Diego Fernando Carrero Barón

Diego Fernando Carrero Barón

Economista, Magíster en Estudios Políticos, con experiencia en investigación económica y social, docencia universitaria y educación comunitaria; actualmente se desempeña como catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Externado de Colombia. Es investigador en política económica y desarrollo urbano-regional en el Centro de Estudios Territorio y Ciudad y asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI, en temas de paz y planeación.

diegocarrerob@gmail.com

1. Corrupción, neoliberalismo y poder financiero

Contrario a la promesa de los promotores del dogma del libre mercado y del disciplinamiento fiscal, el nuevo modelo de gestión pública que llega a América Latina en el contexto de las reformas de primera y segunda generación de inicios de década de 1990 ha multiplicado por doquier los escándalos de corrupción que, para el caso colombiano, según cifras de la Contraloría General de la República (CGR) gira alrededor de 50 billones de pesos, es decir, 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), el 20% del Presupuesto General de la Nación (PGN).

No es extraño que el neoliberalismo se encuentre en el centro del despojo de riqueza a través del robo del erario público en un contexto en que los promotores del Consenso de Washington han afirmado hasta el cansancio que la tercerización de actividades del sector público permitirá que los privados manejen de manera más transparente, eficiente y eficaz los recursos públicos, garantizando así tanto la austeridad fiscal como la promoción de la inversión privada.

Como es natural, el sector privado incentivado por la búsqueda de la maximización de la ganancia ha desarrollado un abanico de acciones, legales e ilegales, para obtener las mejores tasas de retorno a través de los contratos del sector público, independientemente de los costos sociales que esto pueda significar, algo lógico dentro del ABC de la economía política.

Tal como sucedió con la economía y cultura del narcotráfico, la corrupción se expande como un cáncer bajo el amparo del modelo neoliberal bajo el esquema de las privatizaciones, la tercerización de las actividades estatales y de las concesiones donde grupos económicos reconocidos a nivel nacional e internacional aprovechan su músculo financiero para seguir amasando grandes fortunas sobre la base de los impuestos que pagan los ciudadanos y las ciudadanas.

En medio de los escándalos que han aflorado a nivel nacional e internacional se ha logrado ir develando una característica de los grupos económicos que se han beneficiado no solo del actual esquema de gestión estatal, traspasando incluso los límites que impone la legalidad vigente, y que está relacionada con el hecho de que buena parte de estos grupos están ligados a actividades financieras en un contexto en que el principal beneficiado de las reformas neoliberales ha sido –precisamente– el poder financiero.

Para el caso colombiano, dicho poder está representado particularmente por la figura de Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial que lleva su mismo nombre –Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA)–, que no solo es hoy el principal grupo económico y financiero del país, sino que además se ha visto envuelto en el mayor escándalo de corrupción continental: Odebrecht.

Sin embargo, el escándalo Odebrecht es solo la punta del iceberg en medio de un proyecto de largo plazo en el que el neoliberalismo ha consolidado al capital financiero, para el caso colombiano, personificado, entre otros, en Sarmiento Angulo, logrando construir una institucionalidad y un proyecto de sociedad a su acomodo.

2. El poder económico del Grupo Sarmiento Angulo

En la década de 1970, a la par que damos cuenta del ascenso de la intelectualidad neoliberal y de los conglomerados económicos, aparecen en escena el poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo (LCSA) y su grupo empresarial.

Como ingeniero civil, Sarmiento Angulo logra vincularse tanto a la construcción de vías, como a la adjudicación de contratos de construcción de viviendas populares con el Instituto de Crédito Territorial y de Infraestructura Vial en la ciudad de Bogotá, donde –gracias al lobby y a las relaciones personales que logra establecer con funcionarios públicos– conoce de primera mano proyectos de urbanización que logra finalmente desarrollar integrando verticalmente la construcción de vivienda con operaciones bancarias de financiamiento en el contexto de la implementación, durante el mandato de Misael Pastrana Borrero, del modelo de financiamiento conocido como Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), en el momento preciso en que el país estaba consolidando una mayoría poblacional urbana. Precisamente, según las estadísticas del Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo urbano y regional (CENAC), el 60% de los proyectos de vivienda dirigidos en la década de 1970 a capas de ingresos medios en la ciudad de Bogotá fueron administrados por Sarmiento Angulo.

Sobre la base de estas actividades inmobiliarias que integraban financiación y construcción de vivienda bajo el auspicio estatal, en un contexto en que los dineros ilícitos del narcotráfico generaron una economía subterránea ligada a actividades de lavado de activos en los sectores financiero y de la construcción, es que Luis Carlos Sarmiento Angulo logra convertirse al cabo de tres décadas en la persona con mayor riqueza e influencia en Colombia y durante muchos años en una de las cien personas con mayor poder económico en el planeta.

Es precisamente en el contexto del apogeo de la economía subterránea y del ascenso del neoliberalismo que el poder de Sarmiento Angulo se consolida a propósito del proceso de liberalización de las actividades financieras, de privatización de la banca pública y del surgimiento de los Fondos Privados de Pensiones (FPP), y en medio de un creciente endeudamiento del Estado colombiano como consecuencia del proceso de financiarización de la economía nacional.

De esta manera, entre 1994 y 1998 Sarmiento Angulo logró forjar el principal grupo financiero del país conocido como Grupo Aval Acciones y Valores S.A., que controla cerca de 80.500 millones de dólares, vale decir, el 25,5% del PIB.

En suma, los activos financieros del grupo AVAL a septiembre de 2018 ascendían a $270,6 billones, de los cuales $167,6 billones se encontraban distribuidos en $84,5 billones en el Banco de Bogotá, $23,4 billones en el Banco Popular, $34,5 billones en el Banco de Occidente, $13,5 billones en el Banco Comercial AV Villas y $11,76 billones en Corficolombiana. Esto quiere decir que solamente los activos de las entidades de crédito del grupo AVAL equivalen al 16,1% del PIB, es decir, a los recursos del Sistema General de Participaciones que sirven para atender las necesidades de salud, educación y saneamiento básico durante cuatro años seguidos en todos los municipios de Colombia.

Si tenemos en cuenta las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, Superfinanciera, a mayo de 2018, las cuales señalan que los activos del sistema financiero representaban $1.625 billones, 153,7% del PIB, de los cuales $615,2 billones pertenecían a establecimientos de crédito, $586 billones se concentraban en la banca y $265 billones correspondían a Fondos de pensiones y cesantías (2018), es posible concluir que las entidades del grupo AVAL controlan el 27,15% de los activos de los establecimientos de crédito y el 38,8% de los activos de los FPP.

En el caso de los activos del Fondo de Pensiones Porvenir, estos ascienden a $103 billones, 9,4% del PIB, con 8.262.139 afiliados, es decir, el 57,6% de los 14.353.548 de personas afiliadas a dichos fondos a septiembre de 2018. La diferencia entre el porcentaje de activos financieros y el porcentaje de afiliados dentro del sector se explica por el 49,49% que corresponde a afiliados inactivos (7.595.912), concentrados en su mayoría en Porvenir.

De esta manera tenemos un consolidado de activos del grupo AVAL que pasó de representar $175 billones en 2013 a cerca de $270 billones en 2018, es decir 100 billones en 5 años, un promedio de $20 billones por año. Así las cosas, los activos actuales del grupo AVAL no solo representan el 25,5% del PIB, sino también un monto superior al Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2019 y más de dos veces los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo Final de Paz, según el CONPES 3932 de 2018.

En este contexto hay que advertir que la capacidad financiera de Sarmiento Angulo y su grupo AVAL se ha extendido en términos de la concentración de deuda pública en las manos de sus entidades financieras. Hasta junio de 2018, como se observa en la gráfica 1, el Grupo AVAL logra concentrar el 28% de la deuda interna en TES en manos de establecimientos de crédito.



Además de las actividades financieras, Sarmiento Angulo ha construido un emporio empresarial sustentado en integraciones verticales y horizontales relacionadas con la propiedad de más de sesenta empresas que son manejadas bajo la figura de Holding empresarial a través del grupo AVAL y Corficolombiana. Algunos de los sectores en los que actualmente la OLCSA tiene negocios son los siguientes[1]:

​a. Agroindustria: Inversiones en madera, caucho, palma africana y arroz principalmente a través de la Organización Pajonales. Gracias a Unipalma S.A. se dedica a la palma y el caucho, tiene acciones en Pizano S.A., que es la principal empresa productora de derivados de madera en el país. Estas actividades están concentradas en Tolima, Cundinamarca, Meta y los llanos orientales.

b. Minería e Industria: Tiene acciones en Mineros S.A., que es la empresa que mayor cantidad de oro produce en Colombia, con minas ubicadas en Antioquia, así como en Industrias Lehner que se dedica a la fabricación de ventas de productos de aluminio y Tesicol que produce tejidos y telas sintéticas.

c. Inmobiliario: Es propietario mayoritario de Valora S.A. que se especializa en proyectos inmobiliarios, y tiene acciones en Jardín Plaza, que es el principal Centro comercial de la ciudad de Cali, así como en Construcciones Planificadas que se dedica al diseño, construcción y planificación de proyectos inmobiliarios, como la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo en Bogotá.

d. Infraestructura: Es propietario mayoritario de Covindes, a cargo de la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio, así como de Episol, que a su vez tenía el 33% de la concesión de la Ruta del Sol; tiene la tercera parte de las acciones de Aero-Cali S.A. que administra el aeropuerto de Cali; Panamericana S.A. a cargo de la concesión de la vía Buga- Tuluá- La Paila; a través de Concecol tiene inversiones en la sociedad aeroportuaria de la Costa y en Coviandes, que es dueña de la planta de gas en Neiva, y, finalmente, la tercera parte de los derechos sobre Tibitoc, que opera y mantiene la planta de tratamiento de agua Tibitoc del Rio Bogotá en Cundinamarca.

e. Energía y Gas: Tiene la cuarta parte de las acciones de Promigas, la tercera parte de la Organización Terpel, así como acciones en Gas Natural, y el 80% de GASCOP, una empresa peruana que distribuye Gas Natural y posee acciones en la Empresa de Energía de Bogotá.

f. Financiero: Además del 80% de las acciones del grupo AVAL, cuya situación fue expuesta en renglones anteriores, posee el 95% de Leasing Corficolombiana, el 95% de la Fiduciaria Corficolombiana, el 3,5% de Bolsa de Valores Colombia, el 100% del Banco Corficolombiana Panamá y el 39% de Casa de Bolsa, que es la Comisionista de Bolsa que surgió tras la fusión de las comisionistas del grupo AVAL.

g. Medios de Comunicación: Es propietario del Diario El Tiempo y City TV, el principal medio de comunicación de prensa escrita en el país.

h. Hotelería: Es propietario de Hoteles Estelar y del Grand Hyatt Bogotá.



A propósito de los negocios antes señalados, la riqueza de Luis Carlos Sarmiento Angulo está calculadas en más de 12.000 millones de dólares, cerca de cuatro puntos del PIB, aproximadamente los ingresos del 20% de la población más pobre en el país durante un año.

3. La democracia amenazada

La Organización Sarmiento Angulo ha logrado a través del grupo AVAL construir un capital económico que se ha extendido a otros sectores de la producción y se ha traducido en capacidad de decisión dentro del bloque de poder, teniendo la capacidad de influir de manera determinante no solo en elementos sustanciales de la política económica, sino además en los patrones de dominación ideológica en medio de un régimen de acumulación sustentado en la reprimarización financiarizada de la economía.

La forma en que Sarmiento Angulo extiende su capacidad de dominio hacia el Estado y la sociedad se da en el campo político incidiendo en la elección de funcionarios públicos del más alto nivel dentro del Estado, así como a través de su tanque de pensamiento que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que influye de manera determinante en el manejo de la política macroeconómica.

En el caso de ANIF, si bien en su fundación hacia el año de 1974 reunió diferentes instituciones financieras como alternativa a ASOBANCARIA, desde 1986 se inclinó por convertirse en un centro de pensamiento-gestión dentro de la visión de Sarmiento Angulo, como lo señala el propio Sergio Clavijo (2007).

De esta manera, ANIF se ha convertido un punto de referencia para la intelectualidad neoliberal, al tiempo que con un discurso tecnócrata ha promovido una forma de interpretación de la realidad macroeconómica que no solo se ha posicionado en centros universitarios, sino entre los funcionarios estatales y la clase política nacional en favor del capital financiero, promoviendo así reformas en temas fiscales, tributarios, laborales, pensionales, sociales, de justicia y de comercio internacional, e incidiendo incluso con sus visiones en el conflicto armado y la paz.

ANIF es causa y consecuencia de la tecnocracia neoliberal que ha logrado a través de las puertas giratorias contar con directores e investigadores que se han convertido en ministros, directores del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y presidentes de la República, como sucedió entre otros con personajes de la política nacional: Belisario Betancur, Armando Montenegro, Ernesto Samper, Fabio Villegas, Sergio Clavijo y Alejandro Gaviria.

Pero no solo la visión de Sarmiento Angulo ha llegado al Estado a través de ANIF, también antiguos contratistas y empleados de firmas como Corficolombiana han llegado a un lugar privilegiado de la estructura estatal, como sucede con su abogado de confianza, Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, hoy envuelto en el escándalo de corrupción más sonado en América Latina: Odebrecht, en el que también está salpicado Sarmiento Angulo por su intervención en la construcción de obras de infraestructura en las que la multinacional brasileña participó de la mano del hombre más poderoso de Colombia.

Sarmiento Angulo constituye el ejemplo por excelencia de lo peligroso que es para la democracia la lógica monopólica del capital, en particular la del capital financiero, que a través del músculo económico construye capital político e ideológico, planteándose como un todo dictatorial que socaba la democracia. Así se evidencia que la lucha frontal contra el capital monopólico financiarizado es una de las mejores formas de disputar la democracia y los derechos de las gentes en el siglo XXI.

Bibliografía

Carrero B., Diego F. (2013). Régimen de acumulación neoliberal y reconfiguración del bloque de poder: la nueva hegemonía de la burguesía financiera a propósito de las llamadas reformas estructurales a finales del siglo XX, el caso de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras en Colombia. Maestría Tesis, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Clavijo, Sergio (2007). El mercado de las ideas y los centros de pensamiento. El caso de la ANIF. Centro de Estudios Economicos. Bogota: ANIF. Superintendencia Financiera de Colombia (2018a). Actualidad del Sistema Financiero Colombia Mayo de 2018. Dirección de Investigación y Desarrollo. Bogotá.

Superintendencia Financiera de Colombia (2018b). Informe Mensual de los Fondo de Pensiones y Cesantías Septiembre de 2018. Dirección de Investigación y Desarrollo, Subdirección de Análisis e Información. Bogotá.

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1. Una reforma tributaria que no sorprende

Como quedó manifiesto en el número 73 de la Revista Izquierda[1], el círculo personal, las declaraciones y el gabinete que rodean al presidente Iván Duque, es decir, su clase social, permitían tener la certeza de que lejos de la renovación política su gobierno actuaría en función de la acumulación rentista y de los intereses de sectores ligados a actividades extractivas de enclave, comerciales y financieras, profundizando el modelo de despojo que afecta negativamente la calidad de vida de por lo menos más de 11,7 millones de familias de capas de ingresos medios y bajos en el país.

Alejándose de lo planteado en 2016 desde su rol como senador[2], la política económica del gobierno de Duque le da continuidad a la tendencia de largo plazo de la arquitectura fiscal colombiana, que cada vez se pone más del lado de quienes más riqueza acumulan. En este sentido, precisamente, el Gobierno Nacional presentó el 31 de octubre la llamada Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que otra reforma tributaria más.

A continuación se esbozan los elementos centrales que explican por qué esta es, por una parte, una reforma regresiva en función de los intereses de los grandes poseedores de riqueza y que, por otra, precariza el ingreso y capacidad de consumo de más de 44.5 millones de colombianas y colombianos que pertenecen a familias de ingresos medios y bajos.

2.Una reforma en favor de los acreedores del Estado

En el año 2011, siguiendo la tendencia introducida con las mal llamadas reformas estructurales producto del Consenso de Washington, se constitucionalizó como principio la Sostenibilidad Fiscal, mediante el Acto Legislativo 03 que modificó los artículos 334, 339 y 346 de la Carta Magna, al tiempo que con la ley 1473 del mismo año se estableció una regla fiscal sobre las finanzas públicas (ver gráfico N.° 1). Dicha regla quedó explícita en el artículo quinto de dicha ley:

Artículo 5°. Regla Fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que exceda la meta anual de balance estructural establecido. El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir del año 2022.

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022.

De esta manera en nombre de la sostenibilidad de las finanzas públicas y del equilibro macroeconómico, la Constitución Política y la ley organizaron el régimen fiscal en la lógica de un disciplinamiento no solo para garantizar mayor margen de maniobra para el sector privado sino, sobre todo, para ampliar la posibilidad de rentas y ganancias a la banca e inversionistas financieros.



La idea de la disciplina fiscal tomó fuerza en la teoría económica dominante y la tecnocracia estatal luego de la crisis de la deuda externa en América Latina en 1982, la cual llevó al default (cesación de los pagos) por parte de algunos de los países de la región. De esta manera, al planear el presupuesto, el Gobierno Nacional ajusta cargas en relación a su funcionamiento, reduciendo el margen de acción del Estado en la garantía de derechos sociales si es el caso, para posteriormente garantizar el pago del servicio de la deuda (amortizaciones e intereses), y dejar lo que queda para inversiones, en un contexto en que la deuda pública ha aumentado en 40 puntos del PIB al cabo de 20 años, representado en 2018 el 58,2% del PIB (gráfico N.° 2).



De esta manera, todo planteamiento que señale la inminencia de la reforma tributaria para garantizar programas sociales en materia de salud, educación, atención prioritaria a la población vulnerable e, incluso, para cumplir con las responsabilidades estatales asociadas al Acuerdo Final de Paz de 2016 -hoy desfinanciado-, no es más que una falacia que esconde una estructura de las finanzas públicas en función del capital financiero (gráfico N.° 3), que en el solo caso del mercado bancario significó ganancias del orden de los 4.000 millones de dólares en 2016 y de $2.800 millones en 2017, en un contexto en que el conglomerado económico del grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo posee el 28% de la deuda pública en TES B, tan solo para este segmento de mercado (gráfico N.° 4).





La estrategia del Gobierno Nacional y del partido Centro Democrático del senador Álvaro Uribe en este sentido fue bastante astuta: por un lado ampliaron los plazos de pago de la deuda pública extendiendo la amortización de $14 billones de pesos por 10 años y garantizaron los montos de pago de deuda para 2019 por el orden de más de $52.4 billones, mientras que, por otro lado, dejaron desfinanciados rubros de inversión en materia social para así chantajear a la población con la inminencia de la reforma tributaria mediante la Ley de Financiamiento, tratando de esconder la lógica detrás de la estructura fiscal colombiana en función del rentismo financiero.

3. Una reforma que afecta los ingresos y el consumo de los colombianos

Con esta reforma tributaria ⸺la decimoquinta desde 1990⸺ se sigue dando continuidad a una vieja fórmula que consiste en reducir impuestos a grandes capitales con el argumento de que esto permitiría ampliar la capacidad de inversión del sector privado, al tiempo que en nombre de la eficiencia tributaria se castigan los ingresos de las capas de la población de ingresos medios y el consumo de los hogares colombianos mediante el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pretende aumentar el recaudo tributario en $14,5 billones de pesos, aproximadamente, con el fin de tapar el déficit del Presupuesto General de la Nación para 2019, de un lado, y, del otro, para compensar a partir de 2020 los recursos que se dejarán de recibir por exenciones y rebajas tributarias a los grandes capitales, las cuales explicaremos en la siguiente sección.

En el caso del IVA, la reforma del Gobierno apunta a transitar hacia una estructura tributaria que unifique las tarifas, pasando artículos y productos que tienen actualmente una tarifa del 0%, 5% y 19% a una tarifa única general del 18% hasta 2020 y del 17% desde 2021.

Es preciso aclarar que la canasta familiar en Colombia está integrada por 405 artículos, de los que se desprenden 181 gastos o productos sobre los cuales el DANE hace ponderaciones para calcular el costo de vida de las familias colombianas.

En la actualidad, la distribución de la carga del IVA para la canasta familiar presenta la estructura que se muestra en el cuadro 1:



A partir de la nueva reforma propuesta se unificarían las tarifas y, en su conjunto, 147 gastos básicos de la canasta familiar, de un total de 181, es decir, que el 81% de ellos pasaría a tener IVA del 18%. En la práctica más de 328 artículos quedarían con este gravamen.

Se estima que con esta reforma se recaudarían cerca de $11,3 billones en IVA, los cuales golpearán fundamentalmente a las capas medias y pobres en el país, si tenemos en cuenta el carácter profundamente regresivo de este impuesto cuando medimos la tasa efectiva de tributación del mismo para las familias (cuadro N.° 2 y gráfico N.° 5).





De esta manera, queda claro que en materia de IVA los más afectados son los deciles de más bajos ingresos (1, 2 y 3), que perciben al mes menos de un millón de pesos, y los de ingresos medios (deciles 4 a 9), que reciben entre un millón y tres millones cuatros cientos mil pesos promedio al mes. Dado el carácter regresivo de la reforma, el efecto sobre los ingresos del decil más alto de la población es bajo dado el poco peso del IVA en su canasta promedio de consumo.

El cuadro N.° 2 y la gráfica N.° 5 son contundentes para evidenciar la concentración del ingreso en el decil de ingresos más altos de la población colombiana, el cual alcanza un promedio mensual 34 veces superior que el decil de familias con ingresos más bajos; es decir, que una familia de ingresos bajos en el país debe trabajar 2 años y 10 meses para alcanzar el ingreso promedio mensual de una familia del decil más alto de ingresos. Durante todos estos meses, dicha familia pagaría 3 veces más IVA por mes que la familia de altos ingresos.

En otros términos, mientras en promedio una familia del decil más alto recibe 4 veces el ingreso per cápita de la media nacional al año, el hogar de ingresos bajos recibe apenas la décima parte del ingreso per cápita de la media nacional.

Tomando precisamente el argumento de la tremenda desigualdad en Colombia, el Gobierno Nacional ha planteado modificaciones a la declaración de renta, buscando ampliar el recaudo por dicho concepto al modificar el número de Unidades de Valor Tributario (UVT), para 2018 iguales a $33.156, sobre las que se declara renta y se aplica retención en la fuente (cuadros N.° 3 y N.° 4).

Al mismo tiempo, se ha planteado la devolución cada dos meses de 3 UVT, esto es $49.734 mensuales, a la población más pobre, con el fin de no afectarla. Los cálculos del Gobierno Nacional para "compensaciones" alcanzan los $2.6 billones anuales; sin embargo, teniendo en cuenta el número de hogares pobres en Colombia esta cifra es muy inferior a los $4 billones que costarían dichas "compensaciones", por lo que no existe soporte en relación con la bolsa de la que saldrían los recursos, ni mucho menos la manera en que llegarían a los hogares, con lo que a la larga seguramente se convertirá en un subsidio para alimentar las clientelas en épocas electorales.





De los cuadros N.° 3 y N.° 4 se desprenden dos conclusiones respecto a la modificación del impuesto a la renta y la retención en la fuente para personas naturales: la primera es que se reduce el monto a partir del cual las colombianas y colombianos tendrán retención en la fuente, pasando de $4.770.183 a $4.268.059, con lo que se afecta fundamentalmente a quienes integran las capas dentro del decil 9 por ingresos ⸺la mayoría de ellos profesionales contratados por prestación de servicios y flexibilizados sin derecho a prestaciones sociales⸺. Así, pues, de aprobarse la reforma, la base gravable arrancaría desde $2.818.261 y no desde $3.149.821, como viene sucediendo hasta hoy. Lo segundo es que si bien a partir de $235.407.601 anuales se incrementa la declaración de renta en 2 puntos y de $434.343.601 anuales en 4 puntos, no se soluciona el problema de fondo en relación con la búsqueda de una estructura fiscal más progresiva que grave grandes fortunas. De esa manera, el Gobierno Nacional termina siendo mucho más que tímido en esta materia, pero crea, al mismo tiempo, el sofisma de que se hace más progresiva la estructura tributaria colombiana.

En realidad, lejos de avanzar en términos de progresividad, más allá de los puntos adicionales de tributo para ingresos superiores a $235.407.601 anuales, no se plantea siquiera una reforma ambiciosa que grave de manera significativa al 10% de la población con más altos ingresos, la cual concentra el 40% del ingreso nacional año, y, en particular, al 1% que se queda con el 32% de los ingresos anuales y concentra el 42,7% de la riqueza nacional.

4. Una reforma en favor de grandes riquezas

Con base en la información estadística aportada por Quimbay y Villabona (2017) para el año 2014, el 10% de las empresas más ricas concentraba un equivalente al 92,2% de la riqueza del país, mientras que el 1% de las empresas con mayores ingresos concentraba cerca del 28,3% de la riqueza nacional. Siguiendo a estos mismos autores, el índice de Theil (que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza) es de 0,831, que se suma a la tendencia de concentración de la propiedad en Colombia a propósito del Gini de 0,891 para el caso de la propiedad de la tierra.

No obstante, lejos de gravar esta concentración de la riqueza urbana y rural y a las personas naturales y jurídicas que se apropian de más del 40% del ingreso nacional, la reforma planteada, bajo el argumento de incentivar la inversión para fomentar el empleo, propone reducir el impuesto a la renta del 33% al 30% para las empresas jurídicas, al tiempo que deja libres de este tributo por 5 años a las nuevas empresas que se funden en el marco de la llamada economía naranja y por 10 años a las empresas nuevas que se establezcan en zonas rurales, en particular en las afectadas por el conflicto. Los recursos que se dejarían de recibir por concepto de renta en los próximos años se compensarían con por lo menos $10 billones que se recibirán ahora por IVA de la población de ingresos bajos y medios.

En relación con estas medidas es necesario señalar que el argumento de reducir la carga tributaria para aumentar la inversión y fomentar el empleo se cae por su propio peso, en tanto la inversión en estas actividades no depende de la carga tributaria sino de las posibilidades de comercialización de mercancías que pasa por el incremento de la demanda efectiva, que, paradójicamente, es la que se ve afectada como consecuencia de la disminución del ingreso disponible de los hogares en el mercado interno. Al respecto valdría la pena preguntar: ¿Qué nuevos empleos generan los bancos cuando se les reduce la carga tributaria?

El argumento de reducir la carga tributaria para aumentar la inversión y fomentar el empleo se cae por su propio peso, en tanto la inversión en estas actividades no depende de la carga tributaria sino de las posibilidades de comercialización de mercancías que pasa por el incremento de la demanda efectiva, que, paradójicamente, es la que se ve afectada como consecuencia de la disminución del ingreso disponible de los hogares en el mercado interno. Al respecto valdría la pena preguntar: ¿Qué nuevos empleos generan los bancos cuando se les reduce la carga tributaria?

En conclusión, seguimos asistiendo a una dictadura fiscal que profundiza la tendencia a la concentración de la riqueza, mientras que se debilita la capa de ingresos medios y se empobrece a los que menos ingresos tienen en el país. Sin embargo, en tanto no se solucione el problema estructural de las finanzas públicas, en menos tres años estaremos, de seguro, asistiendo a otra "reforma estructural".

Nota: Para más información sobre la reforma tributaria y pedagogía sobre la misma se puede buscar en redes sociales el hashtag #LosImpuestosDelCentroDemocrático y, entre otros, el video: "Lo que debes saber sobre la ley de financiamiento". Revista Hekatombe: https://www.youtube.com/watch?v=lG2PGde2vCs

[1] Ver: http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0074/izq0074_a02.pdf

[2] Ver video "Los diez grandes pecados de la reforma tributaria", https://www.youtube.com/watch?v=cbeIZt1JgaA)

    Bibliografía

  • Congreso de la Republica de Colombia (2011). Ley 1473 de 2011 "Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones". Bogotá.

  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018a). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá.

  • Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2018b). Proyecto de Ley "por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto y se dictan otras disposiciones": Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bogotá.

  • Quimbay C. y Villabona J. (2017). "La riqueza cada vez está más concentrada en Colombia", entrevista disponible en http://www.revistavirtualpro.com/noticias/la-riqueza-cada-vez-mas-concentrada-en-colombia. Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

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El 24 de septiembre del año en curso las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara en el Congreso de la República (CR) aprobaron en primer debate la ponencia del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2019 que, como se había anunciado en el proyecto previo presentado por el Gobierno Nacional (GN), asciende a 258,99 billones, aproximadamente 24,5% del PIB proyectado para 2019, según las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda).

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