Marcela Valencia Toro

Marcela Valencia Toro

Politóloga, especialista en análisis de políticas públicas y magíster en desarrollo rural. Miembro del grupo de investigación Grupo Interdisciplinarios de estudios sobre Religión, Sociedad y Política-GIERPS de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá. Estudiante del doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional en Colombia. Profesora de programas universitarios del área de las ciencias políticas y relaciones internacionales; consultora en temas relacionados con tierras, territorios y el mundo rural en general.

El movimiento estudiantil colombiano es un ejemplo en lo que tiene que ver con su capacidad de movilización. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil fue sin lugar a dudas uno de los referentes más importantes en su capacidad de movilizar a la sociedad colombiana alrededor de una problemática social fundamental para la construcción de un país diferente.

    Hoy de nuevo los estudiantes están en las calles, por diversos motivos:

  • La financiación de la educación pública: de acuerdo con datos de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU-Colombia) la deuda histórica del gobierno colombiano asciende a 16.5 billones de pesos desde la congelación del presupuesto de las universidades públicas con la expedición de Ley 30 de 1992.

  • Disminución del presupuesto en Ciencia Tecnología: el proyecto de presupuesto del año 2018 reduce en más de un 40% la asignación a este sector, lo que tendrá un correlato claro en la financiación de la universidad, de la investigación como función misional de la misma, pero además, en la posibilidad de acceso a becas para quienes pretenden continuar su formación en el nivel doctoral en universidades colombianas.

  • Ser Pilo No Paga: el programa ser Pilo Paga, bandera del gobierno nacional para la financiación de la educación superior en el país, destina fondos públicos (90% de los recursos del programa se entregan a instituciones privadas de acuerdo con datos de la FEU) que son entregados a universidades privadas, con un acceso restringido pues solo logra atender a 40.000 beneficiarios, que además, se ven sometidos a demoras en la entrega de los recursos de sostenimiento.

  • Aumento del presupuesto para el endeudamiento impagable: para el presupuesto del año 2018 se pretende aumentar en casi un billón de pesos a financiación del ICETEX, sistema de endeudamiento que muestra las complejas situaciones a las que se ven sometidas estudiantes y sus familias para lograr el pago de las mismas, o someterse a la persecución de los agencias de cobro cuando no lograr cubrir sus obligaciones.

Estos elementos se ven reflejados además en crisis de universidades regionales como el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en donde la propuesta de un nuevo sistema de cobros para estudiantes nuevos motivó la movilización de la comunidad estudiantil y que a partir de la decisión del Consejo Superior de la universidad quedó aplazado para realizar una “revisión” que no sabemos a dónde llevará.

Los elementos anteriores muestran que la consolidación de un modelo de gestión de la educación superior que privilegia el sector privado, vía endeudamiento o subsidios a la demanda, lo que busca es una reinterpretación de un derecho como un bien transable en el mercado, que limita el acceso y la permanencia de los estudiantes.

La construcción de un país diferente parte por la discusión de fondo del papel de la educación como elemento que potencia la capacidad de transformación abierta por el Acuerdo Final, pero también, de la comprensión social de esta como un derecho que debe ser garantizado por el Estado colombiano. El silencio de los fusiles deberá conducir a una reasignación de los rubros del presupuesto nacional, priorizando los derechos ciudadanos básicos. Un país que acaba de firmar un Acuerdo de Paz con la principal guerrilla del país, y que está en proceso de diálogo con el ELN, no es justo que mantenga un rubro en el presupuesto tan alto como si la confrontación continuara, mientras se reduce lo correspondiente a ciencia, tecnología e innovación.

Esta movilización compete a estudiantes de pregrado, de posgrado, a profesores universitarios, a los trabajadores, pero compete sobre todo a la sociedad colombiana, a quienes creemos que la educación es una de las herramientas fundamentales en la construcción de la reconciliación nacional y de la paz estable y duradera, con las transformaciones políticas, económicas y sociales que este concepto implica.

El objetivo de este presentar una lectura del punto 1 sobre Reforma Rural Integral del Acuerdo Final entregas FARC-EP y el gobierno Nacional como un punto de apertura para la consolidación de un proceso constituyente en Colombia alrededor del tema de la estructura de tenencia de la tierra en el país. La tesis fundamental que se proponees que la Asamblea Nacional Constituyente que se realizó en el año 1990 y la Constitución Política que de allí surgió no fue el resultado de un proceso constituyente, sino de las necesidades de ajuste del régimen político y económico, impulsado por el bloque de poder hegemónico, que negó el tema de la tenencia de la tierra como un elemento importante para la democratización social, y en el periodo de su consolidación da unas respuestas marginales a este problema. En este marco, el Acuerdo Final recoge algunas de las demandas históricas del movimiento social colombiano con respecto por la tierra, que se despliega hoy como un campo de disputa con los desarrollos de la implementación normativa de este punto, del que puede surgir un proceso constituyente.

Politóloga, especialista en análisis de políticas públicas y magíster en desarrollo rural. Miembro del grupo de investigación Grupo Interdisciplinarios de estudios sobre Religión, Sociedad y Política-GIERPS de la Universidad de San Buenaventura-Bogotá. Estudiante del doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Nacional en Colombia. Profesora de programas universitarios del área de las ciencias políticas y relaciones internacionales; consultora en temas relacionados con tierras, territorios y el mundo rural en general.