Sebastián Montañez Cifuentes

Magister en Creación Literaria de la Universidad Central; Profesional en Estudios Literarios con formación en creación literaria de la Universidad Autónoma de Colombia. Coordinador del Área de Comunicaciones, e investigador de la Línea de Memorias y Resiliencias del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP). Coordinador Editorial del Colectivo Don Jumento.

 

Trabajo y acompañamiento en la formulación de estrategias de comunicación, pedagogía y trabajo organizativo comunitario, a partir de la literatura como una herramienta para la reconstrucción de memoria y los procesos individuales y colectivos de restauración del tejido social. Cuentista, ensayista, poeta; fotógrafo.

Correo: se.montanez.ecicp@gmail.com



El pasado 15 de agosto, la figura de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se trasformó en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Vale la pena decir que, aunque ese paso de una figura a otra se acordó entre las partes, lo cierto es que la mayoría de ZVTN pasaron a ser ETCR sin siquiera haber tenido toda la infraestructura de vivienda acabada. Desde hace meses se alertó sobre la demora y negligencia por parte del Gobierno y su andamiaje burocrático para cumplir lo acordado. Hoy todavía hay zonas donde los baños no están funcionando ni todos los espacios habitacionales tienen las condiciones mínimas para una vida digna.

A pesar de todas las trabas, las FARC-EP —hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común— han respetado su palabra y compromiso. Acostumbrados a sobrevivir en condiciones adversas, guerrilleros y guerrilleras participaron activamente en la construcción de las Zonas Veredales. En Charras (Guaviare), por ejemplo, dicen que cuando llegaron no había ni una sola plancha de cemento lista, ni una sola sombra en donde esconderse del sol despiadado. Desde entonces se han echado al hombro la construcción de sus habitaciones y locaciones porque comprendieron que no podían sentarse a esperar a que el Gobierno les cumpliera. La guerrillerada, en varias ocasiones, terminó enseñándoles de construcción colectiva a los encargados de las obras, y cuando no, se decidieron por observar, aprender, replicar y trabajar.

El pasado 27 de junio, en Mesetas (Meta), el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño —Timochenko—, celebraron la dejación del armamento y reiteraron que la paz en Colombia es un hecho histórico irreversible. "Adiós a la guerra, adiós a las armas. Bienvenida la paz", soltó de su boca Timochenko. Ese día insistió en que se ponía fin al levantamiento armado, pero no al debate de las ideas y aseguró que, mientras se les respetara la vida y se cumpliera con las condiciones mínimas para una lucha política en igualdad de condiciones, no habría necesidad de levantarse en armas otra vez. Se despidió recordando que el compromiso es serio y resaltando el cumplimiento de su parte: "No le fallamos a Colombia, hoy dejamos las armas". El Nobel de Paz, presidente Juan Manuel Santos, por su parte, sentenció: "Hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible". Además, el delegado de la ONU para el proceso de paz, Jean Arnault, dijo que Naciones Unidas debe tener en cuenta las enseñanzas del proceso de paz en Colombia y aplicarlas en otras partes del mundo.

A los pocos días, La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) presentó detalles de un nuevo cronograma que incluía la transformación de las zonas veredales, el plan para la desarticulación de las caletas y compromisos de seguridad jurídica y de seguridad física para la guerrillerada. A la fecha, el balance del proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC-EP es preocupante. Este proceso tiene que asumirse con responsabilidad y gestión pues de ello depende, en gran medida, el principio de la no repetición.

Sin posibilidades ni logros concretos, la gente se cansa, se siente burlada y, una vez más, decide hacerse camino con sus propias voluntades. Ejemplo de lo dicho es que en el ETCR Marco Aurelio Buendía, en Charras (Guaviare), angustiados ante los incumplimientos del Gobierno algunos y algunas han ido a buscar el sustento de la vida de forma legal lejos de la región; otras se van a hacerse un espacio en casa de sus familias sin seguridad ni garantía alguna, y otros menos ven una posibilidad en la llamada disidencia del Frente Primero Armando Ríos.

El panorama es desalentador y alarmante. Las iniciativas de los proyectos productivos están aún crudas porque no hay un asesoramiento responsable que pueda convertir y gestionar esas ideas en una opción económica viable y sostenible con el ambiente. Solo hasta hace pocos días se logró que profesionales viajaran a algunos de los ETCR para intentar apagar el incendio. En el caso del Espacio Marco Aurelio Buendía no hay ni tierra para que la gente trabaje y todavía no hay una articulación institucional que permita la gestión productiva de estas iniciativas. Además de las prolongadas bocanadas de fuego que salen de las bocas enconadas de quienes niegan la posibilidad de intentar pasos hacia la paz, el desorden, la desidia e inoperancia del Gobierno tienen enredada la reincorporación a la vida civil de las FARC. La guerra no debería seguir siendo la mejor alternativa de administración y gobierno.

Es evidente que al Gobierno le cuesta replantear el modelo fallido de “reinserción” que usó descaradamente con los paramilitares de las AUC, y asumir que, para este caso, se acordó una reincorporación rural, colectiva y coordinada de manera conjunta con las FARC, y no individual ni urbana. Los enfoques contrarios de cómo asumir este proceso de reincorporación generan lentitud en la toma de decisiones. Mientras las FARC insisten en que su proceso debe ser colectivo, a partir de proyectos cooperativos en los que también participen las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han vivido y resistido en las regiones; el Gobierno sigue mostrando sus dientes afilados e insistiendo en que su experiencia acumulada durante los últimos 20 años en una ruta individual basada en el estudio, el trabajo y el apoyo psicosocial es el camino más afectivo. Sorprende que, muy a pesar de tener la experiencia fallida del proceso de reincorporación con las AUC, debido a que aproximadamente el 80 por ciento de los mandos medios reincidió en el crimen organizado, el Gobierno hoy insiste en mantener ese modelo malogrado.

Además de cumplir lo pactado, se trata de mantener las actividades de organización colectiva, pues las raíces de la mayor parte de los integrantes de las FARC están en la militancia del partido político, y no en la proyección individual de alguna u otra iniciativa. La reincorporación, según el acuerdo de La Habana, además de respetar su carácter colectivo debe generar las condiciones apropiadas y dignas para que el tejido social de las FARC se acople, se acomode y participe del de las comunidades.

De modo que no hay que asumir el proceso de reincorporación como un premio por haber dejado las armas, sino como una medida justa para garantizar que no se recicle la violencia, y que las personas afectadas directamente por el conflicto armado puedan —por fin— ser resarcidas por sus victimarios, y escuchadas por la sociedad en general, pero sobre todo puedan saber qué fue lo qué pasó y quiénes participaron. Para ello es indispensable que las FARC cuenten su versión y asuman las responsabilidades correspondientes, pero también lo es que el resto de actores enfrentados nos cuenten a la sociedad cuál y cómo ha sido su participación en el conflicto. Es, entonces, igual de indispensable que las fuerzas militares y policiales, que los grandes consorcios empresariales y sus alianzas con el paramilitarismo se hagan responsables de este país y sus víctimas.

Así las cosas, ha pasado harta agua desde aquel 27 de junio en el que las FARC-EP entregaron las armas para dar sus primeros pasos en la vida legal y civil. Si se entiende que uno de los pilares de cualquier proceso de paz es el derecho y garantía al principio de no repetición, a partir de la coexistencia entre víctimas, victimarios y la sociedad en general, la verdad, la reparación y la reincorporación resultan fundamentales para que el proceso genere cambios significativos en el respirar social, político, económico y cultural de las regiones y gentes que han soportado la severidad de la guerra. Por ello hay que entender y asumir que este proceso de paz es, sobre todo, una oportunidad para los territorios y las comunidades que históricamente han sido desconocidos por la idea del progreso urbano.

Por eso contribuir desde el Estado y los sectores de la sociedad en general a que excombatientes accedan a un proyecto de vida digno que les provea una sostenibilidad individual y proyección colectiva, no solo evita que se recicle la violencia como históricamente ha sucedido, sino en suma, procura a que de manera individual asuman las responsabilidades correspondientes de reparación y, en acción colectiva, puedan contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales de este país.

El contexto actual está un tanto enredado porque el Programa de Reincorporación no es la única piedra en el zapato que está entorpeciendo la implementación de los acuerdos. Si se piensa a fondo, en esas circunstancias, dejar las armas es un compromiso que se debe asumir con todas las víctimas a razón del conflicto armado, pero no es tarea sencilla sobre todo si se tienen en cuenta los sistemáticos incumplimientos por parte del Estado colombiano. Aún hay manotadas de excombatientes que no han sido cobijados por la amnistía, a pesar de estar firmes en el proceso. Desde aquel 27 de junio se quiso instaurar la Comisión de garantías jurídicas, de seguridad y socioeconómicas para excombatientes, con el propósito de generar un espacio de tranquilidad y confianza.

Se anunció, entre otras, la suspensión de las órdenes de captura de quienes hayan hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad. También se dijo con voz convincente que el Gobierno Nacional iba a tomar todas las medidas para asegurar la aplicación de la amnistía o la libertad condicional, antes de finalizar el proceso de dejación de armas a todos los miembros de las FARC-EP acreditados o a quienes estén en las cárceles. En el ETCR Marco Aurelio Buendía hay personas que ni siquiera tienen cédula, pese a haber sido censadas en las dos identificaciones plenas que se han hecho. Por tal motivo, la certificación de dejación de armas está embolatada y la cuenta bancaria ni siquiera existe porque siguen vigentes las órdenes de captura.

Para la seguridad física de excombatientes y de líderes y lideresas populares, se anunció que se iba a crear por decreto la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con el fin de poner en marcha un Cuerpo Élite de Policía, para el desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco. No sobra recordar que el pasado 5 de octubre ocurrió una masacre campesina en Tumaco a manos de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano.

Salta a la vista que la implementación de los acuerdos de paz exige, primero, cumplimiento a cabalidad de lo que se acordó entre las partes enfrentadas, y segundo, que los sectores de la sociedad en general participen de estos procesos, porque también nos involucran. De nuestra observación y participación depende que las FARC sigan cumpliendo con su palabra y que el Gobierno se tome en serio lo que acordó, deje a un lado tantas trabas burocráticas y asuma la responsabilidad de implementar los puntos acordados para generar un ambiente desligado del miedo. Por vez primera se logró —al menos en el papel— que quienes han padecido la terquedad y terror de la guerra puedan ser escuchados, resarcidas. Por vez primera se está intentado que las comunidades rurales aparezcan en la geografía de la toma de decisiones que afectan directamente sus modos de vivir. Por vez primera las personas que vivimos en medio del humo de la ciudad tenemos la posibilidad de ver a los ojos a ese país rural y profundo que tanto nos han enseñado a ignorar.

Debemos comprender, pues, que si el proceso de reincorporación falla, no solo se les incumple a quienes decidieron creer y dejar las armas, sino que el resto de ejes acordados se embolatan a tal punto que su implementación va a ser un desastre evitable que, una vez más, contribuirá al reciclaje de todas las violencias. Como sociedad, otra vez, habremos fallado. En las regiones que históricamente han sido cocaleras como el Guaviare hay una preocupación que ronda entre las gentes: “si no les cumplen a ustedes, que tenían las armas y eran braveros pa´ pelear, que nos van a cumplir a nosotros que solo tenemos la palabra”, cuenta una campesina de la vereda de Charras. Debemos asumir, entonces, que a quienes no les conviene la implementación de los acuerdos de paz son los mismos a quienes les interesa que las “disidencias” y los grupos armados crezcan, con el propósito de volver a instaurar entre cada uno y cada una de nosotras el gesto del terror y, justificar así, toda su maquinaria sangrienta de cara a las elecciones de 2018.

Selva adentro habita un país muy distinto del que, día a día, nos muestran por televisión. Esas tierras de “nadie”, infinitas para la mirada acostumbrada a los edificios, el ruido y las calles, se desperdigan por la región de la Amazonia y la Orinoquia. Este país que ha centralizado en el espinazo de la región andina su propuesta de nación —excluyente, hipócrita y promovida por la corrupción descarada—, históricamente ha decidido darle la espalda a las comunidades y territorios que viven o, mejor, sobreviven y resisten a orillas del río, en las caderas de la selva.

La región del Guaviare, al ser esa frontera entre la Orinoquia y la Amazonía, ha sido un lugar de encuentro y desencuentro para varias poblaciones. Allí han llegado por trochas caminando o por las vertientes de los ríos en potrillos comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, con la ilusión de hacerse a un lugar digno para vivir. En estas tierras han vivido tradicionalmente indígenas Guayabero y familias Makú, y desde mediados del siglo XX han arribado indígenas Tucanos, Wananos, Cubeos y Piratapuyos, venidos de la cuenca media del río Vaupés, en la frontera colombo-brasilera, por causa de la intrusión de las comunidades misioneras en sus territorios de origen, y por la confrontación armada.

El embrujo que rodea la región del Guaviare también ha cautivado las esperanzas de pueblos afro y, sobre todo, de comunidades campesinas llegadas del interior en momentos distintos. Aventureros y aventureras han deambulado por el sur oriente del país haciendo las oportunidades que la región andina, por circunstancias políticas, económicas y sociales, les negó. El Guaviare, podría decirse, es un departamento demarcado por el andar y el pulso de diferentes pueblos y regiones. Desde los años veinte, de acuerdo con Molano, se dieron en el Guaviare tres oleadas de colonización. La primera, se refiere a la colonización impulsada por la ambición ciega del caucho, la quina y el tigrilleo. Se dice que a esas selvas húmedas llegaron gentes del Tolima y del Huila. Esa primera inmersión masiva fue, en todo caso, lenta, diseminada y convulsiva, solventada en una economía incipiente, hilada por el transporte y comercio de caucho, pieles y pescados por los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare hacia Villavicencio.

La segunda oleada se origina en 1955, luego de la ofensiva militar del Gobierno Nacional contra Villarrica, cuando los campesinos —ante un bombardeo con Napalm durante tres días— se ven obligados a desalojar sus territorios y a organizarse en un movimiento por la defensa de sus vidas. A esos mundos de fronteras corredizas asomaron gentes del Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y Boyacá, azotadas por el brío de la violencia. Acostumbrados a vivir de la tierra quisieron crear las condiciones para sembrar su arroz, su plátano. Las gentes que llegaron al Guaviare por el río Guayabero sobrevivieron a la guerra de la región del Sumapaz, y las que aparecieron por el río Ariari sobrevivieron a las oleadas de violencia de los llanos orientales.

Esta primera colonización armada fue uno de los pilares para la cohesión ideológica y de organización social de la región del Guaviare. Al poco tiempo, el Estado inició una campaña radial para dirigir una colonización del municipio del Retorno, y reducir así la población de los centros urbanos que, a causa del desplazamiento forzado, se atiborraban de gentes despojadas. Desde entonces el Estado ha tratado de llegar a esos territorios ajenos dirigiendo programas fallidos. Su única presencia histórica y real ha sido el Ejército Nacional.

Finalmente, la tercera oleada de colonización se da en el marco del declive del cultivo de la marihuana y el inicio del auge de la coca a comienzos de los años 80, protagonizada por la insurgencia alzada en armas y por gentes de otras regiones desplazadas por la violencia. En los años 70, algunos de los marimberos gozosos de la bonanza de la Sierra Nevada de Santa Marta, prueban suerte y se trastean semillas de marihuana a la región de la Serranía de la Macarena, y luego, hacia el Guayabero y Guaviare. Se dice que, si bien los cultivos de marihuana crecieron como árboles gigantes, en todo caso no hubo una bonanza como la de la Sierra Nevada. Sin embargo, los saberes ancestrales de los indígenas sobre la hoja de coca, la riqueza de los suelos selváticos, los meandros de los ríos monte adentro y la ausencia total del Estado, abrieron la puerta para el desarrollo del cultivo, su posterior procesamiento y comercio.

No fue difícil, pues, que traficantes experimentados de otras regiones quisieran anchar sus tentáculos en el Guaviare. Allí llegaron estructuradas armadas a controlar la compra de insumos, la siembra, la comercialización, además de mano de obra traída de otras partes del país que ya conocían el trabajo con la hoja de coca. A finales de la década de los 70 había tanta pasta de coca que inevitablemente los precios de la compra y venta se fueron al piso. Estas circunstancias promovieron el abandono de la región por parte de un número significativo de traficantes y de una población flotante que aprovechó para seguir camino; otros volvieron a sus cultivos de pancoger y sobrevivieron con el plátano, la yuca y la coca.

En este contexto de abandono y lejanía, a comienzos de los años 80 reaparece el espíritu de la coca con la llegada del Frente 1° de las FARC-EP, que había dejado sus primeras huellas organizativas por el río Ariari. La aparición de la insurgencia armada desde el Meta estuvo coordinada y planificada en la Séptima Conferencia de las FARC-EP, por los lados del Guayabero. Allí se acordó incrementar el número de frentes y combatientes, crear un cerco por la cordillera oriental con la intención de separar el centro del país de la Orinoquía y la Amazonia, de la mano del fortalecimiento de las economías de guerra mediante la regulación del negocio de la pasta de coca.

Por instrucciones del Secretariado, el Frente 1° inició su trayectoria desde el Meta hasta el Guaviare a la vez que se iban creando y fortaleciendo los frentes 7°, 27, 31, 39, 40 y 44 en todo ese corredor fluvial. De modo que durante los años 80 y gran parte de los 90, los Frentes 1° y 7°, sobre todo, echaron raícen en la región del Guaviare. A pesar de la presencia histórica de las FARC-EP, había nichos irregulares de seguridad privada, encargados de disputar el territorio de los negocios de los grandes narcotraficantes, el procesamiento y la comercialización de la pasta base de coca. En 1989, por su parte, el Gobierno de Virgilio Barco creó el Batallón de Infantería No. 10 General Joaquín París, adscrito a la Séptima Brigada del Ejército Nacional, con sede en San José del Guaviare. Los grupos irregulares de seguridad privada de ese momento si bien no se identificaban ni representaban unificados bajo una misma estructura de mando, sí abonaron el terreno para que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en complacencia con el Ejército y la institucionalidad regional, irrumpieran por el Meta en 1997.

La entrada de las AUC a la región se hizo pública entre 1999 y 2001 con la formación del Frente Héroes del Guaviare, al mando de Pedro Oliverio Guerrero alias Cuchillo, perteneciente al Bloque Centauros de las AUC. Esta confrontación armada desencadenó una guerra tétrica por el control y regulación de las riberas de los ríos Guaviare e Inírida, sobre los municipios de San José y El Retorno, dedicados al cultivo, procesamiento y comercialización de la coca. Debido a su ubicación estratégica de tránsito, en estos municipios fue posible la compra y venta de armamento y municiones. En esa confrontación fiera, las FARC-EP recibieron refuerzos de los Frentes 44, 39 del Meta y del 16 del Vichada, mientras los paramilitares fueron respaldados con el grueso del Bloque Centauros de las AUC.

Lo cierto, pues, de estas etapas de colonización campesina y armada es que, de acuerdo con Alfredo Molano (2006), el proceso masivo de desplazamiento organizado iniciado en los años 50 desde las regiones andinas hacia el cañón del río Duda, desembocó inevitablemente en el poblamiento organizado de las riberas del río Guayabero, y de las regiones del alto Ariari, El pato, el Caguán, y de la Serranía de la Macarena hasta deslizarse por los ríos al Guaviare. Los ríos Guayabero y Ariari, en ese sentido, son fundamentales para comprender las memorias de poblamiento de la región del Guaviare, pues por sus arterias llegaron las gentes de otras latitudes. Más al sur, el río Vaupés ha sido también determinante para el poblamiento, porque viene del andar del Itilla y el Unilla; así mismo, de Caño Grande y Caño Macú se crece el río Inírida. Estos afluentes de vida y muerte son cruciales para la región pues en sus arterias viaja la alimentación, el transporte, el combustible y la conexión del Guaviare con las regiones de la Orinoquia y Amazonia.

Puede decirse que desde la colonización impulsada por el cultivo, procesamiento y comercio de la hoja de coca y de otras economías de bonanza ilegales, en la región del Guaviare no ha vuelto a surgir un proceso de poblamiento de grandes dimensiones. Por lo contario, debido a razones del conflicto armado, mucha gente ha sido desplazada y despojada de sus tierras. Desde entonces hay en la región momentos que determinan una ocupación u otros que enmarcan destierros. En el contexto actual, esas selvas y sus gentes por fin están siendo escuchadas, luego de que sus voces fueran opacadas durante muchos años por el ruido desalmado de la guerra entre paramilitares, ejército y guerrilla. Desde que se decretó el cese bilateral al fuego, gracias a los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, brilla una pequeña llama de esperanza en medio de la oscuridad de la manigua.

El departamento del Guaviare es una de las zonas priorizadas por el Gobierno y las FARC-EP para la implementación de los puntos pactados en La Habana, Cuba. A pesar de la relevancia de cada uno de estos puntos, para la trasformación integral regional es fundamental que se implementen de manera primordial el 1. Reforma Rural Integral y el 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito. Además se hace pertinente que el punto 6. Implementación, verificación y refrendación se eche a andar de la mano de los otros. El acuerdo reconoce que, si bien el problema de la siembra, procesamiento y comercialización de cultivos de uso ilícito no es una razón de origen del conflicto armado en Colombia, sí ha sido un combustible que ha alimentado la violencia y ha financiado las maquinarias que promueven la guerra. La prolongación en el tiempo de estas prácticas ha agudizado las condiciones de marginalidad, inequidad, estigmatización y la falta de oportunidades alternas para que estas comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades. La inclusión social es un problema que no ha sido resuelto debido a las condiciones de la guerra, y a las situaciones de corrupción en todos los niveles territoriales, que no han permitido que estas poblaciones puedan proponer y desarrollar propuestas alternas al negocio mafioso de la comercialización de la droga.

Ahora bien, sumado a este contexto de los cultivos de uso ilícito, en la región coexiste el conflicto por la tierra. En teoría, el acuerdo de La Habana “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— (…)” (2016: 23). El proceso de transformación estructural del departamento del Guaviare y el sur del Meta se prioriza por sus niveles de pobreza, en relación con la pobreza extrema y las necesidades insatisfechas; el grado alto de afectación del conflicto armado; la debilidad institucional administrativa y la poca capacidad de gestión; la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas, como la minería ilegal.

La situación actual del Guaviare es suficientemente compleja como para enredar la implementación. Si bien hay dos Zonas Veredales de Normalización, la Marco Aurelio Buendía, en la vereda de Charras, y la Jaime Pardo Leal en Colinas, existe también la presencia del reducto del histórico Frente 1° Armando Ríos, quienes decidieron no acogerse al proceso de paz. La efectiva sustitución de cultivos de uso ilícito, pactada en el punto 4 del acuerdo de paz, es un proceso que genera expectativas, confusiones, desconfianzas y temores. Por un lado, las desconfianzas de las comunidades campesinas, afro e indígenas se fundamentan en el abandono histórico y en el incumplimiento sistemático por parte del Estado en anteriores programas de sustitución. Los temores, de otra parte, tienen tres orígenes que se relacionan, pero que son distintos: la presencia del reducto del Frente 1° de las FARC-EP, la presencia y el incumplimiento del Ejército Nacional en los procesos de sustitución concertada; y la falta de garantías sociales y económicas que permitan una sustitución concertada y de largo aliento, además de la presencia intimidante de grupos paramilitares.

Las expectativas y confusiones que hay están explícitas, en términos generales, en dos factores: 1. La posibilidad de que la región deje la actividad cocalera y, así, las comunidades y territorios puedan tener una vocación rural distinta, que les permita por fin el sustento de una vida digna, legal y económicamente sostenible. 2. En general, las comunidades que viven río adentro desconocen las particularidades del punto 4 del acuerdo de paz. Esta situación, además de generar versiones disimiles de lo acordado, reproduce un malestar y una apatía en algunas comunidades. Si bien es cierto que el acuerdo es apenas un primer paso para la transformación de la región, hay que tener presente que muchas de las preocupaciones y dudas de las comunidades están tratadas, al menos en el papel.

Vale la pena mencionar que en los últimos meses iniciaron los planes piloto de asistencia inmediata de sustitución de cultivos de uso ilícito en las veredas de Charras y Colinas. Estos programas pilotos dejaron a un lado el enfoque de género, a pesar de que las mujeres que trabajan en el contexto del cultivo y procesamiento de coca viven situaciones concretas de discriminación, pobreza, explotación y criminalización. Aunque el enfoque de género es uno de los lineamentos que debe cobijar todos los puntos pactados, en el Decreto 896 de 2017 el Gobierno Nacional no incorporó el enfoque ni mucho menos tuvo en cuenta las situaciones particulares de discriminación, empobrecimiento y estigmatización que viven las mujeres cocaleras.

Para que los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito tengan un alcance real no es suficiente con proponer alternativas productivas, sino que se hace urgente que se reconozca las particularidades que viven las mujeres del campo y las múltiples violencias que las han afectado, con el firme propósito de que todas ellas salten los muros de las violencias y estigmatizaciones, y así puedan promover sus espacios autónomos de participación y decisión en los planes de sustitución, y en sus organizaciones. Es apenas comprensible la preocupación que se vive a diario en la región del Guaviare frente a la implementación de los acuerdos y la presencia de otros actores armados, y son muchas las preguntas que se van despertando a medida de que va pasando el imperdonable tiempo. Es preciso, pues, que esos sectores académicos que históricamente le hemos dado la espalda a las comunidades y territorios del Guaviare, ahora sí le echemos mano a la madeja de nuestros saberes y posibilidades, y unamos, así, esfuerzos investigativos y procesos sociales para proponer, junto con las comunidades, un programa amplio de carácter académico, con la firme intención de contribuir a la construcción de territorios, en el contexto actual del proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Es el momento de acompañar y hacerse partícipes, desde nuestras profesiones y especialidades, de los procesos de la sociedad civil y las comunidades rurales que anhelan la construcción de un país más justo y con niveles de participación reveladores en el ordenamiento territorial. Está más que comprobado que el campo no se puede planificar desde los escritorios de Bogotá, y menos aún sin la participación de quienes viven y resisten en esos territorios majestuosos.

Magister en Creación Literaria de la Universidad Central; Profesional en Estudios Literarios con formación en creación literaria de la Universidad Autónoma de Colombia. Coordinador del Área de Comunicaciones, e investigador de la Línea de Memorias y Resiliencias del Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP). Coordinador Editorial del Colectivo Don Jumento.

 

Trabajo y acompañamiento en la formulación de estrategias de comunicación, pedagogía y trabajo organizativo comunitario, a partir de la literatura como una herramienta para la reconstrucción de memoria y los procesos individuales y colectivos de restauración del tejido social. Cuentista, ensayista, poeta; fotógrafo.

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