoge asuntos referidos a regulación de universidades privadas, derogación de los programas que financian la demanda, condonación deudas del ICETEX y determinación de condiciones para impedir que la financiación contingente termine en manos de privadas.

Somete la financiación para la inversión en infraestructura a la voluntad política de los gobiernos locales: En tanto, el gobierno nacional no puede definir las inversiones acordadas en los OCAD, esta inversión queda sometida al criterio e intención de las autoridades locales.

No hay un compromiso de impulsar una política estatal que persiga la creación de un sistema de educación superior estatal con gobiernos universitarios.

Por estas y otras razones, el movimiento estudiantil y profesoral ha manifestado la continuidad del paro nacional y avanza en la construcción y consolidación de escenarios de unidad y articulación. La marcha carnaval de Halloween del pasado 31 de octubre mostró la fuerza y el compromiso de este movimiento.

1 Orlando Villabona (2018). "Reforma tributaria: impuestos fuente para la educación, se está buscando donde no es". Documento de trabajo N.o 2. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.

2 Carlos Quimbay (2018). "Algunas reflexiones sobre la relevancia y el desfinanciamiento de las universidades estatales: Una propuesta para la negociación". Documento de trabajo N.o 1. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.

3 Ibíd.

4 Carta del viceministro de educación superior, Luis Fernando Pérez, a las organizaciones UNEES, ACREES y FENARES. Fechada el 23 de octubre de 2018.

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En las últimas semanas se ha empezado a gestar una intensa movilización estudiantil y profesoral en defensa de la universidad pública y gratuita. Desde diversas regiones del país se ha alertado sobre la crisis de financiación que se atraviesa y las implicaciones que esta tiene para garantizar universidades abiertas, de calidad y comprometidas con la construcción de una sociedad justa y democrática.

El punto 2 del Acuerdo Final “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” establece como uno de sus componentes fundamentales una reforma al sistema político, especialmente al régimen y la organización electoral. Durante el primer año de implementación se constituyó la Misión Electoral Especial, la cual emitió una serie de propuestas para adelantar una reforma política y electoral, soportada en cuatro asuntos: i. Diseño institucional electoral; ii. Sistema Electoral; iii. Financiamiento Político; y iv. Participación política de las mujeres.

En el punto 2 del Acuerdo Final se establece una serie de garantías para el ejercicio de la acción política: Esas garantías suponen, por una parte, una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral, que requiere de una serie de medidas inmediatas especialmente en las regiones donde aún persisten riesgos y amenazas, así como de una revisión integral del régimen electoral y de la conformación y las funciones de las autoridades electorales. Y por otra parte, el establecimiento de unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición polí- tica (Acuerdo Final, 2016:36).

La paz está en peligro. Esa fue la expresión utilizada por Pablo Catatumbo, dirigente del nuevo partido político FARC, en un foro en la Universidad Nacional en el cual se discutía la transición política de las FARC-EP y el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz. La masacre de 15 campesinos en el municipio de Tumaco (departamento de Nariño) que se oponían a la erradicación forzada de los cultivos de coca y exigían la construcción participativa de un programa de sustitución voluntaria, tal como se establece en el Acuerdo Final, y en el decreto ley que crea los PNIS y el PISDA, es una de las expresiones más dolorosas e indignantes que dan cuenta de la alerta señalada.

El dolor que nos embarga, ante este crimen cometido por las fuerzas armadas del Estado colombiano, nos impulsa a proponer una serie de discusiones, que, aunque se han venido construyendo en diferentes espacios sociales, aún no logran tomar la fuerza vital que se requiere para salvar la Paz.

El balance del proceso de implementación resulta a todas luces desalentador y expresa el anquilosamiento de las clases dominantes, que encuentran en una efectiva implementación de lo acordado una amenaza a sus privilegios afianzados por los órdenes de Guerra. Las clases dominantes colombianas, que como bien las caracterizó Antonio García,

(…) las clases ricas —o más estrictamente, las oligarquías que se forman dentro de esas clases— no arriesgan ni juegan sus intereses económicos ni sus privilegios sociales, poniéndolos en manos de otras clases que, no teniendo sus intereses ni privilegios, constituyen “el poder de la mayoría”. La estrategia de las clases ricas se ha orientado, en los últimos años, hacia este objetivo: neutralizar o desbaratar “el poder de la mayoría” por medio de la coerción psicológica, de la corrupción o de la fuerza. La coerción se realiza por medio de una propaganda impulsada por todos los resortes de la vida social y que opera sobre la psicología primaria y desarmada de un hombre sin factores culturales de resistencia. La corrupción y la fuerza son recursos estratégicos que el mundo ha tenido la oportunidad de conocer a través del capitalismo liberal o del capitalismo totalitario.

Y es justamente, el temor a la paz y al fortalecimiento del “poder de la mayoría”, el que permite explicar los múltiples obstáculos que la tecnocracia del gobierno, la clase política representante de esas oligarquías, los dirigentes del poder judicial, y por supuesto las estructuras paramilitares, le han impuesto a la implementación de lo acordado.

    El balance normativo de la implementación es a todas luces problemático:

  • Los desarrollos en el punto rural son insuficientes, y en algunos casos han pretendido recortar lo Acordado. Quizá una de los elementos más problemáticos es la reticencia del gobierno a reconocer el criterio de focalización hacia las comunidades rurales más pobres y los pequeños propietarios o trabajadores agrícolas sin tierras.

  • Frente a Participación política, la discusión en Congreso ha limitado el alcance de la reforma política y pretende restar nivel de representatividad a las circunscripciones especiales transitorias de paz con la prohibición del voto a los electores inscritos en las cabeceras municipales. Y finalmente, la ley de participación ciudadana y reformas normativas para el tratamiento de protesta y movilización no se han podido tramitar con celeridad y la amplitud deseada.

  • La reincorporación económica y social no ha avanzado, y se advierte una intención gubernamental de individualizar el proceso en contravía del carácter comunitario que define la organización de este grupo social. El gobierno concentró sus esfuerzos en que las FARC-EP hiciera la dejación de las armas. Y olvidó su responsabilidad en generar condiciones de vida digna para la reincorporación. La negación a la formalización en la entrega de tierras es una expresión de esta actitud. Más alarmante resulta la imposibilidad de garantizar la vida de los y las guerrilleras. El asesinato de algunos de ellos y el abandono que debió hacer el grupo de Gallo (Córdoba) de su espacio territorial de capacitación y reincorporación, ante la amenaza paramilitar, advierten de esta situación.

  • Mención especial requiere el análisis de la reincorporación política. Pese a que las FARC-EP hicieron su transición a la vida legal democrática y constituyeron su partido político Fuerza Alternativa Revolucionara del Común. La clase dirigente se niega a reconocer su carácter político de actor legal democrático y en el marco de la discusión de la ley estatutaria de JEP quieren imposibilitar su participación en el proceso electoral del 2018.

  • La sustitución voluntaria y concertada quizá es una de las situaciones más dramáticas, tal como quedó reflejado de manera dolorosa, el pasado 5 de octubre. Las comunidades han denunciado una agresiva política de erradicación forzada y han llamado al Estado y las autoridades departamentales al cumplimiento de los establecido en el decreto ley 896 de 2017.

  • El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, advierte de una segunda renegociación, tal como se ha hecho manifiesto con las posiciones del Fiscal y de Cambio Radical frente a la discusión de la ley estatutaria de la JEP. Develando realmente, el temor de una diversidad de actores económicos y políticos que promovieron la guerra a que se sepa la verdad.

  • El presupuesto definido por el gobierno para financiar el Plan Marco de Implementación, resulta insuficiente para avanzar en una materialización efectiva de lo acordado. La cifra de los 129.5 billones contrastan con diversas estimaciones que han realizado centros de estudios y entidades, en las cuales se hablan de cifras que oscilan entre 200-400 billones de pesos.

Así las cosas, el balance es alarmante. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano, así como los anuncios desde diferentes actores políticos sobre la necesidad de “Revisar lo acordado” y en el peor de los casos de “hacer trizas el acuerdo”, advierte frente a la incapacidad, o mejor aún la reticencia, de las clases dominantes a construir los mínimos para una democracia liberal. Esta posición retardataria denota como lo señalan las valiosas reflexiones de Pablo González Casanova, Mario Arrubla Yepes, Diego Montaña Cuéllar, Ruy Mauro Marini, entre otros, sobre el carácter colonialista y dependentista de estas clases dirigentes.

El peligro en que está la paz, requiere de la vitalidad del movimiento popular, de las organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas, urbanas, ambientalistas, LGTBI, de mujeres, de comunicación, afrodescendientes, indígenas, entre otras que se la han jugado históricamente por la construcción de un mundo justo. Hacer resurgir esta vitalidad es dignificar la lucha de esos 15 valientes que murieron en Tumaco a manos de las fuerzas represivas del Estado.