Cindy Matamoros Perdomo

Cindy Matamoros Perdomo

Cindy Matamoros Perdomo, Enfermera, Especialista en Administración en Salud Pública, candidata a Magister en Salud Pública, con experiencia en acciones de Promoción de la salud en la población materna e infantil, coordinación de acciones en el Programa Territorios Saludables en la ciudad de Bogotá, desarrollo de acciones en torno a la Política Pública de Infancia y Adolescencia, procesos de auditoría y miembro de la Corporación de Salud Abran La Puerta. Es investigadora en temas tales como: Sistema de Salud Colombiano, condiciones laborales de los profesionales de la salud y de los trabajadores rurales en Colombia, salud en el post-acuerdo y Plan Nacional de Salud Rural.

Correo: cindymp_10@hotmail.com

URL del sitio web: http://twitter.com/CindyMP10

Colombia es un país que tiene una historia marcada por diferentes conflictos que han dejado muerte y dolor. En los últimos 100 años, se dio el surgimiento de varias guerrillas a lo largo y ancho del territorio nacional, una de ellas fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC- EP), que tuvieron su origen en al año 1964 como respuesta a la falta de garantías para una vida digna y a la violencia ejercida por el Estado contra los campesinos. Durante los 53 años de existencia de este grupo insurgente, el Estado desplego diversas armas para hacerles frente, una de ellas fueron los medios de comunicación, los cuales cumplieron una labor fundamental en la guerra mediática.

El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó al país en una alocución sobre el acercamiento que se venía dando con las FARC- EP y el proceso de negociación que se avecinaba. Es así como 5 años después, el país se encuentra en el cese definitivo de la confrontación con una de las guerrillas más antiguas del mundo, sin embargo este proceso ha estado lleno de obstáculos, miedos y ataques.

En el marco de este proceso, es que surge el interrogante acerca de si Colombia, su sistema de salud y las personas que trabajan en él, están realmente preparados para esta nueva etapa en la que nos encontramos.

En primer lugar, es necesario mencionar que por nuestra cultura y formación tan conservadoras, no se nos da bien aquello del respeto a las preferencias o pensamientos diferentes de los hombres y mujeres con los que debemos compartir en nuestro diario vivir; si a ello le sumamos la guerra mediática que se ha dado en contra de las FARC durante sus 53 años de existencia -y que aún continua-, se ha sembrado un profundo odio entre los colombianos y las colombianas contra las personas que pertenecen a esta organización, lo cual ha producido una discriminación y ataque permanente contra ellos, como lo hemos podido ver en los últimos meses a través de los medios, llegando al punto de atacar a personas que usen cualquier elemento en su vestuario que pueda asociarse con la izquierda, aunque no necesariamente comulguen con esta ideología. Y es que ya son muchos años deshumanizando a los combatientes insurrectos y estigmatizando el pensamiento crítico, aun cuando en nuestro país existen diversos sectores que le han ocasionado daños graves a su progreso y a la calidad de vida de los colombianos y las colombianas.

Por otro lado, en lo que respecta al sistema de salud colombiano, cabe señalar que muestra grandes falencias, que responde a las necesidades del mercado y no a las necesidades de los colombianos y las colombianas, cada día nos encontramos con alguna barrera o situación que afecta el derecho a la salud de las personas que habitan en el país. Nos acercamos a los 25 años de la creación del Sistema General de Seguridad Social y del modelo de aseguramiento y los escándalos de corrupción y atropellos que han cometido los intermediarios del sistema- las Empresas Promotoras de Salud (EPS), hoy en día Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB)- han sido incontables. Hemos tenido que ver cómo hospitales públicos fundamentales para la atención en salud de hombres y mujeres, cerraron sus puertas por cumplir con su papel de salvar vidas sin pensar en el lucro (uno de los casos más dolorosos que aún recordamos es el del San Juan de Dios), mientras que dueños de las EPS (EAPB) llenaban sus cuentas con recursos de la salud, gracias a la constante negación de servicios a sus afiliados.

El sistema de salud está concebido principalmente con un enfoque de gestión integral del riesgo, para personas con capacidad de pago y para las zonas urbanas, lo que se aleja de las realidades que viven las comunidades que habitan en las zonas vulnerables de las ciudades, así como de aquellas que habitan en las zonas rurales y dispersas. Lo anterior hace que intentar acceder a la atención en salud constituya todo un reto para estas poblaciones, que tienen que resignarse a vivir con sus enfermedades o a buscar otras opciones, como los remedios caseros, los consultorios médicos particulares, las plantas medicinales, y los tratamientos que les recomiende el señor de la droguería, entre otros.

Además de lo anterior, los profesionales del sector salud deben enfrentarse a la presión que ejercen las EPS (EAPB) e IPS mediante la exigencia de productividad, lo que afecta la autonomía profesional y el humanismo, y que se extrapola al trato con los pacientes. Tanto el personal administrativo como el de salud que trabaja en las IPS y EPS (EAPB), se ha deshumanizado en el ejercicio de su labor, como consecuencia de la dinámica diaria del sistema, relacionada con la alta carga laboral, los bajos salarios, las barreras en el envío de exámenes y remisiones, etc., lo cual afecta la calidad de la atención que les presta a los usuarios del sistema.

Teniendo en cuenta lo mencionado y sumado al manto de odio construido contra los excombatientes de las FARC, ellos han tenido que enfrentarse a situaciones de discriminación en los servicios de salud, encontrándose con actitudes hostiles por parte de funcionarios por el simple hecho de haber pertenecido a una organización insurgente que acudió a las armas para defender sus derechos.

A esta realidad deberán enfrentarse hombres y mujeres que hace ya casi un año empezaron su proceso de reincorporación a la vida civil en nuestro país. Ellos que durante 53 años resolvieron de manera diligente por cuenta propia y en medio de la adversidad de la guerra, sus problemas de salud, así como los que aquejaban a los campesinos y campesinas en las zonas rurales olvidadas por el Estado, hoy por hoy, no se encuentran afiliados al sistema de salud ni siquiera en un 50%, precisamente debido a aquellas barreras burocráticas y administrativas que hacen parte del diario vivir de los colombianos y colombianas.

Es necesario que los ciudadanos de Colombia rechacen los estigmas y se quiten la venda de odio que ha cubierto por décadas sus ojos y puedan ver a esos seres humanos que han dejado las armas para reincorporarse a la vida civil. Es el momento de la reconciliación y de crear una opinión propia a partir de las experiencias personales de intercambio con los excombatientes.

Es fundamental que ante las grandes posibilidades que abrió el Acuerdo de La Habana para avanzar hacia el buen vivir de los colombianos y las colombianas, en lo referente a salud, educación, sustancias psicoactivas y participación ciudadana, entre otros aspectos, se dejen los odios a un lado y se trabaje conjuntamente por la construcción de un país justo, donde las personas no tengan que morir en las puertas de los hospitales, ni en su casa esperando una autorización, una cita con un especialista o un espacio en la agenda para la realización de un procedimiento; un país justo, donde no se sigan muriendo los niños de hambre y los campesinos y las campesinas tengan garantías para la producción de alimentos a bajos costos; un país justo, donde los hijos e hijas de los campesinos, obreros, vigilantes, conductores y tenderos, puedan acceder a una universidad pública. La construcción de un país mejor está en las manos de todos y todas, no se puede dejar escapar.

En Colombia se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud a partir de la ley 100 del año 1993, el cual tiene como base el aseguramiento en salud de los colombianos y colombianas a través de Empresas que sirven como intermediarias para el acceso a la atención en salud conocidas como EPS (Empresas Promotoras de Salud), hoy en día EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios). Este sistema clasifico a la población colombiana en dos grandes grupos, uno llamado el Régimen Contributivo y otro el Régimen Subsidiado; en el primero se pueden afiliar las personas con capacidad de pago, es decir todas aquellas personas que tengan ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo; por otro lado en el subsidiado están aquellas personas que no tienen capacidad de pago. Además de estos dos regímenes, está el Régimen especial, al cual pertenecen las fuerzas militares, la Policía Nacional, los trabajadores de Ecopetrol, el magisterio y las universidades públicas. Esta división de la población en personas que cuentan con capacidad de pago o no, dejó ver la visión sesgada de salud que proponía este sistema y la desigualdad a la que iba a tener que enfrentarse la ciudadanía.

Enfermera, Especialista en Administración en Salud Pública, candidata a Magister en Salud Pública, con experiencia en acciones de Promoción de la salud en la población materna e infantil, coordinación de acciones en el Programa Territorios Saludables en la ciudad de Bogotá, desarrollo de acciones en torno a la Política Pública de Infancia y Adolescencia, procesos de auditoría al Plan de Intervenciones Colectivas en el distrito y co-fundadora de la Corporación de Salud Abran La Puerta. Es investigadora en temas tales como: Sistema de Salud Colombiano, modelo de Salud de Bogotá, condiciones laborales de los profesionales de la salud y de los trabajadores rurales en Colombia, salud en el post-acuerdo y Plan Nacional de Salud Rural.

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