Victor Manuel Gaviria Díaz

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Gobierno y Gestión Pública territorial con experiencia en el sector público y en el trabajo con organizaciones sociales. Sus temas de interés e investigación son los de construcción del Estado, seguridad ciudadana y movilidad urbana.

Dado que el Ministerio de Educación sacó hace ya algunas décadas la asignatura “Historia” del pénsum y que a veces es complejo que, inclusive, estudiantes universitarios conozcan el contexto social, político y económico del surgimiento de la Constitución de 1991, es importante recordar ciertos hechos que se deben sumar a los elementos para el análisis y la definición de una postura política de la ciudadanía frente a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP, que parece estar en todos los medios de comunicación (en particular en lo que se refiere a su desarrollo legislativo), con una versión al menos corregida de las causas de la guerra en Colombia. En efecto, no siempre es claro cómo puede la población colombiana tomar decisiones políticas si no conoce el pasado o no recuerda más allá del gobierno de los ocho años de Uribe Vélez.

En concreto, y teniendo como fuente solamente la reacción de algunos “tuiteros de oficio” ―que claramente no refleja la opinión de la gente del común, pero que es una medida interesante para poner el racero por lo bajo―, frente al fallo de la Corte Constitucional que declara exequible el acto legislativo 01 de 2017, el cual crea “(…) un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”, el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, en general, y, en particular, la Jurisdicción Especial de Paz, o sea, la JEP, queda una mezcla de sentimientos sobre el origen de la indignación colectiva o, al menos, de la indignación que planean liderar algunos sectores políticos y económicos del país, en especial sobre la participación política de las FARC y la presentación ante los tribunales de la JEP.

La manipulación de la opinión colectiva en relación con este tema ―que muy seguramente será usada en las próximas elecciones― me recuerda a aquellos sectores encabezados por un señor Adolfo Hitler, que aprovecharon la indignación sobre el estado de pobreza y depresión colectiva en que se encontraba el pueblo alemán a principios de los treinta del siglo XX, para inculpar a judíos, comunistas y extranjeros y montar el Tercer Reich. Pero, en ese momento, nadie en el poder ni en los medios masivos alemanes habló de la responsabilidad de la dirigencia al involucrar a ese país en la Primera Guerra Mundial, nadie los culpó de los malos manejos durante la misma, de los millones de muertos, del colapso económico, de la pérdida de la guerra ni de las consecuencias del tratado de paz, que en conjunto generarían la crisis social, política y económica en la que se encontraba el pueblo germano en ese momento de su historia.

El fallo de la Corte Constitucional suena a eso, pues muchos sectores se encuentran conformes porque por fin se va a garantizar (si la mediocridad del Congreso lo permite y aprueba la ley estatutaria) el funcionamiento de la JEP y la participación política de las FARC, que es el sustento de la firma del Acuerdo de la Habana. Por su parte, la indignación de algunos otros sectores se encuentra enfocada en rechazar esa participación electoral, sin que los antiguos guerrilleros hayan sido juzgados (por la inoperante y politizada rama judicial), lo cual viene siendo caballito de batalla del Centro Democrático y de Cambio Radical… Y es precisamente acá donde es necesaria la clase de historia contemporánea.

En efecto, el fallo de la Corte Constitucional es negativo para el futuro del país y para el fin del conflicto social y armado del cual no salimos a pesar de la firma del Acuerdo Final entre las FARC y el Gobierno Nacional, pues además de permitir la participación política de las FARC ―lo cual es apenas obvio y de sentido común como resultado de un acuerdo de paz (no hay que olvidar que no fue un proceso de sometimiento porque ninguna de las partes ganó la guerra)―, a la Corte Constitucional le dio temor ir más allá e incluir a los verdaderos responsables del conflicto social y armado, ya que declarar como voluntaria la presentación de los llamados “terceros responsables” ante la JEP representa la renuncia a la judicialización de los sectores políticos y económicos que sin estar armados han sido participes de la guerra en Colombia. O, como lo planteaba el Acto legislativo, “(…) hubieran tenido una participación activa o determinante en la comisión de los siguientes delitos”.

En realidad, no es necesario portar un fusil y un camuflado para ser un generador de violencia en Colombia o para hacer parte de los “terceros responsables” de los que habla la Corte. Nuestra historia republicana está llena de ejemplos: luego de la Independencia, liberales y conservadores no dejaron de generar guerras civiles a lo largo del siglo XIX y hasta la Guerra de los Mil Días iniciando el siglo XX. Fueron los mismos padres de la patria los que azuzaron “la violencia de los 50” y usaron a las fuerzas militares, de la mano de pájaros y chulavitas, para combatir a las militancias liberal y comunista, llenando de sangre los campos colombianos con los más horrendos métodos de tortura y miedo, mientras los jefes de uno y otro partido discutían de política y tomaban güisqui en los clubes bogotanos, sin llenarse de pólvora ni ensuciar con sangre sus carísimos trajes importados.

Fueron los mismos padres de la patria o, más bien, sus hijos, los que firmaron el Pacto de Benidorm en 1956, que crearon el Frente Nacional y cerraron como un solo cuerpo el sistema político durante dieciséis años desde 1958, generando las condiciones de hermetismo político para impedir el surgimiento de otras opciones políticas, fortaleciendo con esto la alternativa y el sustento de los grupos guerrilleros, surgidos en un 90% en esta época. Fueron estos mismos los que llamaron “repúblicas independientes” a las zonas de colonización campesina y bombardearon, entre otras a Riochiquito y Marquetalia, sembrando en el sentimiento campesino de los sobrevivientes las semillas de las FARC.

Y, sin ir más lejos, ¿quién va a juzgar a los “terceros responsables”, que ayer la Corte sacó de la JEP y que patrocinaron las masacres en los 90, que eliminaron un partido político completo, la Unión Patriótica, y que ganaron elecciones asesinando a sus oponentes, como en el caso de Segovia en Antioquia (ejemplo de una de las masacres mejor documentadas) o en El Castillo y en amplias zonas del Catatumbo, del Meta y de Urabá? ¿O creen que los gremios económicos, que hace unos días rechazaban la JEP, van a hablar de las amplias tierras arrasadas por la acción de los paramilitares, quienes estaban financiados y recibían órdenes de las clases económicamente dominantes para la implantación del modelo del latifundio ganadero, de la agroindustria de la palma (que hoy patrocinamos cada vez que tanqueamos y compramos obligatoriamente el etanol) y de los grandes proyectos mineros?

Recordemos las sanciones contra la Drummond por el carbón manchado de sangre o los famosos fusiles de los paramilitares transportados en los barcos de la Chiquita Brand (heredera de la United Fruit Company, responsable de la tristemente célebre Masacre de las Bananeras). Nos referimos a las nuevas clases económicas y a las decenas de parapolíticos, como el sempiterno gobernante de Cúcuta (que a pesar de estar en la cárcel sigue gobernando), y a los parlamentarios que le compraron su libertad a la Corte Suprema a través del famoso “cartel de la toga”.

Sí, magistrados de la Corte Constitucional, ¿quién va a juzgar a los grandes empresarios, base del orgullo nacional, que incitaron el asesinato y la persecución de los líderes sindicales en las principales empresas del país? ¿Quién responde por los asesinatos de líderes sociales y sindicales de la USO, de Sinaltrainal, por los asesinatos ―poco juzgados― patrocinados por Postobón, Termotasajero y tantos otros más?

Esos son los “terceros responsables”, los “hombres y mujeres de bien” que están detrás de la guerra en Colombia y que, gracias al fallo de la Corte Constitucional, no serán juzgados por la JEP, un tribunal creado para darle fin. Quedamos, no obstante, como diría la historiadora Carolina Moreno, con “la esperanza [de] que la reconstrucción de la verdad histórica y la presión social obligarán a terceros y civiles a ir a la JEP”.


Fuente de la imagen: Marcha Patriótica

El día de ayer 23 de octubre, la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo –MIA- radicó ante el Ministro del Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, un pliego de peticiones con el que declaran el Paro Nacional por la implementación de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el gobierno nacional, Acuerdo que buscaba poner fin al conflicto armado de más de cincuenta años que ha vivido nuestro país.

La MIA conformada por la Coordinación nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI, la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes - CONAFRO, la Federación nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO, y organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, locales, territoriales y regionales de 29 departamentos, han realizado esta declaración de solicitudes en las que enumeran los sistemáticos incumplimientos de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana, que han generado crisis en los territorios y un alto número de vidas humanas.

El pliego que compartimos a continuación por ser de interés general, consta de siete puntos, seis de ellos correspondientes a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de Paz que no se han implementado y uno último que enumera los incumplimientos del gobierno a los acuerdos alcanzados en las movilizaciones del 2013.

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A pesar de que hace más de 10 años las localidades del sur se vienen organizando alrededor de las Marchas de los trabajadores y trabajadoras del Primero de Mayo, el 27 de septiembre saldrán a las calles ciudadanos y ciudadanas de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, localidades que reúnen más del 20% de la población bogotana, no por una fecha conmemorativa, sino por una cantidad de reivindicaciones que se resumen en el rechazo al olvido de estos barrios por parte de la administración distrital, en donde se ubican las viviendas de los trabajadores y trabajadoras de los estratos más bajos, que se trasladan por miles desde muy tempranas horas de la madrugada, hacia las empresas del norte y el occidente de la ciudad.

Esta movilización, así como las históricas del 93, marcan un hito para una capital acostumbrada a las grandes movilizaciones en el centro de la ciudad. El paro de los habitantes del sur de Bogotá, no pareciera tener nuevas causas y tiene en las condiciones sociales y económicas de su población infinidad de argumentos para salir a la calle a movilizarse, pero este es el resultado de la acumulación de situaciones que ya están haciendo invivible este territorio para los habitantes de esta parte de la capital y que tienen su “Florero de Llorente” en la grave crisis ambiental y sanitaria que ha generado la deplorable administración del Relleno Sanitario de doña Juana.

Para la ciudad, las localidades del sur no solo son proveedoras de mano de obra, sino que han sido cantera de minerales como la arcilla, que para su explotación adorna con grandes huecos las montañas del entorno de estas localidades, de lo que se ha llamado el “Parque Minero Industrial”. También se producen allí gravillas y demás materias primas para la producción de cemento, que ha dejado un inmenso hueco de cientos de metros de ancho y de profundidad, que rompe el mismo corazón del sur de Bogotá en el cauce medio del rio Tunjuelito. Toda esta explotación minera produce altísimos niveles de material particulado, genera infinidad de afectaciones respiratorias y ha transformado el cauce del Rio y las quebradas que lo alimentan, a tal nivel que ha destruido su flujo normal causando inundaciones en los barrios más bajos en años pasados, el hundimiento y consecuente desaparición del Barrio Villa Jackie en el 2009 y procesos progresivos de deslizamientos e inestabilidad de todos los barrios que rodean el gran abismo (oculto tras los grandes muros que se observan al entrar a Usme por la Avenida Caracas o la Boyacá) que han creado las gravilleras y las multinacionales Cemex, Holcim y la Fundación San Antonio de la iglesia católica en su sistemática labor de sacarla la piedra al Rio.

Para los habitantes de este territorio, quienes han gobernado la ciudad, convirtieron las tierras altas de Ciudad Bolívar, que abrazan a Usme y Tunjuelito, en el hospedero del gran basurero “Doña Juana” que en los últimos treinta años, en una cantidad aproximada de siete mil toneladas diarias y en las peores condiciones de manejo (pues más del 60% son residuos orgánicos aprovechables entre otros para la producción de abonos), generalmente al aire libre, recibe los residuos de Bogotá y ocho municipios más. Las condiciones de manejo de este “relleno” o más bien basurero ha generado al menos un gran explosión y el derrumbe de un millón de toneladas el 27 de septiembre de 1997 y otra de unas 800 toneladas el 2 de octubre de 2015 y la exposición de al menos 6 mil toneladas, con miles de habitantes afectados por los malos olores, enfermedades cutáneas y respiratorias y la invasión de plagas de roedores y como se ha visto en los últimos meses, millones de moscas y otro tipo de insectos voladores y rastreros. Basuras sin tratamiento, aprovechamiento casi nulo de los residuos, miles de litros de lixiviados que en días de lluvias terminan en la arteria del territorio que es el Rio Tunjuelito, que, en su camino se une al Bogotá en Canoas a la altura del municipio de Soacha y terminan alimentando con altísimos niveles de contaminación al Rio Grande de la Magdalena.

Las organizaciones que convocan al paro esperan contar con el acompañamiento de la población de estos territorios, pues la salida que ha dado hasta ahora la administración distrital ha sido la continuidad del relleno, una nueva licitación para un negocio de al menos 5 billones de pesos bajo el mismo procedimiento de enterrar las basuras y la expropiación de las fértiles tierras que sobreviven en manos de los campesinos y las campesinas de las veredas de Usme y Ciudad Bolivar y que están dedicadas a la producción agrícola que abastece a buena parte de la ciudad para la ampliación del Relleno Sanitario que a hoy se encuentra al tope.

Motivos no faltan para parar, estas localidades sufren situaciones graves de inseguridad, fruto de la difícil situación económica de sus pobladores y de la ausencia de opciones reales para la juventud, pues a pesar de contar con dos bases del ejercito que suelen usar sus calles de campo de reclutamiento constante, de la existencia de un fuerte de carabineros y una estación de policía en cada localidad, las manifestaciones paramilitares y de la terriblemente llamada “limpieza social” se ha hecho sentir en los parques de estos barrios y en los diferentes puntos de encuentro de la juventud.

De la misma manera, persisten los vertimientos de las Curtiembres en Usme y Tunjuelito al Rio, que genera además de la contaminación de este, terribles olores para sus vecinos, así mismo las grandes excavaciones ya terminadas de material de rio, han sido destinadas para ser las escombreras de las grandes obras de la ciudad. Para concluir con un caro, indigno y deficiente sistema de transporte público, que oprime a sus habitantes y le hurta importantes horas de vida diaria a los trabajadores y trabajadoras que no tienen otra opción que subirse a esos sistemas de enlatados humanos, para poder llegar a sus lugares de trabajo.

El listado de motivos para parar de los habitantes y las habitantes del sur de Bogotá, es bastante amplio, esperemos que la movilización de este 27, que conmemora la gran explosión del relleno doña Juana, sea un punto de partida para ponerle los ojos a este sur que, mirado con desprecio por empresarios y gobernantes, tiene sobre sus dignos hombros el trabajo y la generación de riqueza de buena parte de la capital colombiana.

Sin ser inocente frente a las condiciones de paz que dejó el Acuerdo de la Esperanza, firmado entre el gobierno y las FARC en noviembre de 2016, para las comunidades en los territorios si es cierto y las cifras son bastantes elocuentes, que la reducción de las dinámicas de la guerra representa una nueva esperanza en términos de tranquilidad para las comunidades olvidadas históricamente, que han servido a lo largo de más de 60 años de teatro de operaciones del conflicto armado. En este sentido el solo haber salvado una vida ya es un logro gigante del Acuerdo.

El fin del paramilitarismo en Colombia es uno de los principales retos que quedan para la implementación de los Acuerdos de Paz. Si bien la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa han salido en diferentes ocasiones a negar la existencia de este fenómeno, la presencia de estructuras paramilitares en varias regiones del país ha sido denunciada por varias comunidades, como en la región del Urabá y el Catatumbo y por los mismos guerrilleros concentrados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, como la Zona Veredal Daniel Aldana, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Tumaco y la del Municipio del Retorno en el Guaviare y otras tantas distribuidas en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Guaviare1.